José Isabel Blandón: 'No hay discusión más política que la constitución'

José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, una de las fuerzas políticas más importantes del país, reafirmó su interés en impulsar una asamblea constituyente antes de que concluya el periodo del presidente Laurentino Cortizo.

“La única manera de que tengamos una constituyente en este periodo es imponiéndose al gobierno a través de la recolección de firmas”, afirmó el también abogado y político panameño.

Destaca que el panameñismo será parte del gran movimiento nacional de recolección de firmas para lograr la convocatoria a una asamblea constituyente. La meta es empezar la recolección de firmas en la primera semana de mayo.

Blandón advierte que los cambios a la Constitución solo pueden ser efectuados por los 60 constituyentes. Pero, de manera personal, considera que se debe reducir el número de diputados y limitar la reelección indefinida a no más de un periodo en la Asamblea Nacional de Panamá. A su juicio se debe garantizar la independencia del Órgano Judicial y probablemente cambiar la manera en que se escoge a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la máxima magistratura de justicia del país. A su juicio, para el nuevo contrato social del país se debe discutir la segunda vuelta.

Las personas que pretendan ser redactores o reformadores de la nueva constitución deben hacerlo sin devengar un salario y abstenerse de correr en las próximas elecciones, propone. Él, por su parte, no está interesado en convertirse en un constituyente porque sigue aspirando a ser abanderado de su partido para las próximas elecciones de 2024.

No existe un acuerdo de una coalición política. Pero se ha dado una coincidencia de opiniones de diversos sectores, que son tanto de partidos políticos como de movimientos ciudadanos, que están convencidos de que llegó la hora de arrancar con la recolección de firmas.

A pesar de que se hizo el intento de hacer un solo esfuerzo de ir todos juntos hacia ese propósito, lo que se prevé es que terminamos recogiendo firmas por separado. Pero acordando que al final se sumarán las firmas que cada sector recoja para el propósito común, que es lograr la convocatoria a la constituyente.

El Partido Panameñista saldría a recoger firmas, pero no pretendiendo ser quien dirija el movimiento para robarse el protagonismo de la constituyente. Vamos a sumar nuestros esfuerzos para alcanzar el propósito común de convocar a la constituyente.

Nuestros dirigentes en cada uno de los 671 corregimientos y en cada una de las 19 sedes que tiene el partido a nivel nacional estarán trabajando con el propósito de recoger las firmas.

Hay una discusión que algunos han querido levantar sobre el tema de constituyente originaria o paralela. La originaria no tiene un mecanismo de convocatoria prevista en la Constitución, por lo tanto como nos enseñaba mi profesor de ciencias políticas en la Facultad de Derecho, el doctor Miguel Antonio Bernal, para que la originaria sea convocada se presupone que existe un acuerdo político entre los factores de poder del país. No puede haber una constituyente originaria en el país si no la convoca el presidente, Laurentino Cortizo.

La diferencia con la paralela es que la podemos convocar si recogemos las firmas, así Nito Cortizo y el Partido Revolucionario Democrático no estén de acuerdo.

Con las 551 mil y tantas firmas existe una obligación de parte del Tribunal Electoral (TE) de convocar a la constituyente. Allí no puede intervenir ni el Ejecutivo ni la Asamblea porque el pueblo, que es el soberano, ha hablado con la recolección de las firmas. Los que están hablando de constituyente originaria están hablando de algo que es inviable en la práctica, salvo que Cortizo lo acepte.

Creo que el TE debe poner dos requisitos para el cargo de constituyente. Uno de ellos es que el cargo de constituyente es ad honorem. No devengarán salario esos seis o nueve meses que están deliberando sobre una nueva constitución. Y, segundo: aquel que sea constituyente no podrá ser candidato en las siguientes elecciones generales.

Creo que eso es importante para garantizar que quienes vayan como candidatos a constituyentes no lo hagan pensando en el salario, ni en que van a ser réditos políticos y ajustar las normas para una eventual candidatura, sea a la Presidencia o a cualquier otro cargo de elección popular. Eso es fundamental. En ese caso, si se aprueba esa normativa que nosotros propondremos al TE, por supuesto que no sería candidato, porque sí lo pretendo ser para las elecciones de 2024.

Lo primero es que el nombre correcto es Constitución de la República de Panamá. Todo proceso para acordar un nuevo contrato social entre todos los panameños, una nueva constitución que rija los destinos del país es, en esencia, un proceso político. Quien diga que se salga la política de la discusión no tiene la menor idea de lo que está hablando. Si hay una discusión que es política es la de constitución. Allí tenemos que estar todos: los políticos inscritos en partidos y los que no están inscritos, pero que no dejan de serlo.

Todos debemos tener participación en este proceso tanto en la recolección de firmas para hacerla viable, como cuando corresponda elegir a los 60 constituyentes. La misma Constitución señala que cabe la posibilidad tanto de postulaciones de partidos políticos como de movimientos ciudadanos a través de libre postulación.

El TE debe garantizar que haya equilibrio de participación, que no haya ventaja ni para los partidos ni para la libre postulación, para que haya las mismas oportunidades. Como ocurrió en el pasado, en 1946, cuando tuvimos una constituyente. Esa fue una constituyente bien conformada, por diversos sectores de la sociedad panameña. Espero que así mismo sea en esta ocasión. Espero que los panameños estemos a la altura del reto que significa, por fin, hacer la discusión sobre la constitución, que va a reemplazar la militarista de 1972.

Lo primero que debo señalar es que serán los constituyentes elegidos los que definirán la nueva constitución.

Pero, en lo personal y como partido político, nos hemos planteado que hay que cambiar la distribución de poderes entre los órganos del Estado, empezando por la Asamblea Nacional.

Habría que cambiar la forma en la que se elige a los diputados para volver a los provinciales. Hay que reducir el tamaño de la Asamblea de 71 a no más de 50. Hay que limitar la reelección indefinida a no más de un periodo. Hay que establecer la revocatoria ciudadana y eliminar la figura del suplente de diputado.

Creemos que hay que ir avanzando hacia una especie de federalismo, donde las provincias y comarcas elijan a sus gobernadores por voto popular y tengan competencias propias como región para que no dependan enteramente de la voluntad y el capricho del gobierno central. Así mismo habría que asignarles más competencias y recursos a los gobiernos locales.

Creemos que hay que ver el tema del Órgano Judicial para garantizar independencia y quizá revisar la manera en que se escoge a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso, por decir, son algunos de los cambios que consideramos importantes entrar a discutir para una nueva constitución. También el tema de una segunda vuelta. Vamos a mantener que las elecciones sean el mismo día o como en otros países vamos a establecer elecciones a mitad de término para que haya un control ciudadano sobre la gestión de gobierno.

Creo que hay que reafirmar la autonomía de la CSS.

A mí me parece evidente que el gobierno lo que trata es de comprar tiempo en lugar de hacer un diálogo para discutir las necesidades del país, reconstruir la economía panameña, están convocando a un Pacto por el Bicentenario, cuyos resultados se van a ver en noviembre de este año, que en el mejor de los casos van a reflejar un acuerdo sobre el Panamá de 2025, cuando tenemos necesidades mucho más urgentes en este momento.

Esperar a noviembre de este año para definir la hoja de ruta para el cambio constitucional, nos parece que es simplemente que el gobierno está tratando de comprar tiempo para no decidir nada. La única manera de que tengamos una constituyente en este periodo es imponiéndose al gobierno a través de la recolección de las firmas.