Gozaine: Panamá comienza a ‘sentirse solo’ en temas migratorios

“No sé cuántas más historia de horror relacionadas con el paso de migrantes [por el tapón del Darién] vamos a tener que reportar para que los países de la región entiendan la importancia de que la migración sea ordenada, segura y regular”, manifestó disgustada la titular de Migración, Samira Gozaine, en conferencia de prensa.

La titular de migración comenta que, aunque desde Costa Rica se aboga por un reducir el número de migrantes que atraviesan Paso Canoas, la perspectiva que se tiene de la migración en Colombia es bastante distinta.

“Estamos en una crisis migratoria y no hemos podido llegar a ningún entendimiento con Colombia, que sigue enviándonos indiscriminadamente migrantes irregulares y personas colombianas con antecedentes criminales”, lamenta Gozaine, quien asegura que Panamá está haciendo todo lo posible por deportar a aquellos extranjeros que tengan asuntos pendientes con la ley.

En lo que va del año, Panamá ha deportado y expulsado a 85 migrantes colombianos, los cuales, en su mayoría, poseían antecedentes por delitos relacionados con drogas. En total, 318 personas han sido deportadas o expulsadas en 2023.

Según la funcionaria, el problema es que Colombia ve la migración como un asunto de relaciones internacionales, mientras Panamá como un tema de seguridad nacional. “Tenemos un problema de comunicación con ellos, porque nadie quiere atender la crisis”, detalla.

Gozaine señala que la hermana nación sudamericana ni siquiera notifica a Panamá sobre la cantidad de migrantes que está cruzando desde su lado, por el tapón del Darién, algo que hace complicado precisar cuántas personas son secuestradas o asesinadas, durante su trayecto. 

“Hemos recibido más de 2,700 migrantes de forma diaria, por esa ruta”, revela la titular, quien comenta que solo en julio fueron 55 mil personas.

Migración asegura que la cantidad de migrantes irregulares que han atravesado esa ruta en 2023, supera las 260 mil personas. Una cifra mayor a la cantidad de migrantes registrados en 2022 (250 mil) y que si sigue a este ritmo, puede llegar a 400 mil, en lo que falta del año.

Otro problema que señala es que del lado colombiano la migración es vista como un negocio para grupos criminales. “Esto es un negocio para grupos organizados que se encuentran del lado colombiano y al ser un negocio, ellos deben tomar decisiones de alto nivel para poder cerrar el negocio”, sentencia la funcionaria.

Gozaine relata que el crimen organizado en Colombia hace que las personas tengan que pagar $1000 dólares, divido en tres pagos, para poder cruzar el Darién. “Los migrantes nos comentan que si no tienen plata para pagar, los secuestran, hasta que puedan hacerlo”, dice la titular de Migración, quien explica que en cada pago les dan un cintillo que les permite seguir avanzando.

“Hemos recibido historias de madres que pagan con sus propios hijos, con tal de seguir avanzando”, detalla.

La titular de migración considera que Colombia “no quiere” apoyar en regular ese tráfico. “Desde que se anunció que ellos [Colombia] iban a colaborar con los Estados Unidos, para la creación de un centro para la búsqueda de vías seguras para los migrantes, ellos nos han pasado más personas. Asumo que lo que quieren hacer es pasarnos la mayor cantidad de migrantes que puedan, para que cuando se establezca ese centro, haya menos migrantes que lo necesiten”, analiza.

“Mientras que nosotros estamos aquí pidiendo una migración segura y ordenada, en Sudamérica están apostando por la libre circulación”, añade la funcionaria.

A criterio de Gozaine, el tema es que la mayoría de los países “no han querido” tomar la misma responsabilidad que Panamá en temas migratorios.

Según la funcionaria, el tema no solo es Colombia, sino que en toda Sudamérica se está apostando por la libre circulación de los migrantes, sin analizar los riesgos a los que son sometidos durante su trayecto.

La principal de Migración asegura que Panamá es el único país que está invirtiendo fuertemente en la atención a los migrantes irregulares. “Hemos invertido más de $65 millones, pero ningún otro país quiere invertir en esta población que va de paso. Es una responsabilidad que nadie quiere asumir”, afirma.

Nuestro país realiza exámenes biométricos, brinda atención médica, atiende la situación legal de los menores sin padres y da otras atenciones, en apoyo con el Servicio Nacional de Fronteras y otras instituciones internacionales.

Gozaine considera que es necesario que se replanteen las rutas migratorias, por el peligro que trae consigo el paso por el tapón del Darién. “No estamos pidiendo que se cierre al 100% [el tapón], pero si en la pandemia logramos que nadie ingresara por esa ruta a Panamá, podemos hacerlo nuevamente”, pide la funcionaria, quien cree que las vidas que se están perdiendo por usar esa ruta, hacen fundamental que se generen nuevas alterativas.

“No se trata de una preocupación egoísta de aquellos que piensa que no queremos que entren los migrantes, es que no es seguro el lugar por donde están entrando, lo que hace necesario replantearnos el concepto de movilidad libre, porque está poniendo la vida de las personas, especialmente de los niños, en peligro”, puntualiza.

De las 260 mil personas que han cruzado esa ruta este año, el 21% son niños. De ese porcentaje, el 50% es menor de cinco años, los cuales no pueden comunicarse. “Vemos que hay niños acompañados de adultos, pero no sabemos si esos son sus padres o familiares”, plantea.

“Hacemos un llamado a los organismos internacionales a colaborar con nosotros, para que la región tome decisiones que protejan los derechos de las personas. Esta migración irregular no es ordenada, segura ni humana”, concluye la funcionaria.