¿Agustín Sellhorn, el diputado torpedero?

PANAMÁ. Agustín Sellhorn es un señor de 63 años que en los últimos meses ha ocupado las primeras planas de los periódicos por sus duras iniciativas legislativas, todas enmarcadas en polémicas. Este gerente de una agencia de aduanas ha sabido combinar la política con su profesión.

Desde septiembre de 2004 se le veía por la Asamblea Nacional asesorando a su esposa Marylín Vallarino, en ese entonces diputada del partido Molirena. Cuando Marylín decide cambiarse a las filas del partido Cambio Democrático (CD) a finales del último período legislativo (2004-2009), Sellhorn se postula como suplente de su esposa.

Marylín ganó la curul nuevamente, esta vez con la bandera de CD, y Sellhorn entró al Palacio Justo Arosemena una vez más, pero ahora como diputado suplente.

Desde su curul, del circuito 8-1 Arraiján, ha tomado la batuta en busca de proyectos y legislaciones que endurezcan las leyes panameñas, sin importar el desgaste por las críticas que conllevan estas medidas por parte de grupos defensores de los derechos humanos.

El propio Sellhorn se describe como nacionalista y servidor de la patria. Dice que su abuelo fue perseguido porque se opuso a la cláusula que permitía a los norteamericanos intervenir en Panamá para ejercer la soberanía. "Estoy en contra del vandalismo y la violencia", expresa.

El suplente reprueba vivir en un sistema de anarquía y hay que imponer el régimen de derecho, que a su juicio, “no se pide, sino que se impone”.

En el pleno legislativo, Sellhorn es conocido como el "torpedero" de la Asamblea, incluso algunos diputados opositores como Leandro Ávila aseguran que es un “mandadero del Ejecutivo”, pues le ha tocado presentar proyectos que en un pasado ya ha mencionado el presidente Ricardo Martinelli. Uno de ellos el endurecimiento de condenas, aumentando de 35 a 50 años la pena máxima en caso de concurso de delitos.

La iniciativa fue presentada a finales de octubre de 2009 y la Comisión de Gobierno le dio paso expedito aunque la oposición trató de impedir su aprobación. "Lo que queremos es que la comunidad sepa que su clamor generalizado ha sido receptado por los diputados", agregaba Sellhorn mientras grupos de derechos humanos, opositores y hasta el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá se oponían.

Empero aún con los cuestionamientos, la victoria fue para Sellhorn, cuando sus colegas oficialistas aprobaron el proyecto por mayoría, y el presidente Martinelli sancionó la Ley 68 del 2 de noviembre de 2009 que reforma el Código Penal y Judicial.

Su segunda batalla la libró contra la Red Panameña de Personas con Discapacidad, cuando a principios de febrero de este año, Sellhorn presentó una propuesta legislativa para modificar la Ley que creó la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).

El documento plantea que el período del director de la entidad sea de 5 años como el presidencial. Es decir, que la nueva norma permitiría que el presidente Martinelli nombrara el reemplazo de Manuel Campos, quien fue designado en 2007 por el ex presidente Martín Torrijos.

La Red Panameña de Personas con Discapacidad, Familiares y Amigos, conformada por más de 30 asociaciones y fundaciones de personas con discapacidad, expresó su rechazo a la propuesta y aún no se ha iniciado la discusión del proyecto.

Luego, a finales de marzo de este año presentó el proyecto que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los centros deportivos del país. La iniciativa de Sellhorn se ganó el apoyo de la Iglesia Católica cuando introdujo cambios en el documento, donde se incluiría en esa prohibición a los estadios, que plantea que en los campeonatos de fútbol no se venda más cervezas ni licor a partir del minuto 30 del segundo tiempo y en los de béisbol desde el séptimo episodio.

Sin embargo, el más reciente proyecto presentado por Sellhorn es el que más polémica ha desatado, precisamente porque el propio presidente Martinelli lo ha considerado exagerado.

El pasado lunes 5 de abril, los diputados sorprendieron al país cuando en una jugada del oficialismo se introdujo el proyecto de ley 110 que instituye el récord policivo casado con una propuesta de Hernán Delgado para imposibilitar la revocatoria de mandato.

Pero rayando la noche, Sellhorn asombró a sus colegas del oficialismo y la oposición presentando un "camarón legislativo" para sancionar con 1 año de cárcel inconmutables a los que cierren calles con violencia.

Antes las críticas y el poco respaldo, no le quedó más remedio que retirar la dura condena. "Presentamos una propuesta motivados por la necesidad de que la ciudadanía tenga derecho a transitar libremente", justifica.

La propuesta se había retirado; sin embargo, el suplente insistía en aplicar duras sanciones como un período de servicio social obligatorio a los que cierren calles con violencia. "No puedo permitir la violencia".

Mañana se sabe si Sellhorn se apunta el proyecto o se discute otro que establece 2 años.