Masacre de La Joyita: 12 reclusos son declarados culpables por homicidio agravado

Tras tres semanas continuas de juicio oral, un jurado de conciencia declaró culpables a 12 ciudadanos acusados por la masacre ocurrida en el pabellón 14 del Centro Penitenciario La Joyita, un hecho registrado el 17 de diciembre de 2019 que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 11 heridas.

La decisión fue detallada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Especializada en Homicidios y Femicidios del área Metropolitana, que llevó adelante la acusación contra los procesados.

De acuerdo con el veredicto, los 12 acusados fueron encontrados culpables en calidad de autores del delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de 13 personas, así como del delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa contra otras 11 víctimas.

Ataque dentro del pabellón 14

Según la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron durante la tarde del 17 de diciembre de 2019, cuando los acusados arremetieron contra un grupo de internos que también permanecían recluidos en el pabellón 14 de La Joyita.

Las pesquisas determinaron que los atacantes realizaron múltiples detonaciones con armas de fuego contra las víctimas, logrando impactar a varios reclusos. Además, utilizaron armas punzocortantes para agredir a otros internos.

Como consecuencia del ataque, 13 reos murieron, mientras que otros 11 resultaron heridos. La agresión también puso en peligro a decenas de reclusos que se disponían a salir del pabellón en el momento de los hechos.

Uno de los casos más violentos del sistema penitenciario

El juicio oral se inició el pasado 11 de mayo en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, ubicadas en el edificio 727 de Balboa, corregimiento de Ancón.

El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá estuvo integrado por los jueces Fernando Basurto, quien presidió el proceso; Luis Huffington, como relator; y Johany Dutari, como tercer juez.

Durante la audiencia comparecieron testigos, peritos y especialistas que presentaron pruebas testimoniales, periciales y documentales relacionadas con el caso.

La acusación estuvo a cargo de las fiscales Paula Jiménez, Leydis Rangel y Jennifer Román, mientras que la defensa fue ejercida por abogados del Instituto de la Defensa Pública y representantes legales particulares de los imputados.