Fiscal busca pistas de los 'maletinazos' en oficinas del 99

Un incidente de tercería interpuesto ante el Juzgado Primero de lo Penal por familiares del empresario Cristóbal Salerno, para la restitución de $35 millones en bienes y cuentas, revela la ruta de los sobornos del caso Cobranzas del Istmo y constata que: el expresidente Ricardo Martinelli habría recibido $2.4 millones y el exdirector de Ingresos Luis Cucalón otros $6.8 millones.

UN NEGOCIO REDONDO

El incidente, promovido por el abogado Gustavo Sierra un año después de que se abriera la causa, establece que, según Salerno, a Martinelli se le entregaron en efectivo $1.5 millones de las ganancias del contrato que tenía Cobranzas del Istmo con la Dirección General de Ingreso (DGI).

Martinelli, siendo mandatario, también habría recibido $900 mil en un cheque girado a favor de la sociedad Corporación Energía del Istmo, donde figuraron Eduardo Jaén, director de Innovación Gubernamental, y Navin Bhatka, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores del gobierno pasado.

En el recurso, Sierra también establece que Cucalón —detenido desde mayo del año pasado por este caso— recibió cerca de una cuarta parte de la lesión patrimonial que el Ministerio Público estableció en el contrato de Cobranzas del Istmo.

Entre 2010 y 2014, Cobranzas del Istmo ganó $47.1 millones en comisiones, por recuperar $172 millones en cuentas morosas.

POLÉMICOS ANTECEDENTES

El propietario de la empresa, Cristóbal Salerno, luego de rendir declaración indagatoria ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, devolvió $20.6 millones por quedar en evidencia un cobro irregular de impuestos morosos de $21 millones a la estatal Tocumen, S.A. Con esta devolución quedaría una afectación económica de $8.8 millones.

Salerno mismo reveló, según reseñó La Estrella de Panamá el día siguiente a su indagatoria, que Martinelli ‘pedía más y más dinero'. Los sobornos a él y a Cucalón eran la condición para que el Estado desembolsara las facturas que presentaba por lograr recaudar impuestos a las personas que la DGI les asignaba.

Las declaraciones de Salerno dieron paso a la apertura de un proceso al expresidente en la Corte Suprema de Justicia, por delito contra la administración pública, en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas.

En mayo de 2015, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción compulsó copias del expediente por delitos contra la administración pública en las gestiones de Cobranzas del Istmo. El 23 de septiembre de 2015 la causa fue admitida por la Corte Suprema de Justicia. Pero el proceso estuvo estancado hasta febrero de 2016, cuando se rechazó un recurso de la defensa que pedía anular la admisión de la denuncia.

ESPINOSO ALLANAMIENTO

Ayer, nueve meses después de admitida la causa, el magistrado fiscal Abel Zamorano intentó corroborar el testimonio del empresario mediante un allanamiento a las oficinas centrales de Importadora Ricamar, una de las sociedades que surte al Super 99, de Martinelli, en Monte Oscuro.

Para las pesquisas se dispuso de un contingente de quince policías, que limitó el ingreso de los trabajadores a la empresa del expresidente Ricardo Martinelli.

En un comunicado, el magistro fiscal explicó que la diligencia buscaba ampliar detalles sobre la entrega del dinero que hizo el empresario en las oficinas de Importadora Ricamar.

La justificación de la diligencia, explica el comunicado, radica en la necesidad de ubicar y recuperar los libros de contabilidad de la empresa, así como ubicar cualquier otro documento contable de la empresa entre los periodos 2009 y 2014.

También se buscaba recuperar los libros o soporte físico en los que reposa el control de entradas y salidas de las personas al edificio durante el lustro investigado.

Salerno aseguró que llevó el dinero en varias maletas justo a las oficinas de Martinelli.

‘La idea es constatar la información adquirida y preservar los elementos de conocimiento para evitar el riesgo de una pérdida de los documentos', señala la nota del magistrado Abel Zamorano.

Al lugar acudió la exprimera dama Marta Linares, quien calificó la acción como un ‘show'. ‘¿Porqué hay que hacer un show como si hubiese un narcotraficante escondido?', cuestionó Linares. ‘Siento mucho lo que está pasando en este país. Quieren acabar con la empresa privada', continuó.

El propio Martinelli había adelantado en su cuenta de Twitter las ‘intenciones de allanar las oficinas centrales del Super 99'.

‘¿Hasta dónde ha llegado el dictador?', inquirió Martinelli desde Estados Unidos, donde reside hace ya un año y cuatro meses.

El fiscal de la causa desmintió la versión de los apoderados legales del expresidente de que la diligencia se tratase de un acto de presión política.

Según la defensa del exmandatario, la notificación de diligencia de registro y allanamiento, por la comisión de delito contra la administración pública, en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas, les llegó ayer mismo.

‘Buscar documentos un año después de iniciada la investigación demuestra el manejo mediático que se le está dando al tema', insistió el jurista Sidney Sittón, uno de los defensores de Martinelli.

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INVESTIGACIÓN ORDINARIA

Cucalón y Salerno, a audiencia en dos meses

Las declaraciones del empresario Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo, sentaron en el banquillo de los acusados al exdirector de Ingresos Luis Cucalón, quien está detenido en El Renacer.

Cucalón ha sido llamado por el Juzgado Primero de lo Penal a audiencia preliminar el 12 de septiembre próximo. Ahí se determinará si, tal como lo pide la fiscal primera anticorrupción Tania Sterling, el exfuncionario irá a juicio o no.

El mismo proceso deberá pasar Salerno y la exgerente de Cobranzas del Istmo Magaly Ramos.

La fiscal pidió absolver a la hija de Salerno, María Alessandra Salerno.

Martinelli, a quien la Corte sigue un proceso paralelo por este mismo caso, en virtud de la prerrogativa que la Constitución le da al ser diputado ante el Parlamento Centroamericano, podría ser extraditado a Panamá para que responda por este y otros seis procesos judiciales, entre ellos corrupción y delitos financieros.

La alerta roja a la Interpol fue emitida el 28 de junio pasado, en la investigación que se le sigue por los pinchazos telefónicos ilegales durante su administración.