¿La homofobia en las sombras?

PANAMÁ. Los crímenes homofobicos no cuentan, como ‘no cuentan para el Estado los ciudadanos que hemos optado por la opción sexual de la diferencia’, dice Ricardo Beteta, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá.

Por eso Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT), recorren diariamente las calles de los países Latinoaméricanos, escondiéndose por miedo: a sus familias, a la policía, a la homofobia que ‘justifica con el rótulo de la moral y las buenas costumbres, la violación a los derechos humanos’, afirma Celia Moreno, de la Asamblea Ciudadana.

El peligro de la homofobia es que cobra vidas, como la de Daniel Zamudio, el joven chileno que murió el pasado 27 de marzo luego de una golpiza brutal. Le apagaron cigarrillos en el cuerpo, le desfiguraron la cara, le arrancaron parte de una oreja, le rompieron una botella en la cabeza y le marcaron tres cruces esvásticas en la piel con pedazos de vidrio. Los médicos dicen que sus órganos están tan deteriorados que ni siquiera sirven para ser donados.

La Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH, recuerda que es obligación de los Estados investigar de oficio estos hechos y sancionar a los responsables.

Por su parte, La Oficina Regional para América Latina, Onusida, repudió enérgicamente los casos de muertes, desapariciones y violaciones a los derechos humanos de las personas transexuales y travestis.

De Chile a Panamá no hay mucha diferencia. Beteta y Celia narran historias de travestis heridos, violados, golpeados, ultrajados que quedan en el silencio impune por el temor y la desconfianza en el sistema. Las cifras oficiales no datan sus casos porque ‘no hay políticas públicas ni leyes que nos protejan’, afirma Beteta, quien presentó hace dos años un anteproyecto de Ley que busca la inclusión social para las personas homosexuales y la protección de agresiones físicas y verbales.

Dicho proyecto ni siquiera ha pasado a primer debate porque el Estado ‘no reconoce que somos sujetos de derechos’, concluye Beteta.

¿Es justo que en pleno siglo XIX el Estado siga avalando crímenes en nombre de la moral y las buenas costumbres?