Portugal quiere que el Estado pague sus gastos

PANAMÁ. Patria Portugal fue nombrada defensora del Pueblo el 2 de marzo del 2011 y desde entonces recibe un salario mensual de $7,000, que representan $84,000 al año.

A pesar de ello, en junio pasado le reclamó al Estado panameño $1,654 por gastos médicos aduciendo que sus males de salud habían sido producto de lo ventilado en el caso Heliodoro Portugal vs Panamá, juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores le negó a Portugal, el pasado 19 de junio, el reembolso en concepto de gastos médicos por encontrar sustanciales incongruencias con lo dispuesto por la Corte en su petición.

La solicitud de la defensora habla de un tratamiento por ‘problemas gastrointestinales’ generados, según ella, a raíz de lo que sufrió durante el juicio celebrado en 2008.

La Cancillería, en un apartado dirigido a Portugal, explicó que no pueden darle trámite a la devolución del dinero por no haberse atenido al ‘tenor literal’ del fallo, lo que inhabilita su reclamo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado panameño proveer asistencia médica a los afectados del caso por la desaparición forzada del dirigente sindical en 1970 durante la dictadura militar.

Sin embargo, la sentencia también dispone que ‘la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente y de forma inmediata’ tratamiento médico y psicológico a las víctimas sea ‘a través de sus instituciones de salud especializadas’ y la defensora del Pueblo recibió diagnóstico y atenciones en consultas médicas y hospitales privados.

En la carta que Portugal solicita el reembolso, se hace alusión al doctor Oscar Bulgin, especialista en gastroenterología, pero los recibos con los que pretende validarlo son de otro tipo de galeno.

Se trata del ginecólogo y obstetra Emilio Effio, quien recibiera a Portugal en su consultorio particular y expidió recibos de consulta y honorarios médicos por $700, el 2 y 24 de mayo del 2013 con números consecutivos de facturación.

Effio también presta sus servicios en el Hospital Santo Tomás, una institución estatal, lo que ‘llama la atención’ del Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que Portugal debió atenderse en entidades públicas en las que no se requiera ‘onerosas erogaciones’.

Las facturas presentadas por la defensora del Pueblo son por gastos de farmacia, consulta especialista, honorarios médicos, exámenes y servicios de urgencia entre el 19 de diciembre del 2012 y el 25 de mayo del 2013.

De estos, la cifra más elevada corresponde a una endoscopia y biopsia realizadas en un centro gastrointestinal privado, por $893.

El reclamo fue hecho por Portugal en calidad de particular por la índole del caso, pero este fue solicitado por su asistente, Gian Francisco Sánchez, quien es funcionario de la Defensoría del Pueblo y cobra, según lo publicado en la planilla de la entidad, $2,200 mensuales, hecho que la Cancillería le reclama a Portugal, puesto que la petición fue efectuada en horas laborables.