Trabajadores y empleadores mantienen marcadas diferencias por Ley 157

A un mes de quedar sin efecto la Ley 157 del 3 de agosto de 2020, no hay una propuesta en firme para resolver la situación de miles de trabajadores con contratos suspendidos por los efectos de la covid-19.

El tema ha generado una marcada diferencia entre empleadores y trabajadores sobre el futuro de la Ley 157. Por esa razón el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) evalúa las opciones que permitan a trabajadores y empresarios llegar a consensos.

Una fuente de la entidad aseguró que se evalúan varias medidas para resolver el tema, pero prefieren mantener la reserva hasta que sean discutidas entre los trabajadores y empresarios.

El sector empresarial promueve la revisión y extensión de la medida laboral para proteger a las empresas que se han visto más afectadas por la pandemia y que aseguran que su recuperación será lenta para el próximo año.

“La realidad es que existen empresas que han sido muy afectadas por la pandemia, mientras que las empresas que han logrado abrir se encuentran con un escenario de demanda de bienes y servicios mucho menor del que se tenía antes de la pandemia. Esto ha provocado que la activación de los contratos sea lenta”, explicó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jean-Pierre Leignadier Dawson.

Debido a esta situación, se proyecta que la población que depende del empleo informal superaría al 50% de la población económicamente activa.

“Va a tomar un tiempo de ajuste tanto para las empresas como para las personas. Todos quisiéramos que se hubiese logrado la activación de la mayoría de los empleos, pero eso solo dependerá de la realidad económica del país que ha sido impactada significativamente”, agregó Leignadier Dawson.

Eduardo Gil, secretario general de convergencia social del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), tiene otro enfoque sobre el mismo problema y considera que el 1 de enero de 2021 deben reactivarse todos los contratos suspendidos y, por ende, dejar sin efecto la Ley 157 que a su juicio les dio a los empleadores la discrecionalidad o potestad para determinar el número de trabajadores que regresarían a sus labores.

Mientras que Gil advirtió que las empresas se han mantenido con un bajo porcentaje de contratos reactivados y que eso tiene una repercusión sobre la economía y las finanzas estatales.

“Aun cuando las empresas están al 100% siguen manteniendo un alto porcentaje de contratos suspendidos. La discrecionalidad debe eliminarse a partir de la suspensión de la Ley 157. Los empresarios han abusado de las medidas que se han implementado; con el pretexto de proteger el empleo lo que están haciendo es proteger sus ganancias”, afirmó Gil.

El representante del gremio de trabajadores denunció abusos e irregularidades de los empresarios. Aseguró que las empresas están subcontratando a trabajadores para realizar las funciones de personas con contratos suspendidos, que se está aplicando la modalidad de servicios profesionales para cubrir estas posiciones, y reduciendo la jornada de trabajo unilateralmente. Además, aseguró que no están registrando a los trabajadores que se están contratando.

René Quevedo es consultor laboral y es de la idea que si no se logra un consenso entre las partes, antes del 31 de diciembre, lo que se avecina para el país es un incremento dramático del desempleo que podría superar las 400 mil personas, más que a la misma fecha del año pasado. Y prevé un 25% de desempleo para finales del año 2020. Aunque las estadísticas oficiales establecen que el desempleo oscilará entre un 12% y 20%.

Quevedo reconoce que la reactivación económica ha sido lenta al destacar que de los 285 mil contratos que se han suspendido, solo se ha logrado la reactivación de 88 mil, y lo atribuye al bajo consumo que se ha registrado, sin embargo, ponen esperanzas en el comportamiento comercial de fin de año donde, a su juicio, se prevé que la reactivación de los contratos suspendidos se duplique a 150 mil.

Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) hace referencia a 369 mil contratos suspendidos, de los cuales 90 mil plazas han sido reactivadas.

Vìctor Collado, abogado especialista en temas laborales, considera que existe una situación de “indefinición” porque no todas las empresas están en condiciones de recibir a sus trabajadores.

Al abogado le preocupa que cualquiera indemnización que haya que pagarles a las personas suspendidas debe hacerse de acuerdo al salario de los últimos seis meses.

“En consecuencia, si ese trabajador no ha recibido nada desde el punto de vista legal, no le toca nada”, agregó el jurista.

Collado explicó que la ley que vence el 31 de diciembre establece que la indemnización se paga con el salario anterior al 30 de marzo de 2020. Pero la ley termina el 31 de diciembre, por lo que quedaría aplicar el Código de Trabajo.

“Esto es inconcebible, pero jurídicamente viable”, indicó Collado, que recomienda llamar a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional para que resuelva las indefiniciones de la ley. La otra opción es realizar un acuerdo extraordinario para que no se aplique el Código o se prorrogue el pago de las indemnizaciones.

La Ley 157 del 3 de agosto de 2020 establece que los trabajadores deben regresar a sus puestos de trabajo con las mismas condiciones de antes de marzo de 2020, cuando se reportaron los primeros casos de la enfermedad en Panamá. El tema promete un amplio debate entre trabajadores y empleadores, que luchan por sobrevivir en medio de la pandemia. Al mismo tiempo crecen las expectativas por conocer las propuestas del Mitradel para resolver el tema.