Nuevo contrato minero: las dudas y las aspiraciones por el acuerdo

Pensar que este contrato traerá beneficios económicos al país es un engaño mayúsculo y pecaríamos de ingenuos. Está ampliamente comprobado que esta actividad trae aparejados incalculables e irreversibles daños al entorno económico, social y ambiental de las comunidades donde esta se asienta: contaminación de las fuentes de agua que afecta la salud de la población, devastación de bosques, la fauna, la flora y los suelos que indefectiblemente pierden sus capacidades productivas, y muchos perjuicios más. Por lo anterior, es evidente que los beneficios económicos que supuestamente traerá la minería al país no son más que cantos de sirena orquestados por la empresa en contubernio con los gobiernos de turno. Así ha sido durante años en Panamá y en la región, y por ello hemos sido muy firmes en denunciar al más alto nivel y desenmascarar esta realidad de esta miope y engañosa visión de desarrollo que pregonan empresarios y Gobierno.

El Gobierno, concretamente el Ministerio de Ambiente, ha hecho gala de una gran incapacidad y debilidad en materia de monitoreo y vigilancia, lo que ha permitido que la minera haga y deshaga a sus anchas provocando daños al ambiente, a los ecosistemas y acelerando los procesos de degradación. De lo expresado, tenemos denuncias con un contundente aval probatorio, sin embargo, el sistema de administración de justicia también ha demostrado ser lento, permisivo y débil en la investigación y aplicación de correctivos y sanciones. El epicentro de las actividades mineras está en el Corredor Biológico Mesoamericano, área de gran fragilidad ecosistémica, protegido por convenios internacionales que Panamá se ha comprometido a respetar, además de un número plural de leyes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que tristemente han quedado reducidas a letra muerta frente a la imparable aplanadora del Gobierno, que de manera arbitraria ha impuesto el modelo minero como supuesto eje de desarrollo para la nación, cuando sabemos que Panamá por su clima tropical lluvioso y posición geográfica no es apto para la minería; no obstante, somos un país privilegiado por nuestra rica biodiversidad, lo que nos permite impulsar de manera responsable otras áreas estratégicas de desarrollo y servicios ambientales como el turismo, el pago por servicios ambientales, la investigación científica y el desarrollo local menos invasivo y con mejores réditos a largo plazo.

Como hemos sostenido anteriormente y durante años, frente al daño ambiental y social, si ponemos todo en una balanza y pensando con luces largas, el aporte de esta actividad a la economía es diminuto. Sumado a lo anterior, nuestro país está inmerso en una rampante corrupción y pérdida de valores, por lo que es poco creíble el cuento de los mineros, empresarios y gobierno en que habrá una distribución equitativa de ese dinero para mejorar el equilibrio entre la rentabilidad económica y social del país.

Los diputados no podrán hacer ninguna modificación al contrato, solamente podrán aprobar o desaprobar. Ojalá los diputados actuaran con sensatez y amor patriótico y velaran por los mejores intereses del país y decidan de manera responsable desaprobar este contrato lesivo a nuestros intereses a presente y futuro. Sería interesante que la comisión de Población Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional jugara el papel protagónico que le corresponde por ley para defender nuestro país de este atraco. Tienen una oportunidad de reivindicarse ellos y todos los diputados ante la nación. A pesar de todo, le damos ese voto de confianza.

Hace 25 años, Panamá cometió un lamentable error histórico de firmar un contrato ley leonino, favorable a la minera y lesivo para el país, que luego de arduas batallas ambientales fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, quedó demostrado que desde el día uno, nuestra historia con la minera empezó mal. Este gobierno ha tenido en sus manos una oportunidad de oro de enmendar ese error y actuar responsablemente exigiendo el cierre de la mina y obligando a mitigar los daños en la medida de lo posible, sin embargo, ha hecho todo lo contrario, lo que es vergonzoso. Como ambientalistas presentamos a la Asamblea Nacional una propuesta de ley de prohibición a la minería metálica a cielo abierto, por todos los daños que comporta esta actividad, así como lo han hecho El Salvador, Costa Rica, y otros países que apuestan por un desarrollo más cónsono con la protección del ambiente, sin embargo, ningún diputado a la fecha se ha hecho eco de este clamor, por lo que seguimos siendo firmes y consecuentes con nuestra justa solicitud.

El acuerdo económico entre Minera Panamá y el Gobierno debió ser producto de una negociación meramente comercial, donde las autoridades gubernamentales se supone que debieron alcanzar la mejor negociación que redunde en beneficio del país.

El tema ambiental debe ser vital en estos acuerdos. Que en otros momentos no se respetó el impacto ambiental, no significa que se haya actuado de manera incorrecta. Los recursos minerales forman parte de nuestro patrimonio, y quienes regenten la cosa pública deben velar por su respeto y cuidado.

Nuestro país tiene muchas necesidades, y el destino de esas compensaciones debe ir encaminado a satisfacer las necesidades sociales de nuestra población. Educación, medicina, agua, alimento, obras de infraestructuras que se cristalicen y no que formen parte del renglón de un discurso cada 12 meses.

Esperamos que esa aprobación o ratificación por la Asamblea Nacional sea mero trámite. No creo que haya voces que se opongan al mismo. Tomando en consideración que lo que se recibía antes era inferior.

Todas las actuaciones o negociaciones que desarrolle el Gobierno Nacional con la empresa privada, deben ser rentables para el país. Es un acto comercial donde las empresas que tienen la intención de celebrar contratos con el Estado tienen como política “ganar ganar”. Lo que obliga al Estado panameño a emular ese tipo de principios en cada negociación que realice.