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- 13/01/2015 11:45
Los hallazgos revelan además que se trata de posibles irregularidades en los procedimientos para otorgar contratos
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Agrega La Estrella en Google ↗️La Autoridad Nacional para Innovación Gubernamental (AIG) presentó hoy ante el Ministerio Público (MP) una denuncia para que se investigue la adquisición de licencias de una plataforma de mensajería por celular para 100 usuarios que no fueron instaladas en las entidades objeto del Contrato.
El Contrato 19-2014 se estableció “para la adquisición de una Plataforma de Mensajería de Texto Móvil única y dedicada, para el uso del Estado Panameño, que garantice la Autenticidad y Privacidad para trasmitir información sensitiva relativa a la Seguridad Ciudadana”; suscrito entre la AIG y la empresa Innovative Venture, S.A., por un monto de B/. 211,850.00. Dicho Contrato especificaba la instalación de la aplicación CRIPTEXT en celulares de funcionarios del Ministerio Público, Ministerio de Seguridad, Policía Nacional y Ministerio de la Presidencia por un término de 9 meses que vencían en diciembre de 2014.
La AIG, reafirmando los valores del Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela, y comprometida con el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas, luego de la auditoría respectiva, detectó actuaciones que podrían ser consideradas contravenciones a la Ley.
Los hallazgos revelan además que se trata de posibles irregularidades en los procedimientos para otorgar contratos y ordenar desembolsos a particulares o sociedades anónimas, con supuestos perjuicios al Tesoro Público.
Irving Halman, administrador de la AIG, manifestó que “en la denuncia presentada se incluyen elementos y hechos que deben ser investigados, tales como la contratación directa amparada en Seguridad Nacional sobre una aplicación que estaba aún en desarrollo, cuando existen, ya desarrolladas, plataformas gratuitas o a muy bajo costo de mensajería encriptada y con funcionalidades similares; la aceptación de entrega por parte de la AIG para las 100 licencias a manera de prueba piloto con usuarios de la AIG, que no correspondían a las entidades objeto del Contrato; y posible sobrecosto en adquisición de las licencias”.
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