Contraloría y Tribunal de Cuentas ordenan secuestros a exfuncionarios por $21 millones

La Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas activaron una de las mayores ofensivas patrimoniales de los últimos años contra exfuncionarios y personas bajo investigación estatal, con medidas cautelares y secuestros de bienes que ya superan los $21 millones, según documentos del Registro Público.

Las resoluciones emitidas entre octubre de 2025 y mayo de 2026 muestran un patrón que comienza a consolidarse dentro de los organismos fiscalizadores del Estado: auditorías forenses, investigaciones patrimoniales, informes sustentadores y posterior congelamiento preventivo de bienes para garantizar eventuales procesos de recuperación de fondos públicos.

Los casos alcanzan al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio Anselmo De Gracia Tejada; al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés; al exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) Noriel Antonio Araúz Villarreal; y a la exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia Yannick Del Río Fernández. Todos de la pasada administración del gobierno de Laurentino Cortizo.

En el caso de Lau Cortés, la Contraloría General ordenó, mediante la Resolución N.° 3988-2025-LEG/UA del 25 de noviembre de 2025, el secuestro de bienes hasta por $2,913,121.24.

La resolución incluye propiedades inscritas en el Registro Público, cuentas bancarias, fondos, depósitos, tarjetas de crédito, cajillas de seguridad, vehículos y créditos contra el Estado.

El expediente surge de una auditoría forense que detectó compras excesivas de insumos médico-quirúrgicos y medicamentos durante el período comprendido entre julio de 2019 y diciembre de 2024.

Según el documento oficial, las irregularidades terminaron en “millonarias pérdidas por vencimiento” y movimientos de partidas desde la CSS hacia el Gobierno Central “sin controles adecuados”.

La Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense concluyó que la CSS emitió resoluciones de descarte por $2.9 millones debido a que medicamentos e insumos médicos “no eran aptos para el consumo humano”.

La Contraloría sostiene que las operaciones provocaron una afectación patrimonial directa al Estado.

La resolución ordena además al Registro Público abstenerse de registrar cualquier operación posterior a la comunicación del secuestro.

Los expedientes contra Araúz y Del Río fueron impulsados directamente por la Contraloría General mediante auditorías patrimoniales enfocadas en diferencias entre ingresos conocidos y movimientos financieros.

En marzo de 2026, la Contraloría ordenó medidas precautorias sobre bienes de Araúz Villarreal hasta por la suma de $1,319,984.42.

Según la resolución, la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense detectó que los recursos monetarios utilizados por Araúz ascendían a $2,355,670.77, mientras que los fondos provenientes de fuentes conocidas sumaban $1,035,686.35.

La diferencia identificada alcanzó $1.3 millones.

Las medidas incluyeron secuestro de propiedades, fondos bancarios, depósitos, tarjetas de crédito, vehículos y cuentas por cobrar contra el Estado.

Dos meses después, en mayo de 2026, la Contraloría emitió otra resolución similar contra Nadia Del Río Fernández, exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia.

La auditoría forense determinó que Del Río Fernández mantenía recursos provenientes de fuentes conocidas por $986,583.77, mientras que los recursos monetarios utilizados ascendían a $1,563,352.66.

La diferencia detectada fue de $576,768.86.

La resolución ordenó medidas precautorias sobre bienes inmuebles, fondos bancarios, vehículos y créditos contra el Estado.

El caso de mayor impacto económico corresponde al exdirector de la DGI, Publio Anselmo De Gracia Tejadaq que está en el Tribunal de Cuenta.

El Tribunal ordenó, mediante el Auto N.° 373-2025 del 27 de octubre de 2025, la cautelación y puesta fuera de comercio de bienes hasta la cuantía de $16,318,108.51.

La medida alcanza bienes inmuebles, cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo, cajillas de seguridad, vehículos, naves registradas a nombre del exfuncionario.

La resolución nace de una auditoría de la Contraloría General relacionada con la empresa española FCC Construcción S.A. y una presunta incorrección en el proceso de exoneración del pago de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Complementario y recargos correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015.

De acuerdo con el expediente, la auditoría determinó una afectación patrimonial al Estado por más de $16 millones derivada del “desconocimiento de las normas tributarias para el otorgamiento de excepciones fiscales”.

El Tribunal de Cuentas concluyó que existían elementos suficientes para decretar la medida cautelar bajo los principios jurídicos de “fumus boni iuris”, apariencia de buen derecho, y “periculum in mora”, riesgo de que los bienes desaparezcan durante el proceso.

La resolución también sostiene que De Gracia emitió la resolución que revocó el pago de impuestos al contribuyente FCC Construcción S.A. Una empresa que fue acusada por el pago de coima a funcionarios a cambios de ganr contratos con el Estado.

De Gracia rechazó las conclusiones de la auditoría y aseguró que la decisión tomada durante su administración se basó en una ley de regularización tributaria aprobada en 2021.

“El contribuyente cumplió correctamente con lo que establecía la ley”, afirmó.

Según explicó, el caso surgió luego de que la DGI presentara una denuncia en octubre de 2024, lo que dio paso a investigaciones del Ministerio Público y posteriormente de la Contraloría.

De Gracia insiste en que nunca existió una exoneración irregular, sino un acuerdo de pago extraordinario contemplado dentro de la legislación vigente.

“Eso no es correcto”, respondió al ser consultado sobre la supuesta lesión patrimonial señalada por la auditoría.

El exdirector de la DGI también cuestionó las competencias de la Contraloría para determinar si los procesos tributarios se realizaron correctamente.

“La Contraloría no era autoridad competente para determinar si los procesos tributarios se hicieron de manera correcta o incorrecta”, sostuvo.

Aseguró además que la propia DGI decidió posteriormente anular la resolución vinculada al contribuyente y que actualmente el caso permanece abierto en el Tribunal Administrativo Tributario (TAT).

“Es un proceso que todavía se mantiene abierto”, dijo.

De Gracia defendió la legalidad de las actuaciones realizadas durante su administración y afirmó que todas las decisiones pasaron por revisiones jurídicas internas antes de llegar a su despacho.

“No solo el director general toma decisiones. Eso pasa por el departamento jurídico tributario, asesores y revisiones previas”, manifestó.

También negó poseer bienes de lujo o fortunas millonarias como podría interpretarse tras la difusión de la medida cautelar.

“No tengo esa cantidad ni en sueños”, expresó.

“Pareciera que la nota refleja que tengo aeronaves y naves, y eso no existe. Tengo propiedades declaradas antes de entrar al cargo y un auto”, agregó.

El exfuncionario afirmó que desde octubre de 2025 conoce sobre las cautelaciones aplicadas a sus cuentas y bienes y aseguró que ha colaborado con las investigaciones.

“He presentado peritajes, pruebas, declaraciones y opiniones de expertos”, señaló.

Aunque evitó acusar directamente motivaciones políticas, admitió que durante su paso por la DGI tomó decisiones que afectaron intereses de distintos sectores.

“Tuve que decir muchas veces que no a personas que esperaban que les dijera que sí”, afirmó.

También describió el impacto personal del proceso.

“Es un desgaste económico, moral y familiar”, dijo.

Estos secuestros de exfuncionarios se suman al del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por la suma de $1.3 millones y por la cual mantiene una medida cautelar de casa por cárcel.