Videos reportan abuso policial, pero la Defensoría solo ha recibido 17 quejas

Durante más de un mes de manifestaciones en todo el país, la Defensoría del Pueblo ha recibido 17 quejar por abuso policial y otras violaciones a los derechos de los manifestantes.

Así lo manifestó la adjunta del defensor del Pueblo, Clarissa Martínez a La Estrella de Panamá. “Nosotros lo que realizamos de acuerdo a nuestra ley es quejas o peticiones. Se ha hecho la apertura de quejas de oficio por parte de nosotros y también a solicitud de parte tenemos 17 ahora mismo. Se han centrado más que nada en el área de San Félix y Veraguas”, detalló Martínez.

Explicó que en muchos casos se trata de docentes que fueron afectados por gas pimienta o empujados por miembros de la Policía Nacional durante manifestaciones pacíficas. “Nosotros cuando es así en el acto monitoreamos y protegemos a través de nuestro plan de acompañamiento ciudadano. Ustedes nos ven con nuestro chaleco azul observando de acuerdo al manual de observancia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; cualquier situación que haya que levantar un informe nosotros la anotamos”, aseguró la adjunta del defensor.

Contrario al bajo número de quejas, se encuentra una abundancia de videos en redes sociales con manifestantes lesionados presuntamente por la miembros de la Fuerza Pública y denuncias por represión y presunto abuso policial.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, habló sobre las manifestaciones y el uso de fuerza por parte de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) durante una entrevista en Radio Panamá. “En este tema vivimos tres realidades, la realidad de la capital, la realidad de Bocas y la realidad de Darién, que no son iguales, y que tenemos que prestarle mucha atención. En la Defensoría hemos visto el uso excesivo del gas. Estamos verificando cada uno de los videos, audios, fotografías, e información de personas”, aseguró Leblanc. “Tenemos casos registrados de personas donde, supuestamente, porque yo no soy médico forense, han sido impactadas por las latas de gas lacrimógeno, han sido cortadas. Tenemos personas que supuestamente han sido impactadas por armas cinéticas, que son las que disparan las bolas de espray o de pimienta o de producto químico”, añadió. Apuntó también que investigan si hubo uso de perdigones, los cuales están prohibidos por la Ley 62. También comentó que toda arma tiene el potencial de ser letal. “Aunque sea un paintball, es potencialmente letal, depende de la distancia, entonces de eso también ha conversado y ha hablado tanto la CIDH como Naciones Unidas”, comentó.

Hasta el momento, la Defensoría no maneja una estadística de cuántas personas han resultado lesionadas durante las manifestaciones. Las quejas que recibe la Defensoría son revisadas y presentadas como oficios en las instituciones correspondientes.

Otra preocupación es la participación de menores de edad en las protestas. “Como esto abarca el gremio docente, hemos visto también a jóvenes que todavía son personas menores de edad en las marchas, entonces se han sumado a apoyarlos y quedan envueltos en todo esto”, apuntó la adjunta del defensor. “Velamos por saber si estaba con un adulto responsable o si no lo estaba. Igualmente, dependiendo en las inmediaciones donde se desarrolle la marcha, si hay una escuela cerca, un hospital cerca, nos acercamos también para entonces hacer esas consultas necesarias para saber si hubo algún tipo de afectación por gases, por piedras, daño a la propiedad privada, todo ese tipo de situaciones, que inicie como una marcha, una protesta pacífica y que se pueda transformar en otra situación”, agregó Martínez.

En Bocas del Toro la situación se mantiene crítica. Sindicatos bananeros, trabajadores de la construcción, educadores y grupos originarios mantienen cierres de calle en puntos clave de la provincia. Representantes del Gobierno nacional, incluyendo ministros de Estado, se han reunido con empresarios, productores y otros sectores de la población. Sin embargo, aún no hay acuerdo.

Los bananeros exigen que se apruebe una ley para garantizar sus beneficios de seguridad social que serían impactados por la nueva Ley 462, pero el presidente de la República, José Raúl Mulino, dejó claro que la condición para presentar el proyecto a la Asamblea es el levantamiento completo de los cierres de calle en la provincia.

El diputado Benicio Robinson hizo un llamado al diálogo a través de su cuenta oficial de X. “Hago un llamado respetuoso al Gobierno nacional a evitar cualquier intento de entrada por la fuerza en Bocas del Toro. Amenazar con represión es una respuesta equivocada que solo profundiza la crisis. Las amenazas deben cesar, tanto del Gobierno como de los manifestantes. La confrontación no nos llevará a la paz social que tanto merece mi provincia. Me preocupa profundamente la integridad de los ciudadanos de Bocas. Reitero el llamado a un diálogo urgente, serio y sin exclusiones, que involucre a los trabajadores, la empresa bananera y el Gobierno, y que permita devolver la calma y la normalidad”, tuiteó Robinson.

Durante una conferencia de prensa celebrada la tarde del martes 3 de junio, productores bocatoreños compartieron también las afectaciones que sufren a causa de los cierres. “No estamos de acuerdo con los cierres, hemos perdido aproximadamente un millón 250.000 dólares por no poder hacer las exportaciones ni venta de frutas a nivel nacional como siempre hemos hecho”, declaró José Antonio de la Lastra, de la Cooperativa de Servicios Múltiples Bananera del Atlántico. “Hemos venido a solicitarle al señor presidente escuchar a los obreros de la provincia de Bocas del Toro, que el diálogo es la mejor forma de poder buscar soluciones a los conflictos. No estamos de acuerdo con una intervención con el uso de la fuerza”, concluyó, advirtiendo que de no encontrarse una solución podrían verse en la obligación de cerrar la cooperativa.