Cucalón y Salerno, frente a frente ante la fiscal Ruth Morcillo

El exdirector de Ingresos Luis Cucalón y su antiguo socio Cristobal Humberto Salerno Ballestas estarán frente a frente en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción la próxima semana.

La diligencia de la fiscal Ruth Morcillo busca aclarar el supuesto entramado de coimas entre altos funcionarios de la pasada administración y los empresarios asociados a Cobranzas del Istmo, a la que se otorgó un contrato para el cobro de impuestos morosos entre 2010 y 2014.

En anticipación del encuentro, La Estrella de Panamá compara algunas de las posturas de los imputados en relación a los temas más controversiales de este escándalo de corrupción, en el que se acusa a la empresa CISA de obtener $47.1 millones de forma ilegal.

Salerno, que se encuentra bajo la medida cautelar de casa por cárcel por el presunto delito de peculado, señaló en sus declaraciones del jueves 21 y viernes 22 de mayo que, entre febrero y abril de 2014, giró tres cheques de la cuenta de Langton International Holdings, en Multibank, por un monto total de $5.8 millones, a nombre de la sociedad anónima Strategic Hotel Alliance, Inc.

En su declaración jurada ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, el empresario dijo que los cheques se giraron a solicitud de su exsocio.

‘Los cheques de Langton International Holdings se giraron a esa sociedad (Strategic Hotel Alliance) con el fin de acelerar el trámite de los cheques de las comisiones', indicó Salerno.

Él (Cucalón) me llamaba pidiéndome que pasara por su casa, para hablar conmigo y me decía, quiero tanto. Me lo das a nombre de esta sociedad, agregó el empresario, de 71 años de edad.

Cucalón, por su parte, dio una versión diferente. Según él, los cheques correspondían al pago de compromisos civiles, ‘personales', entre ambos.

Sobre los dueños de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., las versiones de ambos coinciden, aunque con algunos matices.

Salerno sostuvo que su hija María Alessandra Salerno no tenía ninguna función en Cobranzas del Istmo ni conocimiento de ninguna de las operaciones de la empresa ni de las compañías relacionadas. ‘Ella no es accionista de Limacri Holdings', aseguró.

Según Salerno, el certificado de Limacri Holdings, S.A. , del 12 de septiembre de 2002 fue emitido a nombre de María Alessandra Salerno Gómez, quien posteriormente se lo endosó el 4 de abril de 2012.

Cucalón, por su parte, en su declaración jurada del 25 de mayo pasado, relató que, según el certificado que recibió la Dirección General de Ingresos el 6 de abril de 2010, el único accionista de CISA era Limacri Holdings, S.A, propiedad de María Alessandra Salerno.

En todo caso, ‘yo creo que el señor Salerno cambió, después de firmados los contratos con la Dirección General de Ingresos (DGI), el certificado de las acciones a nombre de él', apuntó Cucalón.

Cucalón aceptó que este tipo de maniobras son comunes en los sectores empresariales porque, entre otras cosas, facilita el traspaso de bienes en caso de fallecimiento.

En cuanto al denunciado contrato que se le otorgó a Cobranzas del Istmo, tanto Cucalón como Salerno sostuvieron que la empresa reunía los requisitos solicitados.

De hecho, Cucalón aseguró que Cobranzas del Istmo era la única, entre cinco, que cumplía los requisitos y que Citibank había certificado que la compañía le prestaba servicios desde 2005 con ‘excelentes ‘ resultados.

Cucalón reconoció que el contrato no se llevó al Consejo de Gabinete, ni al Consejo Económico Nacional (Cena) como estipula la ley en caso de contratos por montos superiores a los $300 mil. Y se debió, explicó, a que ‘nadie (ni la contralora, ni el ministro ni él mismo) podía vaticinar el resultado' de la tercerización de los cobros, que se realizaba por primera vez. No había cálculo posible.

Salerno recalcó que la selección de la empresa se hizo en base a todos los requerimientos de ley.

En cuanto al cuestionado pago de $21 millones a Cobranzas del Istmo por la gestión de cobros a la estatal Tocumen, S.A., los imputados declaron que la empresa sí hizo el cobro correspondiente y que el pago era legal.

Para Cucalón, el pago era legal, aunque ‘moralmente se puede ver mal.

‘Yo no sabía que existía la deuda. Me enteré de que se había ido la cuenta cuando el departamento de contabilidad de Tocumen me dijo que habían llamado de Cobranzas del Istmo, S.A. para solicitar el pago', recordó.

Salerno coincidió con Cucalón en que la gestión de cobros se hizo a través del departamento de contabilidad.

‘Dicha gestión se llevó a acabo por varios meses. Las comisiones que recibió Cobranzas del Istmo, S.A., por las gestiones de los cobros efectuados a Tocumen, S.A. se fueron pagando en la medida en que iban efectuando los pagos. Las comisiones fueron recibidas periódicamente por espacio de varios meses', aclaró.

En cuánto al cálculo de las comisiones por el cobro de impuestos, Cucalón indicó que el procedimiento se iniciaba verificando el total del pago de los contribuyentes como resultado de la gestión de la empresa CISA. Entonces, se enviaba para que revisara los cálculos de la DGI. Una vez aceptado ‘pasaba a la Contraloría para su refrendo y se devolvía a la DGI'.

Entonces, se introducía el monto final de los pagos al sistema de contabilidad SIASPA. ‘Yo solo era un coordinador', recalcó.