Piden investigar abuso policial y cuestionan tesis de ‘pandillas’ en protestas de Bocas del Toro

La Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa) presentó este martes 30 de septiembre un informe independiente que recoge reportes y testimonios de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, durante las protestas contra la reforma del gobierno de José Raúl Mulino a la Caja de Seguros Social (CSS).

El reporte detalla cronológicamente parte de los hechos ocurridos entre el 14 y 30 de junio de 2025, en el que más de 1300 efectivos -entre policías, fronterizos y unidades aeronavales- tomaron por la fuerza Bocas del Toro, tras dos meses de manifestaciones y cortes de vía; en un contexto de suspensión de garantías constitucionales por el estado de urgencia decretado por gobierno y el corte de comunicaciones en toda la provincia.

Dentro del documento, de 61 páginas y que incluye entrevistas a víctimas, declaraciones de distintos actores y documentos de medicatura forense, establecen que hubo acciones de “violaciones a los derechos humanos” con al menos 58 tipos de abusos que incluyeron: tratos crueles e inhumanos, usos excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura, falta de acceso a la justicia, traslado de detenidos sin registros y violación del debido proceso.

Según explicó Jorge Guzmán, presidente de Copodehupa, se realizaron entrevistas a 108 personas entre los más de 300 detenidos durante el operativo, sobre todo de la ciudad de Changuinola.

Indicó a La Estrella de Panamá que durante la investigación, la mayoría de las víctimas fueron detenidas en sus casas, donde en varios casos el único testimonio que sustentaba las acusaciones fue de miembros de la policía.

El reporte coincide con lo planteado en junio pasado por la Defensoría del Pueblo, que también levantó un informe en el que describe similares denuncias y advierte de indicios graves de violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública.

“Hubo personas detenidas por supuestamente participar en actos vandálicos, donde la Policía se fijó si contaban con electrodomésticos en casa, argumentando que era producto de un robo durante el vandalismo. No solo fue un acto de discriminación por su clase social, sino que al final en audiencia se demostró que los enseres eran suyos al presentar los recibos de pago”, dijo.

Tras la elaboración del reporte, en un periodo de tres meses, Guzmán señaló que el argumento de que existían numerosas pandillas en Chaguinola y que estas se encontraban tras las manifestaciones, no ha podido ser corroborado con la evidencia recogida en los testimonios, documentos y procesos judiciales.

“Hay vacíos en la versión oficial sobre el vandalismo en el aeropuerto de Changuinola. Según testimonios, ya había cientos de efectivos policiales en el cuartel, el estadio Calvin Bayron y en el propio aeropuerto. ¿Dónde se fueron esos policías la noche del saqueo? ¿Por qué no actuaron? Pareciera que la supuesta presencia de pandillas, fue una excusa para ejercer una violencia desmedida contra la población”, indicó Guzmán.

En el documento también habla de desprotección laboral, con el despido masivo de más de cinco mil trabajadores bananeros de la trasnacional Chiquita; que se declararon en huelga contra la reforma, a la que cuestionaban por afectar sus pensiones y derechos adquiridos.

Copodehupa recoge en su reporte al menos dos muertos confirmados: Roger Monctezuma, de 25 años, que murió de disparo por arma de fuego; y el fallecimiento de la niña Michelle Becker, de año y ocho meses, que la Aldea SOS denunció que perdió la vida asfixiada por los gases lacrimógenos de la policía.

Pese a que Mulino negó a mediados de julio pasado que hubo muertos en la Operación Omega, el Ministerio Público (MP) mantiene investigaciones sobre ambos casos.

La organización confirmó que presentarán los hallazgos a la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU y ante el MP. “Pedimos una investigación independiente y transparente, esto no puede quedar impune”, remarcó.