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Actualizado
- 22/10/2015 02:00
Creado
- 22/10/2015 02:00
La queja fue presentada por el abogado Guillermo Cochez ante la Fiscalía de Cuentas. Exigen auditorías forenses a la Contraloría de la República
El Grupo Figali Internacional, S.A. presentó una denuncia ante la Fiscalías de Cuentas por supuesto perjuicio patrimonial contra el Estado panameño por la suma $10 millones.
Guillermo Cochez, abogado del Grupo F., solicitó a Guido Rodríguez, fiscal de cuentas, que la Contraloría haga una auditoría a la sede de la empresa Grupo F, bajo administración judicial a cargo de Julio Morales, Jorge Samaniego y Sid Aguilera, con oficinas en Amador, en el complejo turístico Panamá Canal Village.
La solicitud del demandante pretende evaluar la contabilidad a fin de ver si refleja de manera clara y transparente los ingresos y egresos del proyecto Amador durante el periodo de la Administración Judicial.
Además, solicita una auditoría forense financiera de ingresos y egresos de cada administrador judicial, lo que, a juicio de Cochez, permitirá demostrar cómo su nivel de ingresos se incrementó mientras ejercieron el cargo de administradores judiciales.
En la demanda, el jurista pide que la auditoría incluya los movimientos de pagos o compras y gastos en tarjetas de crédito de los bancos de la localidad.
La empresa Grupo F. Internacional fue objeto de un proceso de cobro coactivo por parte del juzgado ejecutor de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene su inicio en el 2009. Desde entonces han pasado tres administradores judiciales que han dirigido la actividad comercial de la empresa en los diferentes períodos de su designación.
El equipo legal del Grupo F. aduce en la demanda que en el sitio se realizaron y se siguen desarrollando varios eventos artísticos tanto en el local principal del centro como en la plaza de eventos y la zona viva, instalaciones que forman parte de los bienes en administración del juzgado ejecutor de la UABR.
Los abogados agregan que el dinero administrado debió servir para pagar la deuda que la empresa mantiene con el Estado, dentro del proceso.
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PETICIÓN
La denuncia fue presentada ante la Fiscalías de Cuentas
Entre las peticiones especiales está llamar a declarar a los que pudieran guardar relación con la supuesta lesión denunciada.
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