Gobierno declara estado de urgencia en Bocas del Toro

El Gobierno Nacional anunció la suspensión de garantías constitucionales y decretó estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro. La decisión fue anunciada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante una conferencia que contó con la presencia de todo el gabinete ejecutivo.

“Se tomó la decisión de declarar estado de urgencia en toda la provincia de Bocas del Toro. Se suspenden temporalmente los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución Política de la República de Panamá”, manifestó Orillac.

La decisión llega tras más de un mes de protestas y cierres de calle, que alcanzaron su clímax la noche del miércoles cuándo se perpetraron múltiples actos vandálicos. “Grupos violentos protagonizaron actos criminales y de terrorismo urbano que atentan contra el orden público, la seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática. Se puede visualizar el daño ocasionado por estos grupos, como el incendio parcial del estadio Calvin Byron, poniendo en riesgo la vida de miembros de la Fuerza Pública. Vandalizaron y saquearon instalaciones privadas, incluyendo oficinas de la empresa Chiquita Panamá. Se tomaron instalaciones del aeropuerto de Changuinola y cometieron daños a las instalaciones, sustrajeron vehículos de empresas de alquiler y pertenencias de oficinas de la terminal. Estos grupos violentos protagonizaron actos criminales que atentan contra el orden público. Estos hechos son inaceptables y no representan una protesta legítima”, enfatizó el ministro.

Los manifestantes empezaron sus acciones de presión como protesta contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, oponiéndose también a la reapertura del proyecto minero y criticando los acuerdos hechos entre Panamá y Estados Unidos. En el caso de los trabajadores bananeros de Bocas del Toro, solicitaban la aprobación de una ley para garantizar sus beneficios de seguridad social. Luego de mesas de conversación con representantes del Ejecutivo y reuniones con diputados de la Asamblea Nacional, se presentó un proyecto de Ley que fue aprobado la semana pasada en tercer debate por el Legislativo.

Pero cuando parecía que las tensiones podrían bajar, se ordenó la detención del dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana) Francisco Smith, quien se mantiene actualmente detenido en el centro penitenciario La Nueva Joya, luego de ser imputado con cargos de apología del delito, delitos contra la administración pública, asociación ilícita para delinquir y delito contra el transporte público.

Las protestas se intensificaron y la respuesta de las autoridades de seguridad fue la Operación Omega para despejar las vías. Pero por cada vía que despejan, otra es cerrada. Más de 1.500 agentes de los diferentes estamentos de seguridad han sido desplegados en la provincia, pero aún no se logra desescalar el conflicto.

Sitraibana asegura que cumplió con su parte del acuerdo con el gobierno y la Asamblea. En un comunicado de su junta directiva, el gremio aseguró que despejaron las vías y que esperan las siguientes fases de compromiso acordado con las autoridades. “Hemos cumplido con nuestra parte a fin que reine la paz en nuestras comunidades. Los trabajadores bananeros han estado fuera de las calles. Reiteramos que los hechos ocurridos el jueves 19 de junio de 2025 en El Empalme y Changuinola no guardan ninguna relación con los trabajadores bananeros”, aseguraron. Además, manifestaron su “repudio y condena a los actos de vandalismo”.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), también se pronunció sobre el tema. “La protesta legítima se desvirtúa completamente cuando actos delictivos se toman las calles Dudamos que estas acciones provengan de la ciudadanía; aquí ya se evidencia la mano criminal organizada, que buscan sembrar el caos y sacar provecho de la anarquía. ¿Quién gana con esto? Nadie. Todos perdemos”, declaró Juan Arias, presidente del gremio empresarial.

Garantías constitucionales

La última vez que se suspendieron garantías constitucionales a gran escala en Panamá fue durante la pandemia de COVID-19. En ese momento, el objetivo era reducir la movilidad para prevenir contagios del coronavirus. Ahora, el objetivo es otro.

Entre otras cosas, ahora la policía y otros estamentos de seguridad pueden detener a alguien por más de 24 horas sin ponerlo a órdenes de una autoridad competente. También podrán entrar aún sin consentimiento, ni mandato escrito a las residencias y domicilios particulares. Se suspende también el derecho a emitir libremente el pensamiento de palabra sin estar sujeto a censura previa y las autoridades podrán revisar documentos personales, grabar o interceptar comunicaciones. “A grosso modo, lo que prohíben son las reuniones y demás temas que alteren el orden público. Las personas pueden ir de su trabajo a su casa normalmente sin ningún problema”, explicó el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

Para el doctor en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Carlos Bichet, se estaría violando una garantía constitucional especialmente crítica: el habeas corpus. “El habeas corpus es la garantía que establece la libertad corporal de las personas. Si una persona es detenida, ahí donde se le haya violentado las garantías establecidas para la detención, por ejemplo, que la detención sea ilegal o irregular, la persona puede interponer un recurso, una acción de habeas corpus que es una garantía para salvaguardar la libertad personal”, explicó Bichet. Reconoce que el Ejecutivo tiene la potestad de suspender garantías constitucionales, pero advierte que suspender el habeas corpus iría más alla. “La suspensión del habeas corpus no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Si nosotros leemos nuestra Constitución, junto con el párrafo segundo del artículo 17, que establece que los derechos que están ahí son unos mínimos, y se tienen que interpretar en base a otras garantías más establecidas, junto con el artículo 4, que dice que Panamá acata las normas de derecho internacional y somos miembros del sistema interamericano de derechos humanos, evidentemente una suspensión del habeas corpus en Panamá es incompatible con la Convención Americana y con el sistema interamericano”, concluyó.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, apoyó la decisión de suspender las garantías constitucionales. “La historia lo dirá. Yo respaldo la decisión del Consejo de Gabinete. En caso de que el estado de urgencia se prolongue por más de diez días, se requerirá la aprobación del Órgano Legislativo,” afirmó a La Estrella de Panamá. “Quienes piensen que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos está por encima de la Constitución están equivocados”.