Senniaf bajo la lupa otra vez: claves de los antecedentes que marcaron la crisis de los albergues en Panamá

La nueva denuncia presentada este viernes 6 de febrero por la diputada Alexandra Brenes contra la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) por presuntos abusos en el albergue de Tocumen vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿desde cuándo se arrastran las irregularidades en el sistema de protección de menores en Panamá?

Aunque el caso actual ha reactivado la alarma pública, lo cierto es que la institución ha enfrentado durante años cuestionamientos por la gestión de albergues y la seguridad de niños y adolescentes bajo tutela estatal.

Estas son las claves para entender cómo se ha construido esta crisis.

Escándalo nacional por abusos en albergues se destapa en el 2021

Uno de los episodios más críticos ocurrió en 2021, cuando investigaciones y auditorías revelaron abusos físicos, psicológicos y sexuales contra menores en varios albergues supervisados por el Estado.

El caso provocó indignación social, protestas ciudadanas y exigencias de justicia, además de abrir múltiples procesos judiciales contra presuntos responsables.

La magnitud del escándalo golpeó la credibilidad del sistema de protección infantil y obligó a las autoridades a revisar los protocolos de supervisión.

Renuncias y crisis institucional en el Senniaf

Las revelaciones derivaron en una fuerte crisis dentro de la institución.

En medio de la presión pública, Mayra Silveira renunció como directora del Senniaf en marzo de 2021, tras los señalamientos por fallas en la supervisión de albergues.

Días antes, también había presentado su renuncia la entonces ministra de Desarrollo Social, Markova Concepción, en un intento del Ejecutivo por contener el impacto político del escándalo.

Para muchos sectores, aquel momento marcó un punto de quiebre en la confianza hacia la capacidad del Estado para garantizar entornos seguros para los menores.

Condenas vinculadas al manejo de albergues

Años después, el sistema volvió a ser cuestionado cuando la justicia confirmó la condena contra la exfuncionaria del Senniaf, Celine del Carmen Brown Fuentes, sentenciada a 60 meses de prisión por el delito de maltrato a niños y adolescentes.

El caso evidenció fallas graves en la toma de decisiones, luego de que un menor con discapacidad fuera ubicado en un centro para adultos, donde terminó siendo víctima de abuso.

El más reciente capítulo lo protagoniza la diputada Brenes, quien presentó una denuncia por presuntos abusos, maltrato y negligencia en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

La diputada sostiene que existen informes y reportes internos que advertían sobre posibles vulneraciones de derechos sin que se tomaran medidas oportunas.

Además, un exfuncionario que acompañó la denuncia asegura haber sido separado de su cargo tras alertar sobre estas situaciones.