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- 14/10/2019 00:00
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La Fiscalía Anticorrupción admitió una querella criminal en contra del rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Héctor Montemayor, y un grupo de altos funcionarios de esta casa de estudios superiores y compulsó copias del expediente a la Procuradora General de la Nación.
El rector Montemayor fue querellado por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, tráfico de influencias y dolo en el cumplimiento de funciones.
La querella criminal fue interpuesta por el decano y el vicedecano electos de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UTP, los doctores Edilberto Hall y Alcibíades Mayta, respectivamente, quienes no han podido tomar posesión de sus cargos, a pesar de haber ganado las elecciones con más del 90% de los votos escrutados.
Las elecciones para decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica se realizaron el 15 de junio del 2016; sin embargo, transcurridos tres años de este ejercicio universitario, ni el decano electo ni el vicedecano han podido asumir el cargo ni desempeñar sus funciones.
La querella advierte de que a pesar de haber sido proclamados, el rector Montemayor y otros funcionarios de alta jerarquía involucrados, presuntamente han ejecutado actos irregulares que impiden de forma ilegítima que las autoridades de esa unidad académica de la UTP puedan tomar posesión de sus cargos.
La querella señala además que el rector y los otros funcionarios de la UTP han incurrido en delito porque han rehusado, omitido y retardado actos propios de sus cargos con la finalidad de no cumplir con la toma de posesión de las autoridades de acuerdo al acta de proclamación.
Mediante la resolución motivada, la Fiscalía Anticorrupción al admitir la querella criminal, envió copias a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue al rector de la UTP, Héctor Montemayor, ya que carece de competencia para ello en base al artículo 40 del Código Procesal Penal.
Igualmente se querelló al rector de la UTP y sus subalternos por tráfico de influencias, ya que presuntamente realizan actos con el propósito de afectar, modificar o revocar el acta de proclamación elaborada por el Jurado de Elecciones.