Magistrados de la Corte no admiten habeas data de diputada Prado contra la Asamblea

El pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir una acción de habeas data presentada por la diputada independiente Janine Prado Castaño contra el secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, en un caso relacionado con solicitudes de información sobre traslados de partidas y manejo presupuestario del Legislativo.

La decisión fue emitida dentro del expediente que quedó en manos del magistrado Olmedo Arrocha Osorio y aparece consignada en el Edicto No. 676, fijado el 19 de mayo de 2026 por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

La acción surgió luego de que Prado denunciara la falta de respuesta a una solicitud de información presentada el 22 de octubre de 2025 ante la Asamblea Nacional.

En esa nota, la diputada pidió un informe detallado de todos los traslados de partidas tramitados por la Comisión de Presupuesto entre el 1 de julio de 2024 y el 22 de octubre de 2025.

La solicitud incluía información sobre cuáles traslados fueron aprobados, rechazados, retirados o suspendidos, además de los casos que recibieron aval mediante silencio administrativo.

Según el expediente, la Asamblea debía responder a más tardar el 23 de noviembre de 2025. Sin embargo, Prado sostuvo que no recibió contestación oficial, por lo que decidió presentar la acción constitucional de habeas data.

En su recurso, la diputada argumentó que la Ley 6 de 2002 de Transparencia obliga a las instituciones públicas a entregar información relacionada con decisiones administrativas y presupuestarias adoptadas por el Estado.

Prado también sostuvo que todo lo relacionado con el manejo del presupuesto público tiene carácter público por naturaleza y debe estar disponible para la ciudadanía, especialmente cuando se trata de movimientos de fondos dentro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La acción forma parte de una serie de recursos impulsados por Prado desde 2025 para obtener información sobre planillas, contrataciones y movimientos presupuestarios dentro del Órgano Legislativo.

La diputada ha cuestionado en distintas ocasiones la falta de acceso a información pública en la Asamblea y ha señalado que existen obstáculos para conocer cómo se manejan los recursos asignados al Legislativo.

Los traslados de partidas han sido uno de los temas más sensibles dentro del debate político reciente, debido al volumen de fondos que son modificados o reasignados durante las sesiones de la Comisión de Presupuesto.

Organizaciones civiles y sectores políticos han pedido mayores controles y mecanismos de rendición de cuentas sobre estas aprobaciones, especialmente en casos tramitados mediante silencio administrativo.