Policía Nacional y el uso de la fuerza en las protestas: ¿normal o abusivo?

Durante las últimas seis semanas, quienes salieron a manifestarse en las calles del país se han enfrentado a un escenario que, según especialistas consultados por La Estrella de Panamá, se asemeja más a un operativo policial agresivo que al ejercicio libre de una protesta ciudadana.

Los expertos en el tema destacan que fotografías y videos evidencian la presencia abrumadora de decenas de agentes de la Policía Nacional, varios de ellos portando armas utilizadas para disparar,de ser necesario, balines de goma.

A esto se le suma el uso excesivo del gas pimienta, que genera un ambiente de tensión permanente entre protestantes y los miembros de la Fuerza Pública.

Así, en medio de este panorama, los panameños ejercieron su derecho de protestar por diversas causas, encarando lo que pareciera ser un desproporcionado uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Un escenario, que según diversas opiniones de la sociedad civil, contrasta abiertamente con lo dispuesto en la Ley 62 del 22 de octubre de 2015, la cual restringe expresamente el uso de perdigones por parte de la Fuerza Pública.

Desde su primer artículo, la normativa es contundente: queda prohibido el uso de perdigones de plomo, plástico o goma por los estamentos de seguridad en el contexto de manifestaciones pacíficas.

El abogado penalista y exfiscal Giovanni Olmos dice que la normativa es un “impedimento vinculante” para el uso de la fuerza y que como toda ley vigente debe hacerse respetar por los funcionarios.

“Tal como está redactada, la ley prohíbe el uso de represión [...] pero los sectores de la población también deben buscar mecanismos más pacíficos para protestar”, dijo Olmos a La Decana.

No obstante, en protestas como la ocurrida el 21 de mayo en Boca La Caja, motivada por la imposición de la ley de zonificación por parte de la Alcaldía de Panamá, los manifestantes denunciaron el actuar de las autoridades como una “represión brutal”.

Según relataron los residentes ante las cámaras de los noticieros televisivos de TVN y Telemetro Reporta, la marcha se desarrollaba de manera pacífica a lo largo de la vía Israel, sin bloquear el libre tránsito, cuando fueron confrontados con un uso desmedido de la fuerza que incluyó bombas lacrimógenas, que afectaron hasta adultos mayores.

Ricardo Herrera, vicepresidente del Centro de Iniciativas Democráticas (Cidem), vio con preocupación que exista una ley que limite el uso de la fuerza, pero que sigan dándose incidentes como estos.

“Estamos viendo un uso desmedido por parte de los estamentos de seguridad. Esto, en vez de apaciguar la situación y crear un ambiente de diálogo, sirve como caldo de cultivo para que la crisis continúe”, manifestó a este diario.

Por su parte, el excomisionado de la Policía Nacional, Javier Carrillo, puso en duda el verdadero carácter de las llamadas manifestaciones pacíficas. Según explicó, cuando los manifestantes recurren al cierre de calles, se cubren el rostro con capuchas o lanzan piedras, dejan de encuadrarse dentro de una protesta pacífica. En esos casos, sostuvo, las fuerzas de seguridad estarían justificadas para responder con mayor firmeza.

Además de lo establecido en la ley de 2015, este medio consultó el “Manual de Procedimiento Policial” vigente, el cual contempla diversas tácticas de disuasión que deben aplicarse antes de recurrir al uso de la fuerza. Entre ellas se incluyen medidas como la presencia física y psicológica de los agentes, destinadas a disuadir la comisión de delitos.

El documento aclara que la aplicación de técnicas de intervención policial depende exclusivamente de las circunstancias del momento, y no necesariamente de la intención de los involucrados, por lo que su uso no siempre sigue una progresión gradual de las técnicas mencionadas.

Recursos como el gas lacrimógeno, las armas de fuego y otros mecanismos deben emplearse únicamente cuando sea estrictamente necesario para inmovilizar o reducir el movimiento de quien comete el delito, se indica.

A su vez, explica que los agentes policiales no deben hacer exhibición innecesaria de sus armas, evitar sacarlas de sus fundas sin motivo y manejarlas con cuidado y buen juicio.

El manual también establece de forma clara que está prohibido el uso de fuerza letal contra una persona que no haya ofrecido resistencia activa, sin importar la gravedad del delito que se le impute.

Frente a la existencia de este tipo de directrices dentro del marco operativo de la Policía Nacional, elexfiscal Olmos subrayó la necesidad de revisar la eficacia del manual porque se estaría incumpliendo, aunque recalcó que hay límites que los estamentos de seguridad están obligados a respetar.

Una visión similar comparte el abogado de la Defensoría de la Universidad de Panamá (UP), Gilberto Marulanda, quien denunció violaciones a la autonomía universitaria por parte de la Policía Nacional, considerándolas como un incumplimiento de las normas vigentes que protegen a la universidad, así como la Ley 62 de 2015.

“Entendemos el papel que cumple la Policía, pero ha habido violaciones [a las normas de la autonomía universitaria], y es importante recordar que existe un protocolo que debe respetarse”, declaró a La Estrella de Panamá.

Marulanda también confirmó a este medio que la Policía ha utilizado armas de fuego para apuntar e incluso disparar contra estudiantes, además de emplear balas de goma durante las intervenciones.

Hasta el momento la UP ha presentado cinco denuncias en contra de la Policía ante el Ministerio Público por violación de la autonomía universitaria, así como el allanamiento injustificado a estudiantes.

La Decana consultó al Ministerio de Seguridad y a la Policía Nacional sobre la manera de sobrellevar las protestas ciudadanas, así como la aplicación de la Ley 62 de 2015 y las estrategias del Manual de Procedimiento Policial, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta, pese a la reiterada insistencia del periódico.

El reporte de este diario, del pasado 5 de mayo, titulado “Armas, municiones y escudos, las compras del Ministerio de Seguridad”, reveló que durante los primeros nueve meses de la administración del presidente José Raúl Mulino, la institución ha destinado unos $212.000 para la adquisición de armamento, municiones y equipos antidisturbios.

Las compras incluyeron subfusiles, fusiles de asalto, rifles de francotirador, municiones de alto calibre y escudos antimotines. Estas adquisiciones han generado cuestionamientos por parte de organizaciones civiles, que exigen un enfoque más integral y humano en la estrategia de seguridad del gobierno, y sugieren que se priorice la prevención a través de la cultura y el deporte.