Organizaciones sindicales califican como "persecución judicial", las condenas de prisión de dirigentes obreros

Actualizado
  • 29/11/2022 18:37
Creado
  • 29/11/2022 18:37
La Conusi anunció que recurrirán a todas las acciones legales que corresponda y a la denuncia nacional e internacional por este caso

Organizaciones sindicales del país calificaron como una "persecución judicial", las condenas de prisión de 7 dirigentes de organizaciones obreras por el delito de peculado, en un fallo emitido recientemente por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.

En la sentencia condenatoria N° 94, del 18 de noviembre de 2022, fueron condenos a 5 años de prisión Elberto Cobo, Víctor Torres De León, Aniano Pinzón, Mariano Mena, Gabriel Castillo, Armando Rangel Gordón y Guillermo Puga como autores del delito de contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado en perjuicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Este caso guarda relación con hechos suscitados para la fecha del 21 de abril de 2010, cuando se puso en conocimiento de las autoridades que el Instituto Panameño de Estudios Laborales entregó a gremios sindicales altas sumas de dinero, sin que estos hayan presentado los informes que respaldasen el uso de esos dineros provenientes del presupuesto del seguro educativo que se le descuenta a todo cotizante en el país. La denuncia fue interpuesta en su momento por la entonces ministra de Trabajo, Alma Cortés.

En tal sentido, la Unión General de Trabajadores (UGT), recordó que el titular de un diario de la localidad del 25 de julio de 2014 informaba al pueblo panameño que los dirigentes sindicales acusados injustificadamente de malversar fondos públicos habían sido sobreseídos provisionalmente.

No obstante, según la UGT, hoy se pretende reeditar "esa política de persecución, represión y terror sindical impuesto por aquella administración corrupta, responsable por el desfalco de más de 6 mil millones del erario. Así lo confirma el apresurado y sospechoso fallo, de un tribunal decretando cárcel para siete dirigentes sindicales panameños, el viernes 25 de noviembre de 2022".

Recuerda la UGT que aquella política represiva comenzó con el intento de tomarse las organizaciones de CONATO a fines de 2009, intentona que falló debido al rechazo popular y de los trabajadores organizados.

"Este fallo de la semana pasada resulta apresurado y torpe porque se emite antes de que se resuelva un recurso de amparo de garantías presentado en agosto y con proyecto de sentencia en lectura desde el 19/9/2022, por lo cual ese fallo es inadmisible en debido proceso".

Consideran que es una acción en extremo sospechosa porque se da en momentos en que la dirigencia sindical panameña libra una intensa lucha por el respeto a los derechos de los trabajadores, por recuperar una seguridad social universal y solidaria, por mejores condiciones de vida y de trabajo y por una mayor equidad social.

La organización exigió al Órgano Judicial que "rectifique su imagen de justicia selectiva" y pidieron el Ejecutivo demostrar que es diferente a la administración 2009-2014.

En tanto, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), que tildó el fallo como un acto de "terrorismo judicial contra el sindicalismo", defendió a uno de los dirigentes de esta organización, Gabriel Castillo quien también fue condenado. 

Recordó la Conusi que Castillo fue sobreseído y que funcionarios de la Contraloría reconocieron que no había dolo en la compra de unos útiles de oficina por la cual se abrió el caso y la documentación requerida se presentó. 

"No obstante, el Ministerio Público siguió adelante con los propósitos ya descritos. Se ha violado el debido proceso, pese a que la Jueza conocía de la admisión de un amparo de garantías en espera de resolución, presentado por los abogados de otros acusados", indicó la organización.

Advirtió la Conusi que no permitirán que se mancille el nombre de un distinguido dirigente y luchador de probada solvencia moral y larga trayectoria.

"Recurriremos a todas las acciones legales que corresponda, a la denuncia nacional e internacional, a la movilización y a la lucha sin desviarnos un solo ápice de la senda que recorremos en pro de la justicia social para el pueblo".

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