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- 02/07/2026 00:00
El Ministerio de Ambiente oficializó el acuerdo mediante el cual se aprueban los Planes Operativos Anuales del Fondo Coiba para 2026, en medio de la polémica sobre la reapertura del penal en la isla
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Agrega La Estrella en Google ↗️El Ministerio de Ambiente oficializó el Acuerdo N.° 001-2026, mediante el cual el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba aprueba los Planes Operativos Anuales (POAs) correspondientes al período 2026, como parte de la ejecución del Fondo Coiba, un fondo creado por la Ley 44 de 2004 como mecanismo de financiamiento del parque.
La disposición, publicada en la Gaceta Oficial del 1 de julio de 2026, establece la ruta de planificación operativa que regirá el uso de los recursos del fondo durante el año fiscal. El objetivo central de los POAs, señala el documento, es que los recursos económicos destinados al parque se ejecuten de manera “eficiente, transparente y alineada” con los objetivos de conservación del sitio, reconocido internacionalmente por su biodiversidad marina y terrestre.
El plan incluye el monitoreo de ecosistemas, el fortalecimiento de la presencia institucional en el parque, el control de actividades ilícitas y el impulso a iniciativas de investigación y educación ambiental.
El parque, ubicado en el Pacífico panameño y en el centro de la polémica recientemente por el proyecto del gobierno para reabrir la cárcel en la isla, constituye uno de los principales patrimonios naturales del país y es considerado un laboratorio natural de gran importancia científica.
Ambientalistas y alcaldes de la provincia de Veraguas han expresado su rechazo a la presencia de privados de libertad en la isla, argumentando que la medida contradice la Ley 44 de 2004, que crea el área protegida y establece estrictas restricciones sobre su uso. Los ediles sostienen que la normativa prohíbe la ocupación humana permanente, salvo actividades administrativas, científicas y de ecoturismo, por lo que consideran que cualquier uso penitenciario sería incompatible con los objetivos de conservación del parque.
En ese contexto, los alcaldes han anunciado que llevarán formalmente su inconformidad ante el Consejo Directivo del parque. Además, advierten que la eventual permanencia de reos en la isla podría afectar tanto la imagen internacional del área protegida, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, como las actividades económicas locales vinculadas al ecoturismo y la pesca artesanal, que dependen de la conservación del ecosistema marino y terrestre.
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