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Exsubdirectora de la DGI enfrenta detención provisional por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales
- 23/09/2026 18:34
Ureña fue aprehendida durante la “Operación Tamías”, encabezada por la Fiscalía Superior Anticorrupción, en conjunto con la DIJ
La jueza Liseth Quintero decretó la medida cautelar de detención provisional contra la exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), Maritza Ureña González, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, que ascienden a un monto de 4 millones 428 mil 287 dólares.
La imputación de cargos y la solicitud de detención fueron presentadas por la fiscal superior anticorrupción, Azucena Aizpurúa, quien lidera las investigaciones.
El caso se originó en una investigación penal iniciada en agosto de 2026, tras un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República en mayo del presente año.
De acuerdo con el Ministerio Público, el informe reveló una diferencia significativa entre los recursos de origen conocido y aquellos cuyo origen no pudo ser determinado durante el análisis fiscalizador. Como consecuencia, se adoptaron medidas precautorias sobre el patrimonio de la exfuncionaria.
La investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción, en apego a los principios de transparencia y respeto al debido proceso.
Operación
Ureña fue aprehendida durante la “Operación Tamías”, encabezada por la Fiscalía Superior Anticorrupción, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), realizada en Cerro Viento, en el distrito de San Miguelito.
Durante el operativo también fueron ubicados indicios relacionados con la investigación.
La investigación penal fue iniciada en agosto de 2026 por la Fiscalía Anticorrupción, luego de recibir un informe de auditoría de la Contraloría General de la República fechado en mayo de este año.
Según la información oficial, el análisis de la Contraloría detectó una diferencia entre los recursos de origen conocido y aquellos cuyo origen no pudo ser determinado. A partir de estos hallazgos, se ordenaron medidas precautorias sobre el patrimonio de la exfuncionaria.
La Contraloría ordenó en julio de 2025 medidas precautorias sobre el patrimonio de Ureña por $432,152.83, luego de que una auditoría forense detectara una diferencia entre los recursos de origen conocido y los movimientos financieros analizados por la entidad.
De acuerdo con la resolución, la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense estableció que Ureña González mantenía recursos provenientes de fuentes identificadas por $576,991, incluyendo saldos bancarios iniciales.
Sin embargo, el análisis determinó que el total de recursos utilizados —entre inversiones, desembolsos y saldos bancarios— ascendía a $1,009,143.83, lo que arrojó una diferencia de $432,152.83 entre los recursos conocidos y el movimiento financiero observado.
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