Justicia Social enfrenta obstáculos en su camino a la constituyente

El movimiento Justicia Social arrancó con tropiezos la recolección de las 580,742 firmas para convocar a una asamblea constituyente paralela. En los primeros 19 días solo ha recogido 45 firmas. La información fue confirmada por una fuente vinculada al sistema electoral.

“Sabíamos que no sería fácil, pero vamos a luchar y a alcanzar la victoria. Vamos a conseguir esas firmas. Y, si tenemos que unirnos (antes de cumplirse el plazo de 6 meses exigido por las leyes) con otros grupos, lo vamos a hacer”, confirmó el abogado José Luis Galloway Logan, quien preside el movimiento que promueve cambios en el sistema de justicia, la revocatoria de mandato presidencial, la elección del defensor del Pueblo por votación popular, el respeto a las conquistas laborales, entre otros.

Galloway Logan explicó que han enfrentado problemas con el acceso a la plataforma Tribunal Contigo. “Me están informando que se cae la comunicación. Cuando se comunican con el funcionario, este entorpece el proceso porque no tiene la información de cómo inscribir a las personas”, detalló.

El desconocimiento del proceso ciudadano que impulsa la constituyente paralela y la escasez de quioscos han sido otros obstáculos en el camino a la recolección de más de medio millón de firmas.

“Somos de la opinión de que hay difundir más la información para que la población sea consciente de la importancia del proceso”, subrayó Galloway Logan.

Además, el abogado propone instalar quioscos en los centros penitenciarios para que los presos, que no estén inhabilitados, puedan participar de la iniciativa ciudadana para una constituyente paralela.

Justicia Social es el primer movimiento oficialmente conformado con el propósito de recolectar las firmas para convocar a una constituyente paralela. Comenzó el proceso el 3 de mayo y tiene hasta el 3 de noviembre para alcanzar el número exigido por la ley.

El Tribunal Electoral (TE) también avaló la petición del movimiento Panamá Decide, que preside Carlos Ernesto González, que también impulsa la constituyente paralela. La organización espera dos semanas de capacitación a los activistas antes de iniciar el proceso de recolección de firmas.

Hace dos días, los dos partidos más grandes de oposición –Panameñista y Cambio Democrático– junto al Partido Alternativo Independiente Social (PAIS) conformaron el movimiento Firmo por Panamá con el mismo propósito.

El decreto 2 del 4 de febrero de 2021 reglamenta el trámite de recolección de firmas para la convocatoria a la asamblea constituyente paralela por iniciativa ciudadana. La norma indica que varias iniciativas pueden organizarse simultáneamente y las firmas que obtengan se podrán sumar para consolidar una sola propuesta, si lo deciden expresamente por escrito y lo comunican al TE.

El magistrado del TE Heriberto Araúz aseguró que siempre es propicio que el país revise su Constitución Política. Y estima que de recolectarse las firmas, todo el año 2022 y gran parte de 2023, el país estará abocado en el fenómeno de la asamblea constituyente. Incluso, el proceso de la constituyente podría coincidir con los planes para el desarrollo de las elecciones de 2024. En cuanto a costos, Araúz explicó que solo el referéndum para decidir sobre la constituyente se estima entre $15 millones y $20 millones.

Mientras que Juan Manuel Castulovich, abogado y ex precandidato a la presidencia ha reiterado que convocar a una constituyente es crear un clima innecesario de incertidumbre en el país.

A su juicio, la constituyente no despierta interés entre los panameños. “En mi opinión, este tema no es la prioridad del país. A la población le interesa en primera instancia superar la pandemia, la situación económica y resolver los problemas de la Caja de Seguro Social (CSS). Después viene cualquier otro tema”, concluyó.