¿Revocar o castigar? Empresarios advierten sobre uso político de la revocatoria de mandato

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) se pronunció este domingo sobre la creciente ola de solicitudes de revocatoria de mandato presentadas contra autoridades electas por libre postulación, alertando sobre los riesgos de un uso desproporcionado de este mecanismo y proponiendo una revisión de fondo como parte del debate de reformas electorales.

En menos de un mes, el Tribunal Electoral ha recibido una decena de solicitudes de revocatoria dirigidas exclusivamente a funcionarios elegidos por la vía independiente, situación que para Apede plantea una seria preocupación por su impacto en la estabilidad institucional y la representatividad democrática.

“Este recurso de democracia directa es legítimo, pero su uso intensivo y concentrado podría debilitar una figura que ha ampliado las vías de participación ciudadana más allá de los partidos tradicionales”, advirtió Giulia De Sanctis, presidenta de Apede.

La organización empresarial subrayó la existencia de desigualdades estructurales en el proceso de revocatoria. Mientras que a los diputados o autoridades electas por partidos políticos solo se les puede revocar mediante procedimientos internos definidos por las propias agrupaciones, cualquier ciudadano puede activar el proceso contra un independiente, incluso sin argumentos concretos.

“El Código Electoral exige pruebas claras y firmas equivalentes al 30% del padrón, pero en la práctica, esta figura se ha convertido en una herramienta política que puede usarse para desgastar sin fundamentos reales”, señaló De Sanctis.

Apede considera que esta asimetría no solo vulnera el principio de igualdad ante la ley, sino que pone en riesgo la legitimidad de una opción política que representa una respuesta a la desafección hacia los partidos tradicionales.

En el contexto actual, en que el país discute reformas al sistema electoral, Apede instó a incluir una revisión integral del mecanismo de revocatoria, con énfasis en los criterios legales, la equidad de acceso y los límites del ejercicio ciudadano.

“No se trata de restringir derechos, sino de asegurar que el proceso de revocatoria no se use como herramienta para socavar la democracia. Debe ser un recurso excepcional, sustentado en la legalidad y no en intereses coyunturales”, destacó la dirigente empresarial.

Finalmente, la organización reiteró su compromiso con el fortalecimiento democrático del país y la necesidad de elevar los estándares institucionales. “Solo con reglas claras y justas para todos podremos construir una democracia más sólida, representativa y confiable”, concluyó De Sanctis.