Panama Ports acusa al Estado panameño de invasión ilegal y advierte crisis de seguridad jurídica

Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, acusó al Estado panameño de ejecutar una “invasión” y una “toma forzosa de sus bienes e instalaciones”.

La empresa advirtió que las recientes actuaciones oficiales configuran una grave crisis de seguridad jurídica que pone en riesgo la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.

En un comunicado difundido este viernes 27 de febrero, la compañía sostuvo que Panamá ha actuado en desconocimiento del Estado de Derecho, particularmente tras la ocupación de activos vinculados a la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Denuncian irrupción en instalaciones privadas

PPC aseguró que este 26 de febrero autoridades estatales realizaron una irrupción sin notificación previa en una instalación privada de almacenamiento que contenía documentación propietaria y material protegido por privilegio legal, recopilado en el contexto de procesos judiciales en curso.

La empresa afirmó que previamente había solicitado al Estado establecer mecanismos claros de coordinación para garantizar el acceso, custodia y protección de su información confidencial, incluyendo aquella que no guarda relación directa con la operación portuaria. Sin embargo, sostiene que lejos de recibir aclaraciones, enfrentó medidas “más graves”, incluyendo la ocupación de bienes y el acceso a información sensible.

Señalan plan deliberado contra la concesión

En su pronunciamiento, PPC acusó al Estado de haber desarrollado durante el último año una campaña deliberada en su contra y contra su contrato de concesión, mediante actuaciones legales que —según la empresa— buscaban desmantelar la relación contractual.

También sostuvo que existió coordinación previa para remover y reemplazar a la compañía, señalando que el Órgano Ejecutivo habría tenido conocimiento anticipado de un fallo adverso emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá antes de su publicación oficial.

Asimismo, cuestionó la emisión de un decreto ejecutivo que ordenó la ocupación de bienes y la toma de las terminales, invocando la figura de expropiación, medida que —según PPC— no fue ordenada expresamente por el fallo judicial.

Impacto en operaciones y advertencia internacional

La empresa denunció que el Estado ordenó el cese de operaciones en ambas terminales y que la intervención generó interrupciones en el flujo portuario, así como presuntas presiones sobre trabajadores.

PPC también afirmó que el control de las terminales habría sido transferido a terceros competidores sin transparencia, junto con información propietaria y legalmente protegida.

Ante lo que califica como una vulneración de obligaciones constitucionales, contractuales e internacionales —incluyendo compromisos en materia de protección de inversiones y debido proceso— la compañía anunció que acudirá a foros internacionales neutrales para reclamar sus derechos.