Policía recurre al pago de vacaciones para mantener agentes en las calles

La discusión comenzó con un traslado interinstitucional por 3.8 millones de dólares para el Ministerio de Seguridad Pública. Pero en pocos minutos la conversación en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional terminó exponiendo una realidad dentro de la Policía Nacional: agentes acumulando vacaciones, exfuncionarios esperando pagos atrasados y unidades policiales denunciando falta de equipos básicos.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, explicó que la mayor parte de los fondos —3.1 millones de dólares— se utilizará para pagar vacaciones acumuladas a unidades policiales que voluntariamente permanecerán activas para reforzar zonas de alto impacto delictivo.

“La idea de esta compra de vacaciones es básicamente reforzar las zonas de impacto, que son las que más nos están generando incidentes”, explicó Fernández ante los diputados.

Según detalló, el programa busca mantener operativas a cientos de unidades mientras ingresan nuevas promociones policiales.

Vacaciones acumuladas y refuerzo policial

Fernández explicó que el plan contempla pagos a: 220 agentes, 220 cabos segundos, 200 cabos primeros, 160 sargentos segundos, 120 sargentos primeros, y 80 subtenientes.

El director sostuvo que muchas unidades acumularon vacaciones durante años debido a necesidades operativas y falta de relevo dentro de la institución.

“Varias de estas unidades en el tiempo se han quedado sin las vacaciones y las han trabajado”, afirmó.

La estrategia, añadió, busca evitar que esos pagos se conviertan en obligaciones más costosas cuando los agentes asciendan de rango.

El programa también incluye un esquema especial de trabajo voluntario con jornadas de cinco días laborales y dos de descanso.

Además, la Policía solicitó recursos para alquilar 30 vehículos destinados a la movilización de unidades en las zonas intervenidas.

“De nada sirve tener tanta gente sin poder movilizarlas”, dijo Fernández.

Detrás del pago de vacaciones acumuladas apareció otro problema que explica la presión operativa dentro de la institución: las jubilaciones masivas.

Durante la sesión, Fernández reveló que la Policía Nacional enfrenta el retiro de unos 2,000 agentes este año y otros 2,000 el próximo.

“Estamos jubilando alrededor de 2,000 personas este año y 2,000 personas el otro año, por lo cual eso nos crea un reto”, reconoció.

El director explicó que este año se graduarán cerca de 1,000 nuevos agentes, una cifra que no compensa completamente las salidas previstas.

El dato dejó expuesta una realidad compleja: mientras aumentan los reclamos ciudadanos por inseguridad y mayor presencia policial, la institución enfrenta dificultades para sostener su pie de fuerza.

En ese contexto, el pago de vacaciones acumuladas aparece como una medida temporal para mantener más unidades activas mientras ingresan nuevas promociones policiales.

El debate cambia de rumbo

La explicación del director abrió inmediatamente otra discusión: las prestaciones pendientes dentro de los estamentos de seguridad.

La diputada Jannine Prado preguntó directamente por las primas de antigüedad adeudadas a exfuncionarios policiales.

Prado recordó que otros estamentos ya avanzan en esos pagos, mientras exmiembros de la Policía Nacional continúan esperando.

“¿Cuál es la planificación que se tiene al respecto para poder cumplirle a estos exfuncionarios en sus prestaciones laborales?”, preguntó.

La diputada aseguró que desde su curul mantiene seguimiento constante al tema y acompañamiento a afectados.

Una deuda acumulada durante años

Autoridades reconocieron que las primas de antigüedad representan una deuda acumulada durante varias administraciones y un problema financiero de gran escala para el Estado.

El viceministro de Seguridad explicó que durante 2025 la institución destinó alrededor de un millón de dólares de sus propios ahorros para atender parte de esos pagos.

Añadió que para 2026 el Ministerio de Economía y Finanzas asignó nueve millones de dólares adicionales: cinco millones mediante aportes extraordinarios, y cuatro millones incorporados al presupuesto.

Según explicó, entre presupuesto y ahorros institucionales ya se pagaron cerca de 18 millones de dólares en primas de antigüedad durante este año.

Aun así, las autoridades admitieron que los compromisos pendientes siguen siendo elevados.

El subdirector de Presupuesto de la Nación, Justo Votazo, calificó el tema como “un problema de Estado”.

“Es un problema que viene en acumulación en las últimas administraciones”, afirmó.

Uniformes, botas y una tropa desgastada

Aunque el traslado presupuestario se enfocaba en vacaciones y obligaciones laborales, el debate volvió a exponer otro reclamo que marcó la sesión legislativa: las condiciones en las que trabaja parte de la tropa policial.

En intervenciones previas durante la misma jornada, diputados denunciaron que agentes compran con recursos propios botas, uniformes e incluso chalecos antibalas.

Prado había advertido horas antes sobre el deterioro visible en parte de las unidades policiales.

“Mi voto fue condicionado al hecho del compromiso que ustedes han adquirido de dotar a las unidades en un tiempo no mayor a 60 días”, dijo la diputada, en referencia a la promesa hecha por Fernández para renovar uniformes y botas.

El director reconoció entonces que la Policía enfrenta problemas históricos de dotación y aseguró que trabajan en un proceso de adquisición para clases y agentes.

“Después de 10 años prácticamente vamos a poder dotar a las unidades con uniformes”, afirmó.

Seguridad bajo presión

La discusión sobre vacaciones, pagos atrasados y equipos ocurre en un momento de fuerte presión para la Policía Nacional.

Diputados de distintas bancadas alertaron durante la sesión sobre: aumento de la inseguridad, expansión de pandillas, temor ciudadano en comunidades, y desgaste operativo dentro de la institución.

Fernández también reconoció que la Policía enfrenta una ola de jubilaciones. Según dijo, unos 2,000 agentes se retirarán este año y otros 2,000 podrían hacerlo el próximo.