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- 05/08/2015 02:00
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harley Mitchell propuso agilizar el proceso de atención de las denuncias de violencia doméstica, que entre 2013 y 2015 aumentaron un 11% a nivel nacional.
El magistrado y expresidente de la Corte se une a la preocupación expresada recientemente por algunos fiscales de Familia sobre el incremento de la violencia doméstica en el país.
Sus recomendaciones están contenidas en un anteproyecto de ley que modifica los artículos 20 y 21 de la Ley 38 del 10 de julio de 2001 y del Código Penal y Judicial, sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente ( ver infografía ).
En su exposición de motivos, el magistrado hace un balance de las dificultades que encuentran los denunciantes para culminar el proceso legal.
A juicio del magistrado, la mayoría de los denunciantes temen que su cónyuge tome represalias contra ella (él) o sus hijos, por lo que declinan en medio del proceso y este termina por constituir ‘un desgaste físico, personal y material', señala el documento.
El sistema de justicia, alega Mitchell, no tiene un filtro al momento de recibir denuncias y faltan programas de orientación en las etapas iniciales del conflicto.
‘Las medidas de protección podrían constituirse en recursos valiosos, pero muchas veces no se cumplen o no son efectivas por la demora o el desconocimiento de las normas que autorizan las corregidores y la Policía para la prácticas de medidas de protección', recalcó.
A renglón seguido, el magistrado hace referencia a las boletas de protección.
‘Muchas víctimas no hacen efectivas las órdenes de protección por desconocer sus efectos, haciendo efectiva, en la mayoría de los casos, las boletas de captura', señala el magistrado en el documento, que debe ser aprobado por el pleno de la Corte para ser enviado a la Asamblea Nacional.
Entre junio de 2013 y mayo de 2014, se registraron en el país 19,222 denuncias, mientras que de junio de 2014 a mayo de 2015, la cifra había aumentado a 21,359 expedientes.
De las 21,359 denuncias durante el periodo 2014-2015, 18,550 fueron por violencia doméstica y el resto (2,809), por maltrato a menores.
Los fiscales estuvieron de acuerdo con Mitchell en que la mayoría de las denuncias quedan impunes porque las víctimas desisten en el proceso.
Para el magistrado Mitchell, es común que por diversos motivos (económicos, falta de instituciones de apoyo, vulnerabilidad psicológica), las mujeres retornen al domicilio con el agresor, sin que el Juzgado se entere.
‘Consideramos que estas decisiones tienen que ver con la dependencia económica, temor y ‘afectividad' que tienen los miembros del núcleo familiar con el agresor, produciéndose en muchos casos la revictimización', indicó el magistrado.
Mitchell también hace referencia a las medidas de protección que establece la Ley 38 y que deben asumir tanto las autoridades judiciales como administrativas. El magistrado pide que las autoridades administrativas, como la Policía, establezcan procedimientos rápidos para el intercambios de datos con el Ministerio Público o la autoridad judicial, de manera que se facilite la toma de decisiones y la adopción de medidas.
Además, pide que las autoridades localicen al agresor y lo trasladen a un despacho de instrucción con carácter de urgencia dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos.
‘No es suficiente la presentación formal de una denuncia; el victimario debe comparecer personalmente ante el despacho', dijo.
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‘No es suficiente hacer la denuncia; el agresor también debe ser conducido',
HARLEY MITCHELL
MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA