Ley de bioetanol: diputados advierten alza en combustibles y carencia de beneficios al consumidor

El proyecto 443, que establece la obligatoriedad de mezclar un 10% de bioetanol en toda la gasolina que se comercialice en Panamá, fue aprobado en primer debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, el pasado 24 de marzo, en medio de fuertes cuestionamientos.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, recibió el respaldo de cinco de los nueve diputados de la comisión, lo que permitió su avance hacia el segundo debate, pese a la oposición de cuatro comisionados que alertaron sobre sus posibles efectos económicos y técnicos.

Diputados como Jhonathan Vega y Alexandra Brenes intentaron modificar el proyecto para eliminar la obligatoriedad de la medida y reforzar la protección al consumidor, pero sus propuestas no funcionaron.

Las principales críticas se centran en el posible impacto en el previo del combustible.

Vega advirtió que la mezcla con etanol podría encarecer la gasolina entre un 3% y 4%, debido a un menor rendimiento del producto. “Se está creando un mercado obligatorio que termina siendo un negocio para pocos. Al final, quien paga es la población”, sostuvo.

Vega también expresó dudas sobre los posibles efectos del bioetanol en vehículos, especialmente en un parque automotor envejecido, y cuestionó la ausencia de responsabilidad clara en caso de daños mecánicos. “Si el bioetanol es tan bueno, ¿por qué tenemos que hacerlo obligatorio?”, planteó.

Durante el debate, el diputado Ernesto Cedeño expresó reservas sobre el contenido del proyecto, señalando que “hay puntos que no me agradan del proyecto, como la obligatoriedad”, al tiempo que cuestionó la ausencia de responsabilidades claras en caso de afectaciones.

“No hay una responsabilidad, por lo menos en la norma jurídica, que obligue a una persona a responder si hay algún tipo de desperfecto en un bien producto del suministro de ese aditivo”, advirtió.

Cedeño también enfatizó que el proyecto carece de mecanismos de protección al consumidor. “Tampoco hay esa protección al consumidor local”, afirmó, al subrayar que estos vacíos deberán ser revisados en las siguientes fases del proceso legislativo.

El diputado reconoció que la iniciativa avanzó por decisión mayoritaria, pero dejó claro que el debate está lejos de concluir. “Cinco personas consideraron que era viable que pasara al segundo debate, cuatro que no, y esperemos hacer los ajustes correspondientes”, indicó.

Por su parte, la diputada Alexandra Brenes criticó la aprobación de la iniciativa sin un debate más amplio sobre su conveniencia, al considerar que la medida podría terminar beneficiando a sectores específicos en detrimento de la población.

A estas oposiciones se sumó el diputado Roberto Zúñiga, quien advirtió que el proyecto podría vulnerar la Constitución al limitar la libertad de elección de los ciudadanos. “Cualquier política pública debe garantizar decisiones libres, no imposiciones para beneficiar a algunos”, sostuvo.

Otro de los puntos señalados es la necesidad de importar bioetanol para suplir la demanda nacional, incluso en escenarios de producción local, lo que, según los críticos, reduciría su impacto positivo en la economía.

Aunque la iniciativa ha sido defendida como una herramienta para diversificar la matriz energética y dinamizar el sector agropecuario, sus detractores consideran que los beneficios no están claramente garantizados frente a los posibles costos para los consumidores.

El proyecto deberá ahora pasar al segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional, donde se prevé que continúe la discusión sobre sus implicaciones económicas, técnicas y sociales.