"Alejandro Moncada Luna no vendió sus fallos", dice el fiscal

El enriquecimiento injustificado del exmagistrado Alejandro Moncada Luna está vinculado con su gestión administrativa en la Corte Suprema de Justicia. Así lo confirmó la investigación que realizó el fiscal de la causa, el diputado Pedro Miguel González.

‘Durante la investigación no se determinó que ese dinero injustificado haya sido producto de la venta de fallos, sino más bien por su gestión’, fueron las palabras textuales de González.

Moncada Luna ocupó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia durante el 2012 y 2013.

Se trata de un poco más de $2 millones que la Contraloría General comprobó que el exmagistrado logró obtener de manera injustificada, uno de los delitos por los cuales fue condenado a cinco años de cárcel.

El diputado González dijo que parte de ese dinero salió de dos empresas constructoras que habían tenido contratos con la Corte Suprema de Justicia y mencionó a: PR Solutions, S.A., y Omega Engineering Inc., esta última recibió el contrato para la construcción de la Ciudad Judicial de Panamá Oeste.

Estas empresas tienen cuentas en el banco Bac y fueron aprehendidas durante la investigación, al igual que otras 13 cuentas de cinco sociedades anónimas.

LOS TERCEROS INTERVENIENTES

A pesar de que las cuentas bancarias no formaban parte del acuerdo que firmó el exmagistrado Moncada Luna, se mantuvieron aprehendidas porque, según la teoría de González, las sociedades anónimas no pueden considerarse afectadas, sino intervenientes. Es decir, que están ligada al dinero injustificado de Moncada Luna.

Aunque la audiencia de Moncada Luna fue el jueves 5 de marzo, el caso aún sigue abierto en la Asamblea Nacional. El pasado miércoles, minutos antes de la entrevista con el diputado, fue notificado de la presentación del recurso de reconsideración que presentaron los abogados de las sociedades anónimas.

Según el diputado, tiene hasta cinco días para responder, pero posiblemente hoy viernes enviará su escrito a la oficina judicial de la Asamblea Nacional.

González explicó que otro de los aspectos que aún debe resolver es quién tiene la competencia para enviar el expediente al Ministerio Público: si es la subcomisión de garantías o la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

REFORMAS AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

El diputado Pedro Miguel González es un convencido de que la norma constitucional que establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean investigados por la Asamblea Nacional, y viceversa, debe permanecer.

Diferente piensan algunos sectores de la sociedad civil, que consideran que se debe eliminar este esquema de justicia y plantean dos teorías: que los magistrados y los diputados sean juzgados en el sistema ordinario de justicia o la creación de un tribunal especial para estos casos.

La Asamblea, además de investigar a magistrados, también investiga al Presidente de la República.

González es consciente de que el proceso contra el exmagistrado Alejandro Moncada Luna dejó en evidencia vacíos legales sobre la aplicación del sistema penal acusatorio en tribunales especiales como el Órgano Legislativo y abogó por unas reformas al Código Penal Procesal para su aplicación en la Asamblea.

Citó como ejemplo el hecho de que la Asamblea pueda ampliar su radio de acción hacía las personas vinculadas con los delitos por los que se investiga a un magistrado.

A su juicio, si la Asamblea hubiese tenido la potestad de investigar a los terceros que se mencionaron en el caso de Moncada Luna, los resultados habrían sido más exitosos, porque se hubiese podido ahondar en el delito de blanqueo de capitales.

Por último, González estimó que el acuerdo con Moncada Luna le evitó al país un desgaste político. Nunca se sabrá cuánto le hubiese costado al país un juicio en el pleno. En solo dos de días de audiencia, el país sufrió un desgaste inédito, apuntó.

DIPUTADO ESTUDIA DERECHO

El diputado Pedro Miguel González fue elegido por el pleno como fiscal de la causa por sugerencia del Partido Panameñista. Según él, para darle un poco más de credibilidad al proceso.

Confiesa que le hubiese gustado que esa tarea la hubiese hecho la diputada Ana Matilde Gómez o Jorge Alberto Rosas. Sin embargo, la primera no podía porque forma parte de la Comisión de Credenciales que debe admitir o no una denuncia en contra de un magistrado de la Corte. De hecho Gómez formó parte de la subcomisión de garantías que creó la Comisión de Credenciales, al admitir la denuncia.

El diputado Rosas, para el tiempo que se presentó la denuncia en contra de Moncada Luna, aún no tenía sus credenciales, ya que las elecciones en su circuito estaban impugnadas.

Rosas y Gómez son abogados, González es ingeniero civil y solo le hacen falta las últimas 15 materias para terminar la carrera de derecho.

‘Le prometí a mi familia que, después de esta investigación, voy a terminar mi carrera de derecho’, aseguró.

Entonces, ¿por qué elegir a un ingeniero como fiscal?

‘Porque solo se requiere ser diputado’. Si solo confiáramos en que los abogados puedan hacer ese trabajo, los 71 diputados tendrían que ser abogados y eso no es posible, alegó y añadió que desde un principio, se sintió confiado.

Detrás de Pedro Miguel González estaban dos abogados y un financista, quien lo ayudó en el trabajo con las cuentas bancarias.

Un entramado de sociedades y transferencias de dineros de una cuenta a otra. Le tocará al Ministerio Público concluir el trabajo que inicio el diputado González.