Uso del Fondo de Ahorros de Panamá pasa a tercer debate

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este miércoles en segundo debate el proyecto de ley 296 con el cual el Órgano Ejecutivo dispondrá de al menos 1,000 millones del Fondo de Ahorros de Panamá (FAP),  para afrontar la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del coronavirus.

El proyecto que adopta una ley general sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, es impulsado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Ricardo Torres, entre otros miembros de la bancada perredista y del Molirena.

Sin embargo, aunque otros diputados del oficialista PRD apoyaron esta iniciativa que cuenta con el aval del Órgano Ejecutivo, advirtieron que no retirarán sus proyectos  de ley presentados para que se aprueben la suspensión por tres o cuatro meses del pago de los servicios públicos de agua potable, energía eléctrica, telefonía y el pago de compromisos bancarios.       

El proyecto aprobado permitiría al Ejecutivo disponer previa aprobación de la Asamblea Nacional, la autorización para el uso de los activos del FAP, los cuales estarán a disposición del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como fideicomitente, de forma comedida y controlada como medida urgente de mitigación de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19.

El documento establece que los recursos utilizados del FAP serán devueltos a este, y el Gobierno Nacional deberá devolver los dineros utilizados del FAP para la atención de la crisis sanitaria atendiendo a su adecuada programación presupuestaria y financiera.

Para ello el Gobierno deberá presentar en un plazo perentorio la debida programación de dicho reembolso para realizarlo en un plazo máximo de cinco años.

También se autoriza al Gobierno solicitar que los activos del Fondo de Ahorros de Panamá le otorgue facilidades de crédito a favor del Banco Nacional de Panamá temporalmente, para atender la emergencia sanitaria producida por esta pandemia.

En tal sentido, el MEF se compromete a presentar un programa de repago en un tiempo prudencial de aquellos fondos que fuesen utilizados.

Se aprobaron además varias modificaciones, una de las cuales autoriza disponer del uso de los montos de los saldos de los proyectos de inversión de los municipios correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019; los cuales se encuentran actualmente en las arcas municipales y que no se pueden disponer debido a que no existe una norma jurídica contable para el uso de esos fondos.

Estos dineros, solo se podrán utilizar dentro de la declaratoria de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 para la compra de medicamentos y alimentos. Para este caso la Secretaría Nacional de Descentralización realizará la supervisión y coordinación correspondiente.

En el debate participó el gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP),  Javier Carrizo Esquivel quien informó al pleno que el FAP está constituido por $1,300 millones en activos. 

No obstante, indicó que no hay certeza de cuánto hay disponible en estos momentos. "Según el último estado de cuentas que recibimos hace dos días, el FAP tenía activos por mil trecientos millones de dólares. El valor de esos activos varía todos los días dependiendo de los mercados, porque son inversiones en bonos (un 85%) y en acciones (un15%).

Explicó que de aprobarse la ley se buscarían facilidades contra el FAP y detalló que han tenido cotizaciones por $1,000 millones contra los activos de $1,300 millones que tiene el fondo. "No sabemos si mañana los mercados van a tener la liquidez, por eso la urgencia nuestra el poder tener la autorización para poder jalar contra el fondo y tenerlo depositado en una cuenta corriente en el Banco Nacional, y en la medida en que se vayan necesitando se vayan girando de acuerdo al presupuesto nacional".

Aclaró que con la norma no se busca liquidar el fondo ni vender los activos. "La idea es tener esos fondos ya líquidos disponibles, si no se usan, no se usan", indicó.

A lo largo del debate el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez, hizo énfasis en la necesidad de que el Gobierno presente un esquema de reducción de gastos que están en el actual presupuesto, por ejemplo en viáticos y viajes de funcionarios; entre otros gastos superfluos.

"Debe existir dentro del presupuesto las partidas y los montos para dejar de invertir en cosas que hoy no deben ser vistas como una prioridad y que deben ser utilizados en lo que el pueblo necesita que es comida y medicamentos; ente otros", dijo.

En tal sentido, el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor anunció que en los próximos días presentarán ante la Comisión de Presupuesto una propuesta para modificar el presupuesto general del Estado, ya que debido a la crisis sanitaria se ha dado una reducción en la recaudación de ingresos.    

“Lo importante es que todas las instituciones del Estado van a tener una cuota de sacrificio, en el sentido que van a tener que recibir un impacto en sus presupuestos”, precisó. El presupuesto general del Estado para este 2020 es de $23,322,452,396 millones.                     

En tanto, el diputado del partido Panameñista, Luis Ernesto Carles manifestó que lo que hay que garantizar es que los dineros del FAP sirvan para atender esta emergencia sanitaria y que posteriormente sean devueltos para poder afrontar futuras crisis.

"Daremos el voto de confianza, pero señor presidente el pueblo espera que haya una respuesta para el tema de la luz, del agua; si se tiene que suspender por tres meses el pago de estos servicios públicos, no lo pensemos", exclamó Carles.

Poco antes de que culminara la votación de este proyecto, el diputado perredista Raúl Pineda solicitó al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero que se discutiera una resolución para que se habilitara el viernes para sesionar y poder discutir este jueves y viernes diversos proyectos de ley que buscan establecer moratorias y la suspensión en el pago de los servicios públicos, compromisos bancarios y el pago de peajes por los corredores norte y sur; entre otros.

No obstante, minutos antes el pleno ya había aprobado una propuesta del diputado y jefe de la bancada del PRD, Ricardo Torres para que la sesión culminara una vez fuera aprobado el proyecto en discusión. Castillero le respondió a Pineda que este jueves sesionarían y que se discutiría esta resolución.       

Previamente Pineda anunció ante el pleno que no retirará su proyecto de ley, a pesar del anuncio hecho por el presidente Cortizo que involucra, entre otras medidas la reducción de un 30 y 50% en la tarifa de energía eléctrica. "Vamos a discutirlo, si el Ejecutivo lo veta que lo vete", dijo Pineda.

El proyecto de Pineda busca la suspensión del pago de los servicios públicos de agua, luz, telefonía e Internet por un período de cuatro meses. También plantea la suspensión del pago del peaje por los corredores norte y sur, por tres meses.

Expresó que el presidente es el líder de la parte ejecutiva, "pero nosotros tenemos que velar por los intereses de los que nos eligieron a nosotros. El pueblo necesita que tomemos decisiones".   

Mientras que la también diputada del PRD, Zulay Rodríguez dijo confiar en la palabra del presidente de la República pero exclamó que  "yo no confío en los bancos y no confío en las empresas eléctricas" .

"Señor presidente, sé que tiene las mejores intenciones y ha dicho que la gente no perderá sus casas, pero nosotros necesitamos garantías y que a la gente se le cumpla y se les dé respuestas". 

Manifestó que no le importa si aprueban el proyecto de Pineda o el de la Diputada Ana Giselle Rosas, pero enfatizó que lo que hay que buscar que el pueblo panameño se beneficie y no haya una implosión social en este país. 

Rodríguez impulsa otro anteproyecto de ley que congela por 90 días prorrogables los pagos de los compromisos bancarios, el pago de servicios públicos y de algunos impuestos nacionales.

Mientras que el proyecto de la diputada Rosas sugiere la suspensión en el pago de los servicios de luz, agua potable y telefonía hasta por 30 días después de suspendida la emergencia nacional sanitaria. 

Los tres proyectos, el de Pineda, Rodríguez y Rosas están en el orden del día en el pleno para su segundo debate, pero su discusión ha sido postergada por el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero.