Represión policial: cuestionamientos sin respuestas de las autoridades

Mientras aumentan los cuestionamientos por el posible uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional para controlar las manifestaciones, las autoridades se niegan a explicar sus procesos y el tratamiento a las protestas.

Diferentes sectores sociales han alzado su voz, criticando la represión como método para contener el descontento ciudadano contra la ley de pensiones, el memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos y la reapertura de la mina de cobre ubicada en Colón.

Varios abogados, así como el Centro de Iniciativas Democráticas (Cidem), han señalado “el uso excesivo de la fuerza”, y resaltan que no se está cumpliendo con la Ley 62 de 2015 que prohíbe el uso de perdigones de plomo, plástico y goma en las manifestaciones pacíficas.

A su vez, reclaman el cumplimiento de Panamá a la adhesión a normas internacionales como los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el reporte periodístico “Ley 62, la norma ignorada que divide opiniones sobre el control de las protestas”, publicado el 2 de junio pasado en La Estrella de Panamá, diversos expertos analizaron normas advirtiendo que con el uso excesivo de la fuerza pública no se resuelve el conflicto social, pues esto actúa como “caldo de cultivo” para profundizar la crisis que atraviesa el país.

Esto quedó evidenciado el pasado fin de semana, cuando hubo enfrentamientos entre la Policía Nacional y residentes de comunidades de Arimae e Ipetí, en la comarca Guna Yala y también en la provincia de Darién.

Videos grabados por ciudadanos muestran presuntos casos del uso de perdigones por parte de los cuerpos de seguridad.

Autoridades de las comarcas también denunciaron públicamente el uso de la fuerza, categorizándolo como “otro episodio en el que los miembros de los pueblos Ngäbe-Buglé y Emberá han resultado heridos”.

El Congreso Guna también responsabilizó directamente a las autoridades gubernamentales por instruir el uso desproporcionado de la fuerza contra comunidades indígenas que han decidido unirse a las manifestaciones nacionales contra políticas consideradas “antipopulares”.

Por otro lado, más de 100 intelectuales, activistas y académicos de 18 países han firmado un manifiesto internacional que denuncia ante la opinión pública en general la represión estatal en Panamá y exige el respeto a los derechos humanos y la restauración de la democracia.

El documento titulado “SOS Panamá”, con fecha del 2 de junio y publicado en redes sociales , fue impulsado por panameños en el extranjero preocupados por la situación en el país y hacen un llamado urgente al Gobierno nacional para detener la violencia contra movimientos sociales, indígenas, ambientales y sindicales, y para priorizar el diálogo y el respeto a las libertades fundamentales.

El manifiesto exige la intervención urgente de organismos internacionales de derechos humanos ante lo que califican como “la escalada de violencia estatal”.

También denuncian detenciones masivas, sanciones a huelguistas, amenazas de despidos y persecución judicial.

Los firmantes alertan sobre el uso excesivo de la fuerza por parte del Gobierno y describen lo que, a su juicio, es una debilitada separación de poderes, advirtiendo sobre el deterioro del Estado de derecho.

Desde el jueves pasado, La Estrella de Panamá ha intentado obtener explicaciones a estos cuestionamientos por parte del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional respecto al cumplimiento de la Ley 62 a través de los canales oficiales de ambas instituciones, sin éxito.

El viernes pasado se prometió que para este lunes habría respuestas sobre la posición de estas entidades en cuanto a la normativa y las estrategias utilizadas por los estamentos de seguridad para contener las protestas ciudadanas de las últimas semanas, pero al cierre de esta edición eso no ocurrió.

La Decana contactó de forma directa al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, quien delegó la responsabilidad de responder al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

Este medio trataba de obtener la explicación del ministerio por los videos en los que se aprecia a los agentes del control de multitudes utilizando perdigones en enfrentamientos con grupos civiles en Darién el pasado fin de semana, así como en otras comarcas, entre otras interrogantes que la ciudadanía aún espera por respuestas.

Aunque, según la Policía, tenían su versión sobre los cuestionamientos hechos por este medio, al cierre de esta edición, es decir, a las 8:42 de la noche, no se había recibido la comunicación de la institución.