Repartidores de Pedidos Ya piden mediación a la Cámara de Comercio

El paro de motorizados de PedidosYa, que se mantiene desde el 13 de abril, ha dejado al descubierto un conflicto que trasciende la discusión por tarifas: evidencia tensiones estructurales dentro del modelo de plataformas digitales y el vacío legal en el que operan miles de repartidores en Panamá.

Este martes 21 de abril representantes de los motorizados solicitaron acompañamiento institucional a la Primera Dama y a la Cámara de Comercio mediación en el conflicto que mantienen con la empresa

Densy Iván Cárdenas, vocero de la Asociación de Motorizados, explicó a La Estrella de Panamá que la protesta surge ante la intención de la empresa de profundizar un esquema de pago por kilometraje que, según los repartidores, reduce significativamente sus ingresos. De acuerdo con su testimonio, anteriormente la tarifa fija por entrega era de $3.25, cifra que tras una negociación bajó a $2.50. Ahora, denuncian que el nuevo modelo parte de una base cercana a $1.70, dependiendo de la distancia recorrida.

“Ese método no funciona en la ciudad de Panamá por lo pequeña y sectorizada que es”, sostuvo Cárdenas, al argumentar que en trayectos cortos el pago resulta inferior, mientras los costos operativos —gasolina, mantenimiento, seguros y desgaste del vehículo— continúan recayendo en el motorizado.

Los repartidores insisten en que no buscan ser reconocidos como empleados formales, pero sí exigen condiciones más equitativas dentro de su relación con la plataforma. “Yo quiero seguir prestando mis servicios profesionales, pero que mantengamos el contrato. Ellos violentan el contrato”, afirmó el vocero.

Uno de los principales puntos de fricción es la falta de canales de diálogo. Según Cárdenas, han intentado establecer comunicación directa con la empresa sin éxito. En paralelo, enviaron cartas al Ministerio de Gobierno, al despacho de la Primera Dama y a la Cámara de Comercio, solicitando mediación para instalar una mesa de negociación. Hasta el momento de su declaración, no habían recibido respuesta.

La ausencia de una instancia clara de arbitraje se vincula con la naturaleza jurídica del vínculo entre plataforma y repartidor. Rodrigo Icaza, presidente de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, explicó que este tipo de relaciones se enmarca en la llamada gig economy, donde los trabajadores operan como prestadores independientes y la plataforma actúa como intermediaria entre proveedor y consumidor.

Desde esta perspectiva, no existiría una relación laboral tradicional, lo que limita la capacidad de intervención directa del Estado. Icaza señaló que, en estos casos, los términos y condiciones aceptados por el prestador de servicios constituyen la base del acuerdo, por lo que eventuales reclamos deberían analizarse por la vía civil.

La interpretación, sin embargo, no es compartida por los motorizados, quienes consideran que la empresa puede modificar condiciones esenciales sin un proceso de negociación real. En ese punto se concentra el debate: una relación que no es laboral en términos formales, pero que tampoco parece completamente simétrica.

Mientras el conflicto continúa, sus efectos ya se sienten en el ecosistema comercial. Restaurantes y negocios que dependen del reparto han reportado retrasos, agrupación de pedidos y fallas en la calidad del servicio final. En productos sensibles, como alimentos que requieren condiciones específicas de temperatura o rapidez, el impacto es aún mayor.

El restaurante Keene’s anunció en redes sociales la suspensión temporal de su operación en la plataforma, al considerar que la experiencia de entrega no cumplía con los estándares de la marca. La empresa informó que optará por alternativas como pedidos directos, motorizados privados y otras aplicaciones.

A nivel interno, los voceros del gremio decidieron mantener la paralización. En una reciente votación, 12 de 18 representantes respaldaron la continuidad del paro, mientras seis se pronunciaron en contra. No se ha establecido una fecha para el retorno a operaciones, aunque reconocen que la sostenibilidad del movimiento dependerá de la capacidad económica de los propios repartidores.

La huelga de PedidosYa reabre así una discusión de fondo sobre el futuro del trabajo en plataformas digitales en Panamá. Entre la flexibilidad que ofrece el modelo y la falta de garantías que denuncian sus trabajadores, el país enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio que permita el desarrollo del sector sin desatender las condiciones de quienes lo sostienen.