Fundación Libertad expresa su preocupación por la situación social en Panamá

La Fundación Libertad ante la situación que se vive en Panamá manifestó su preocupación por los "actos de represión policial durante las manifestaciones pacíficas de ciudadanos" por el contrato-ley entre el Estado panameño y Minera Panamá.

"La Fundación Libertad condena los actos de represión policial de manifestaciones pacíficas de ciudadanos, actos que constituyen una violación flagrante del derecho fundamental de reunión pacífica, consagrado en el artículo No. 38 de nuestra Constitución y en múltiples tratados y convenios de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos", señaló en su comunicado.

A su vez, señalaron que el gobierno tiene la "obligación de mantener la paz y el orden", pero a pesar de tener este deber con la sociedad no deben "entenderse extensiva a la potestad para ordenar la dispersión de grupos de ciudadanos que se manifiestan de forma pacífica en la vía pública en contra del gobierno, con razón de la aprobación de contrato de concesión minera mediante Ley No. 406 de 2023".

"Las imágenes que han circulado y que hemos podido ver los panameños de unidades de la fuerza pública dispersando por la fuerza a los ciudadanos que se congregan en diversos puntos de la ciudad a fin de manifestar su rechazo al contrato de concesión minera en cuestión evocan recuerdos de cuando nuestro país vivía bajo una dictadura militar, recuerdos que resultan dolorosos y que de ningún modo debemos permitir se conviertan nuevamente en realidad", aseguró Fundación Libertad.

Por último, exhortaron al presidente Laurentino Cortizo el "cese de los actos de la fuerza pública de dispersar manifestaciones pacíficas de ciudadanos que expresan, en ejercicio de su derecho de reunión pacífica, su descontento con el gobierno nacional por los motivos que a bien tengan para manifestarse". 

También pidieron al procurador general de la Nación, Javier Caraballo, que realice una investigación de oficio "que conduzca a la imputación a los funcionarios que según tales pesquisas resulten presuntamente responsables del delito contemplado en el artículo No. 169 del Código Penal, de impedir ilegalmente reuniones pacíficas y lícitas".