Empresarios y padres de familia pulsean por veto o sanción de ley que fija descuentos en colegios particulares

Las voces, por parte de sectores empresariales y gremiales para que el presidente de la República vete el proyecto de ley 508 que establece medidas en materia educativa en los centros educativos del país, regula la educación virtual y fija un descuento en la matrícula en los colegios y universidades particulares de entre el 10% al 25%, siguen en aumento; sin embargo, agrupaciones de padres de familia de colegios particulares se mantienen en alerta y exigen al mandatario la sanción de esta iniciativa legislativa.

Esta tarde el Consejo de Expresidentes de Gremios de Panamá (Conexpa) se sumó al clamor de quienes solicitan al presidente Laurentino Cortizo Cohen el veto a este proyecto, que obliga la aplicación de descuentos. “Estamos frente a una afectación a la seguridad jurídica y al ejercicio de la libre empresa; sin embargo, pese a que la norma señala que la medida es temporal, envía un mensaje erróneo de intromisión porque las escuelas, colegios y universidades particulares brindan la opción de una educación de calidad a miles de estudiantes ante las deficiencias que presenta el sistema gubernamental”, señala Conexpa.

Conexpa hizo un llamado enérgico al Órgano Ejecutivo para que este proyecto de ley sea vetado al considerarlo “inexequible”, al tiempo que invitaron al Ministerio de Educación a velar por los mejores intereses de la población estudiantil del sector particular, al señalar que la imposición limita las opciones a precios accesibles, recargando aún más la demanda del sector público. En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Jean Pierre Leignadier, advirtió que este proyecto, “viola la seguridad y certeza jurídica de la inversión privada; es decir, es inconstitucional”.

“Este proyecto de ley atenta contra la libre empresa. Las escuelas y colegios particulares son iniciativas privadas que buscan ofrecerle una opción de calidad a los estudiantes del país; sin embargo, consideró que en los tiempos actuales, resulta inoportuno y contraproducente considerar legislaciones como estas que ponen en riesgo la sostenibilidad y no toman en cuenta las inversiones necesarias para brindar la calidad de educación que requiere el estudiante”, consideró Leignadier.

En tanto, representantes de la Unión Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y Acudientes fueron este miércoles a la Presidencia de la República a entregarle una carta al presidente Cortizo para pedirle la sanción del proyecto con el cual, aseguran, se busca beneficiar a más de 400 mil personas, entre padres de familia y estudiantes.

Javier Lombardo, representante de esta organización, explicó que el descuento propuesto en este proyecto se fundamenta en que la educación en la modalidad presencial es distinta a la virtual, por lo que piden la aplicación de los ajustes planteados en el proyecto.

El proyecto de ley establece claramente que la aplicación de los ajustes se haría como una medida temporal por la emergencia nacional.

Para tal fin, en los centros educativos y universidades particulares que cuenten con una anualidad de $1,500 a $4,000, se aplicará un ajuste de 25% por los servicios prestados.

Mientras que en los centros educativos y universidades particulares con una anualidad de $801 a $1,499, se aplicará un ajuste de 20% por los servicios prestados.

En tanto, en los centros educativos y universidades particulares que cuenten con una anualidad de $800 o menos, se aplicará un ajuste de 10%.

Los ajustes económicos para la enseñanza a distancia virtual, semipresencial y presencial se aplicarán tanto en la matrícula como en las mensualidades.

También se señala que los centros educativos y universidades particulares que a la entrada en vigencia de esta ley hayan aplicado ajustes superiores a la legislación, mantendrán el pacto acordado inicialmente.

“El proyecto le da seguridad jurídica a ambas partes y amplía la cobertura de servicios, porque nos deja las reglas claras. Ya no va a haber ese contrato que te dice que si es presencial, semipresencial o virtual usted va a pagar esto, ahora en el contrato se tienen que establecer las pautas del mismo”, indicó Lombardo.

El documento indica que los centros educativos y las universidades particulares deberán describir de forma detallada en el anexo del contrato lo que contempla el servicio educativo, especificando las modalidades de enseñanza, sea esta presencial, semipresencial, a distancia o virtual; la mensualidad que deberá cubrir el contratante de acuerdo con la modalidad de enseñanza contratada, y el costo total anual correspondiente a lo estipulado en el contrato.

Mientras que los centros educativos y universidades particulares se obligan a prestar el servicio educativo que se describe en el contrato en las condiciones establecidas en él.

También precisó Lombardo, con el proyecto se amplía la cobertura de los servicios educativos, ya que un niño que esté en cualquier provincia del país, puede estudiar de manera virtual acá en la ciudad de Panamá.

Los empresarios que tienen nuestros colegios particulares no han visto el horizonte que tienen con esta ley, con la cual podrán ampliar sus servicios educativos con la modalidad virtual”, aseguró.

En tanto el proponente del proyecto de ley, el diputado Leandro Ávila, sostuvo que la educación particular realiza un servicio público que el Estado les ha dado a ellos la concesión de operar.

“Así mismo como se pudo legislar para que se les dieran descuentos a los pensionados y jubilados, tenemos (la Asamblea Nacional) la facultad de legislar en este tema también, principalmente porque el proyecto de ley no está regulando precios”, manifestó.

Destacó que el tema principal de esta iniciativa es que las escuelas y universidades particulares debido a la pandemia de covid-19, no están brindando el servicio al 100%, pero le quieren cobrar a los padres gimnasio, laboratorio, locker, seguro, cuando los estudiantes no lo van a utilizar porque están en sus hogares.

“Los padres han tenido que hacer el gasto, comprar tarjetas para la data, comprar tabletas, computadoras, pagar la electricidad, y en algunos casos cubrir la contratación de tutores”, señaló Ávila.

Recordó que ya hay un precedente, porque en 2020 en medio de la pandemia los dueños de escuelas particulares ofrecieron descuentos de 50%, 30% y 20%, pero en 2021 el país sigue en la pandemia sanitaria y económica, y “están negándose a cualquier ajuste económico en este año”.

“No pueden pretender en medio de la pandemia seguir como si nada hubiera pasado, y la carga se la pasen a los padres”, precisó Ávila.