Ataque a la inseguridad, pieza clave en la agenda de candidatos

La falta de seguridad es uno de los principales problemas a los que debe enfrentarse cada gobierno. En todos los estudios de opinión, la ciudadanía ubica la inseguridad en la cima de sus preocupaciones. Se sienten impotentes ante la ola delictiva y sobre todo les preocupa la creciente agresividad con la que se cometen los delitos. Robos, hurtos, violaciones carnales y violencia doméstica figuran entre los más frecuentes.

Las cifras indican que en una década (2007-2017) el presupuesto de seguridad pública aumentó $437.8 millones. En ese mismo periodo, se reportaron 645 mil delitos, según la Dirección del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

La tasa de homicidio ha disminuido, pero la realidad revela que éstos sólo representan el 1% de los delitos que se cometen en el país.

Las últimas administraciones gubernamentales han lanzado múltiples programas que han representado gastos millonarios, los resultados no han sido los esperados. Ante esta realidad, en cada época electoral los candidatos a todos los puestos de elección popular le otorgan un lugar preponderante y dedican litros de tinta a escribir las acciones que tomarían para dar a la ciudadanía la seguridad que tanto anhela.

A continuación presentamos un resumen de los planes de campaña de los aspirantes presidenciales y el énfasis que plantean en su propuestas para devolverle la seguridad a la población. La creación de una policía comunitaria, el aumento del número de agentes de la fuerza pública, vigilancia a los espacios recreativos, la implementación de tecnología de punta para combatir el crimen organizado y el aumento de penas son propuestas en las que coinciden los aspirantes a gobernar el país.

En su plan de trabajo denominado ‘Uniendo Fuerzas', Laurentino Cortizo promete atacar la inseguridad ciudadana a través de la prevención, la represión y la resocialización.

De ser electo presidente, el candidato del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) ha anunciado que destinará más policías a los barrios. Así como la creación de una policía comunitaria.

La construcción de una política de Estado en materia de seguridad y defensa nacional que perdure en el tiempo es uno de los compromisos que ha adquirido Cortizo.

Además, tiene contemplado el fortalecimiento del pie de fuerza policial para dotar de más uniformados a las comunidades y comercios. Actualmente, la Policía Nacional cuenta con más de 25 mil uniformados activos.

Entre sus estrategias está reforzar los procesos de inteligencia e investigación judicial con tecnología y la construcción de una política migratoria que garantice que quien entra al país no represente una carga ni una amenaza para el país.

Otro compromiso de Cortizo para recuperar la seguridad ciudadana es un ‘Plan de Ley y Orden' para vencer el narcotráfico y la violencia a través de acciones de prevención y represión.

Con respecto al Consejo de Seguridad Nacional, una de las instituciones más cuestionadas por haberse desviado de la naturaleza para la cual fue creada, Cortizo planea convertirlo en un organismo de inteligencia para preservar la democracia y proteger el país de amenazas externas.

José Isabel Blandón, abanderado presidencial por el partido gobernante, pretende extender la iniciativa que con éxito implementó como alcalde de la ciudad capital: cámaras de videovigilancia. Contempla colocar 5 mil cámaras en vías públicas para detener las fechorías de los delincuentes.

Otra propuesta está encaminada a impulsar un programa que facilite la participación de la ciudadanía y de la policía para detener el crimen organizado. En su proyecto de trabajo, contempla la recuperación de áreas impactadas por los conflictos sociales y la violencia.

El impulso de reformas al

Sistema judicial que permitan el respeto a los derechos humanos es otra de las propuestas que implementará, de ser electo.

El mejoramiento de la infraestructura de las cárceles también está incluido en su plan de trabajo.

Al igual que Cortizo, Ricardo Lombana, que aspira a convertirse en presidente por la libre postulación, contempla el impulso de una policía comunitaria que acerque los agentes a los residentes de los barrios.

Lombana propone dotar de tecnología adecuada y necesaria para los patrullajes. Entre sus compromisos también está aumentar las penas por delitos de abusos de menores y venta de drogas a menores de 12 y 15 años, sin fianza ni prescripción. Y, además, se compromete con la certeza del castigo.

Otro aspirante presidencial es el abogado Saúl Méndez, postulado por el Frente Amplio por la Democracia (FAD), quien en su plan de trabajo asocia la violencia a la falta de empleo, educación, diversiones sociales y viviendas de baja calidad.

La propuesta del FAD contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia tiene como base la lucha contra la desigualdad y la exclusión social.

En su plan de gobierno, Méndez habla de una política de seguridad ciudadana integral, que considere atender los riesgos sociales como la pobreza y la inequidad social, y que combata las violaciones de los derechos humanos a manos de agentes estatales y no estatales.

Méndez establece la necesidad de crear una política de criminología, como base científica para adoptar medidas institucionales y sociales que enfrente el fenómeno de la criminalidad.

La creación de espacios recreativos es otro de sus compromisos, de ser electo para gobernar.

Marco Ameglio, también candidato por la libre postulación, enmarca su política de seguridad en la independencia de poderes, en dotar al Ministerio Público de los fondos y la tecnología para desarrollar con eficiencia las investigaciones, en el fortalecimiento del organismo de contra inteligencia para controlar el crimen organizado y las mafias.

Ameglio ha propuesto dejar sin efecto la veda de armas porque, según afirma, no detiene el crimen e incentiva el tráfico de armas.

PENAS MAYORES

Por su parte, Rómulo Roux propone el aumento de penas como medida para reducir la delincuencia.

LA SEGURIDAD EN CIFRAS

El presupuesto de seguridad aumentó casi $500 millones en una década.

Mil delitos se han producido entre los años 2007 - 2017, según las estadísticas del SIEC.

623.3

Millones de dólares fue el presupuesto asignado para la seguridad pública en el año 2017, según las estadísticas.

185.5

Millones de dólares era el presupuesto para la seguridad pública en el año 2007, según datos del Tabulario.com.

Roux ha prometido hacer inversiones en cámaras con reconocimiento facial y drones, e impulsará, además, rondas policiales continuas en las calles y barrios. Las fronteras del país y los aeropuertos serán reforzados con tecnología de punta dentro de su gobierno.

En temas migratorios, Roux considera controlar el tiempo de estadía de los extranjeros en el país. La creación de un gabinete de seguridad es la cereza del postre de su propuesta de gobierno para devolverle la seguridad a los panameños y extranjeros residentes en el país.

Ana Matilde Gómez, la única mujer que logró alcanzar las firmas necesarias para aspirar a una candidatura a la Presidencia, asegura que la forma más eficaz de luchar contra la inseguridad ciudadana es incorporando a la población en las labores de vigilancia, junto con las fuerzas del orden público.

Al igual que Roux, Gómez ha dicho que implementará cámaras y drones de vigilancia. Además, ampliará la red de luminarias y fortalecerá los sistemas de emergencia.

En un gobierno de Gómez, la seguridad ciudadana dependerá de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (2017-2030), elaborada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Panamá.

Entre los compromisos que establece el plan de gobierno de Gómez está el de aportar los fondos necesarios para modernizar la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial.

La candidata Gómez también destaca la resocialización de los detenidos, la educación de calidad, la lucha contra la pobreza y el desempleo como fundamentos estratégicos para el combate del delito y la inseguridad ciudadana.

La delincuencia está vinculada al desempleo juvenil. Al año, miles de jóvenes que culminan sus estudios no logran insertarse en el mercado laboral, porque carecen de preparación. En el país, casi la mitad de las plazas de trabajo son ocupadas por mano de obra importada. Como consecuencia, nuestros jóvenes —principal fuerza de trabajo y que está desocupada actualmente— quedarán una vez más marginados del crecimiento y desarrollo. Otros no concluyen su educación y no se encuentran preparados para una plaza laboral.