Orillac defiende $11.8 millones en estudios del ferrocarril ante dudas sobre su financiamiento

El proyecto del ferrocarril hacia Chiriquí abrió un debate sobre las prioridades del gasto público durante la sustentación del presupuesto del Ministerio de la Presidencia. El ministro Juan Carlos Orillac informó que se han destinado aproximadamente $11.8 millones a estudios y trabajos vinculados con la iniciativa, mientras el diputado Jhonathan Vega cuestionó cómo se financiaría su construcción frente a necesidades pendientes en servicios básicos.

Según Orillac, los estudios para definir el proyecto y evaluar su factibilidad presentan un avance cercano al 95%. El ministro explicó que la complejidad de una obra de esta magnitud exige análisis especializados antes de decidir su ejecución y sostuvo que las empresas contratadas cuentan con experiencia internacional en materia ferroviaria.

Vega planteó que el problema no es la aspiración de contar con un tren, sino la capacidad del país para llevarlo a la práctica. Durante el intercambio, mencionó estimaciones superiores a $8,000 millones y preguntó de dónde saldrían los recursos para comenzar la construcción. Orillac respondió que el costo podría ser incluso mayor, sin presentar una cifra definitiva.

El ministro señaló que la ejecución tendría que organizarse por fases y podría extenderse durante dos o tres períodos de gobierno. Entre las decisiones complejas mencionó el cruce del Canal de Panamá, para el cual identificó un puente como alternativa. La intervención no precisó una fecha de inicio de obras ni un esquema cerrado de financiamiento.

El diputado insistió en que su cuestionamiento no constituía un ataque político ni un rechazo al desarrollo de su provincia. Expresó que le gustaría ver concretado el ferrocarril, pero consideró necesario contrastar esa propuesta con las condiciones económicas del país y las demandas que todavía no reciben respuesta.

Entre esas necesidades enumeró el acceso al agua potable, la infraestructura vial, la atención de salud, la seguridad y la electrificación rural. Para Vega, el Gobierno debe evaluar el orden de sus inversiones antes de asumir compromisos de gran escala, especialmente cuando existen comunidades sin servicios esenciales.

También advirtió sobre el riesgo de que los recursos destinados a consultorías no se traduzcan en una obra. Su preocupación fue que, si el proyecto no comienza, el Estado termine acumulando gastos en estudios y deba contratar nuevos análisis en administraciones posteriores, sin resultados tangibles para la población.

El legislador manifestó dudas sobre la posibilidad de iniciar el ferrocarril durante la actual administración, aunque expresó que esperaba estar equivocado. Además, pidió considerar otras inversiones capaces de generar empleo y actividad económica en las provincias, en lugar de concentrar las oportunidades de desarrollo alrededor del eje canalero.

Orillac defendió que la evaluación previa busca precisamente evitar una decisión financiera irresponsable. Recordó que el ferrocarril fue propuesto por el presidente José Raúl Mulino durante la campaña electoral, pero argumentó que esa promesa no supone comenzar la construcción sin conocer sus condiciones técnicas y económicas.

El ministro explicó que los estudios deben permitir establecer si la iniciativa es factible y financieramente sostenible. Sostuvo que el país necesita conocer esas respuestas antes de absorber obligaciones que posteriormente resulten difíciles de atender, y vinculó el trabajo contratado con la necesidad de tomar una decisión fundamentada.

En su defensa, destacó el potencial del tren para generar empleo, dinamizar la economía y fortalecer la actividad logística. Sin embargo, presentó esos beneficios como posibilidades asociadas a un proyecto cuya viabilidad todavía está bajo evaluación, y no como resultados ya garantizados.

El intercambio dejó sobre la mesa dos posiciones: Vega reclamó atender urgencias y demostrar cómo se pagaría la obra; Orillac sostuvo que el gasto en estudios es necesario para determinar si conviene ejecutarla. Con un avance reportado del 95% en los análisis, la discusión presupuestaria se concentró en justificar esa inversión previa y en las condiciones que tendría que cumplir el ferrocarril para pasar de la planificación a la construcción, sin comprometer la capacidad financiera del Estado ni desplazar la atención de las necesidades públicas planteadas durante la comparecencia.