Ratificación de magistrados, una tarea para el próximo gobierno

El Ejecutivo no logró que los diputados discutieran en las sesiones extraordinarias la ratificación de Abel Zamorano y Olmedo Arrocha como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El problema del presidente Juan Carlos Varela es que tampoco hay seguridad de que en las sesiones ordinarias, que se inician el 2 de enero, se incluya en agenda y se ratifique estos nombramientos.

‘Falta de ambiente', ‘diciembre no es un mes propicio', ‘el oficialismo no cuenta con los votos' han sido la ‘justificación' de los diputados para dejar en remojo el tema.

En la Asamblea Nacional, se informó a La Estrella de Panamá que la inacción de los diputados responde a una ‘estrategia política del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), que juntos hacen mayoría, para no discutir el tema hasta el cambio de gobierno'.

Los candidatos del Ejecutivo para la Corte Suprema

El Consejo de Gabinete aprobó el 20 de noviembre la designación de Abel Zamorano como magistrado principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo (hasta el 2020) y de Olmedo Arrocha como magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, el presidente, Juan Carlos Varela, dejó en suspenso la designación del remplazo del magistrado Jerónimo Mejía, en la Sala Penal, quien actúa como juez de garantías en el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por supuestos pinchazos telefónicos.

Por más de tres años, Zamorano ha actuado como principal del despacho después de que se sentenciara a cinco años de cárcel al magistrado Alejandro Moncada Luna, nombrado en la administración de Martinelli.

Arrocha es uno de los 20 seleccionados que entregó la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia en abril pasado al Ejecutivo como parte del abanico de aspirantes.

Cuando Arrocha decidió aspirar al cargo, renunció al Partido Panameñista, pero continuó en una alta posición en el Ministerio de Economía y Finanzas, como director del Programación de Inversiones.

En el caso hipotético de que los diputados ventilen la propuesta del Ejecutivo y no ratifiquen a Zamorano y a Arrocha, darían pie al Ejecutivo para que envíe a dos nuevos candidatos. Este sería un tercer intento del presidente para remplazar a los magistrados Oydén Ortega y Jerónimo Mejía. Ambos concluyeron su periodo en diciembre de 2016, pero no han podido abandonar el cargo a falta de un reemplazo.

La apuesta, según esta persona, es que ‘al permanecer en suspenso las figuras propuestas por el Ejecutivo; es decir, sin aprobación o rechazo, el presidente queda imposibilitado de enviar una nueva dupleta a la Asamblea'.

Entonces, en el siguiente quinquenio, al gobierno entrante le corresponderá nombrar a siete de los nueve magistrados y dos suplentes ( ver tabla ).

En enero de este año, el Pleno dejó sin confirmar las posiciones de Luis Camargo y Katia Di Bello, cuando rechazó la ratificación de las aspirantes principales Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore, designadas por el Ejecutivo como sustitutas de Mejía y Ortega.

De discutir el tema en las sesiones ordinarias que inician en una semana, el oficialismo necesitará 36 votos, que en este momento no tiene. Será difícil conversar con los diputados para lograr una mayoría cuando Pedro Miguel González, secretario general del principal partido opositor, ya dijo que ‘el nuevo gobierno debe hacer los nombramientos'.

La que corre es la última semana que tendrían los diputados para cumplir con la ratificación de la designación de los magistrados en sesiones extraordinarias. Sin embargo, la Comisión de Credenciales, primer filtro para este proceso, ni siquiera ha llamado a sesión o a consulta ciudadana.

¿Cómo enfrentarán los candidatos presidenciales este tema?

El reto será nombrar una mayoría en la Corte que no se identifique con lo mismo que hasta el momento ha levantado el repudio de la ciudadanía al percibir que los nombramientos para estos cargos resultan una especie de proteccionismo para el presidente de turno.

Sin embargo, hay quienes consideran que los diputados podrían estar negociando ‘algo' con el Ejecutivo, no necesariamente dinero, a cambio de la aprobación de los candidatos a la Corte. De ser así, ocurriría durante el periodo ordinario.

JUDICIAL MERMADO

Las designaciones a la Corte coinciden con un momento muy cuestionado sobre el desempeño de los magistrados: denuncias por venta de fallos, los cuestionamientos por el manejo del caso del expresidente Ricardo Martinelli, quien está siendo juzgado por supuestos pinchazos, así como las denuncias de los querellantes sobre la supuesta presión que ejerce el magistrado José Ayú Prado, sobre el resto de sus colegas, para favorecer los intereses de Martinelli, entre otros escándalos.

El no contar con los nombramientos en forma, también ha dejado como consecuencia que este Órgano del Estado no tenga un presidente electo, luego de que Ayú Prado renunciara al cargo el pasado 1 de febrero y pasara el mando a Hernán De León.

‘Hoy en día el poder judicial no está de iguales que el resto de los poderes porque no tiene una vocería estable que visibilice las necesidades de la justicia desde el punto de vista institucional. Mientras no haya un presidente de la Corte en debida forma, nadie siente la responsabilidad de este ente ante el resto de los poderes', opina Juan Carlos Araúz, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados .

A su juicio, aunque el magistrado De León actúe en forma temporal, no tiene la misma jerarquía para poner en contexto los problemas de la justicia y concientizar a la sociedad de los vaivenes de éste órgano.

‘En el tema de la justicia hay un desbande total en el sentido de que no solo no se nombra a los magistrados, no hay un deseo real de encontrar a las personas más honorables, sino las más convenientes. No se nombra a los magistrados idóneos, sino que se posterga para el beneficio de maquinaciones políticas. Se negocia con la justicia de la manera más abierta y vergonzosa, y eso no lo dicen quienes tienen la percepción, sino los propios magistrados de manera formal', indicó el presidente de la Fundación Panameña de Ética y Civismo, Luis H. Moreno.

Moreno añadió que si bien es cierto que la responsabilidad de designar a los magistrados es del Ejecutivo, deben ser personas idóneas y capaces para someterlas por Constitución a la Asamblea. Pero el propio presidente no cumple con esa parte de la Carta Magna. Luego ‘cuando llegan a la Asamblea, no las ratifica porque no les da la gana, por cuestiones políticas, y nadie toma una decisión para ver si esto se mejora', añadió.

El diputado panameñista José Antonio Domínguez calificó de irresponsable que el Pleno legislativo no debatiera la aprobación o rechazo de los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia.

‘Entre el PRD y el CD tienen mayoría, y si ellos de forma responsable deciden debatir el nombramiento, pueden aprobar o rechazar sin la presencia de quienes hayan decidido no asistir. Mantener en ascuas al país por el nombramiento de los magistrados es muy irresponsable', insistió Domínguez.

La Estrella de Panamá intentó contactar al diputado Sergio Gálvez, presidente de la Comisión de Credenciales, y al diputado Pedro Miguel González, pero no tuvo éxito.