El autor nicaragüense conversa, con este diario, sobre identidad, poder, censura y desarraigo, mientras revive los recuerdos personales y políticos que...
- 17/01/2015 01:00
En la madrugada de ayer, tras medio día de paro, el Ejecutivo y los conductores llegaron a un acuerdo
Trece horas tardó el Ejecutivo en neutralizar la protesta que iniciaron el jueves los operadores del metrobús, a raíz de la suspensión de la mesa de negociación laboral que sostenían el gobierno y la concesionaria Mi Bus.
A las 5:30 a.m., mientras la ciudad amanecía sin el servicio de transporte masivo, los ministros Luis Ernesto Carles y Álvaro Alemán lograban convencer a los transportistas de deponer la huelga, garantizándoles que una vez el Estado compre las acciones de Mi Bus, la plantilla entera de trabajadores será liquidada por la empresa y vuelta a contratar por el gobierno.
El jueves por la tarde, una delegación de trabajadores liderada por Antenor Guadamuz, presidente del sindicato de operadores, se reunió con el magistrado Víctor Benavides, quien le explicó que la Corte Suprema había admitido un amparo de garantías que Mi Bus presentó sobre un pliego de peticiones laborales que motivó la instalación de la mesa de negociación.
Tras ello sucedió la reunión en el Palacio de Las Garzas, en la que, a diferencia del paro de octubre pasado, no estuvo el presidente Juan Carlos Varela ni hubo una delegación de la concesionaria.
LA PRESIÓN LABORAL
El acuerdo, de seis puntos, establece que el Ministerio de Trabajo deberá culminar las auditorías laborales a Mi Bus, para determinar si ha fallado o no en el pago de horas extraordinarias y recargos a sus colaboradores, resultados que el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Transporte Masivo de Panamá (Sitmapa) espera para dentro de un mes.
El Mitradel ha confirmado que adelanta procesos contra Mi Bus por faltas al Código Laboral, y que en algunos casos ha decretado sanciones económicas impugnadas por la empresa, y pendientes de resolución.
La compañía ha decidido guardar silencio hasta tanto se materialice la forma en la que su concesión pasará al Estado. Máximo treinta días después de que ocurra eso —agrega el documento firmado entre los operadores y los ministros Alemán y Carles—, deberá entregarles a sus 4,050 empleados su liquidación.
Carles garantizó que los trabajadores serán recontratados por intermedio de la empresa estatal administradora del metro, Metro, S.A.
‘Ellos han recibido capacitación, no cualquiera puede manejar esos buses’, acotó.
El pacto, según el ministro, es la ‘reafirmación de un compromiso’ adquirido por la administración el año pasado, y que se sustenta en el artículo 225 del Código de Trabajo, que establece las fórmulas de liquidación.
LA MISIÓN: NO VOLVER A ‘PATINAR’
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, José Luis Ford, instó al presidente Varela a ‘no ceder ante las presiones’ de los operadores, no ‘premiarles’ y hacer ‘que les caiga todo el peso de la ley’.
El abogado Víctor Martínez, en contraste, consideró que el reclamo de los conductores ‘tiene valor’, en el sentido de que una vez el Estado controle la empresa Mi Bus, tendría que asumir las antigüedades laborales que recaían sobre sus actuales dueños.
El reto de las autoridades ahora es evitar un nuevo paro. Entre octubre y enero ha habido dos suspensiones del servicio de buses por horas y una amenaza adicional de hacerlo.
El asunto, reconoció ayer el gobierno, es de comunicación. El último paro se produjo tras una discusión entre el ministro Carles y un grupo de operadores que le reclamaron no haberles avisado de la suspensión de la mesa de diálogo con Mi Bus, por la admisión de su amparo en la Corte Suprema de Justicia.
‘No es la forma, pero a veces, cuando la información no está clara, suceden estos eventos... no hay que culpar a ninguna de las partes’, aseguró Carles.
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