Olmedo Arrocha critica salarios en la Unachi: ‘Un decano gana igual que un magistrado’

La controversia en torno al decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Rodrigo Serrano, investigado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), ha puesto nuevamente en discusión la relación entre salarios, responsabilidades y transparencia en la administración pública.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha, se refirió a este tema y cuestionó la comparación entre lo que perciben autoridades universitarias y los jueces del sistema judicial.

“Escuché a un decano de la Unachi, creo que era el decano de comunicación social. Él gana igual que un magistrado, yo no veo la proporción ahí”, señaló en el programa Debate Abierto.

Para Arrocha, la diferencia no debe analizarse únicamente en términos salariales, sino en la magnitud de las responsabilidades que asume cada cargo.

“Nosotros tenemos muchas más funciones y responsabilidades que un decano, sin desmeritar lo que es un decano y la academia. No se comparan las funciones y las responsabilidades de un juez, ni siquiera voy a hablar de un magistrado”, enfatizó.

El magistrado subrayó además la importancia de proteger a quienes administran justicia.

“A los jueces hay que cuidarlos, porque son la herramienta, el vehículo para hacer justicia. Y la justicia como sistema es la que mantiene la paz y el orden social”, recalcó.

Las declaraciones de Arrocha se dan en el contexto del reciente incremento salarial a los magistrados de la CSJ. El contralor general, Anel Flores, refrendó —“en contra de su voluntad”, según dijo— el aumento de $4.000 mensuales en concepto de gastos de representación, que eleva la remuneración de los magistrados a $14.000 al mes: $10.000 de salario base más $4.000 adicionales.

En su momento, el contralor advirtió que consideraba la medida “inconveniente” y una muestra de “falta de empatía y solidaridad con el país” en medio de las presiones fiscales y sociales que enfrenta Panamá.

Sin embargo, la ley lo obliga a refrendar cuando el Pleno de la Corte Suprema insiste en la solicitud.

Por otro lado, la investigación contra el decano Serrano y el aumento a los magistrados han alimentado el debate sobre proporcionalidad y transparencia en el uso de fondos públicos.

Mientras la Antai mantiene abierto cuatro expedientes sobre la gestión en la Unachi, sectores ciudadanos y gremiales han expresado preocupación por la brecha entre los altos salarios del sector público y las limitaciones presupuestarias que afectan a áreas como salud y educación.