Contralora en la mira ciudadana

PANAMÁ. Este lunes, el proceso político a Patria Portugal debe entrar en su fase decisiva: el oficialismo en la Asamblea, seguro de una mayoría tras alianzas de recámara con opositores, someterá a votación del pleno su destitución como defensora del Pueblo. Los diputados llevarán al estrado a Portugal tras una serie de escándalos de sobreprecios en dos contratos públicos, que, de paso, la tienen como sujeto de una causa penal en la Corte Suprema de Justicia.

Las transacciones, que se acercan a $500 mil, recibieron el aval de un fiscalizador de la Contraloría General de la República, entidad encargada de fiscalizar los bienes públicos. Y esta última premisa hace encender el panorama. Los panameños, así como exigieron un juicio político a Portugal, apuntan a la contralora, Gioconda Torres de Bianchini, una exempleada de confianza del presidente Ricardo Martinelli.

EL RADAR CIUDADANO

La más reciente encuesta ‘Panamá Opina’, de Ipsos para Telemetro y La Estrella, revela que ocho de cada diez ciudadanos cree que la Asamblea debería citar a Bianchini al Palacio Justo Arosemena para explicar el porqué de los con tratos con sobrecostos.

¿Por qué lo hizo si hasta para los políticos es fácil deducir que el rediseño de una página web no cuesta $250 mil (el primer contrato en polémica), ¿cómo lo autorizó la Contraloría? ¿Y los peritos? ¿Por qué el silencio de la entidad? El 78% de los panameños no sólo creen que la contralora debe comparecer al pleno, sino que se le debería abrir una investigación, a consecuencia del affaire Portugal. En contraste, reportó ‘Panamá Opina’, 9% exculpó a Bianchini del caso y 13% dice no saber.

UN EVENTUAL PROCESO

La Constitución establece los límites en un proceso contra un contralor. El numeral 9 del artículo 160, le da permiso para citarlo, para que rinda ‘informes verbales o escritos sobre las materias propias de su competencia’. Sin embargo, a diferencia de la Defensoría del Pueblo, los diputados no pueden decidir su salida. El artículo 279 de la Carta Magna establece que las cabezas de la Contraloría sólo pueden ser suspendidos o removidos por la Corte Suprema.

¿Hay causas? La vicepresidenta del Movimiento de Abogados Gremialistas, Edna Ramos, lo descomplica: en el caso Portugal no. No, porque quien le dio el aval fue un fiscalizador nacional, ya que los montos no superaban los $250 mil.

‘No se le puede culpar de peculado, al menos que el fiscalizador la señale’, sostiene, aunque no saca del radar que ‘la Contraloría no cumple su función de fiscalizar, ni siquiera a nivel interno’ lo que, explica, significaría omisión de funciones públicas, un delito poco expiado en Panamá.