La justicia como excepción, políticos procesados en Panamá

La reciente apertura de procesos judiciales y arresto de exfuncionarios del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), dibuja una imagen que todavía es extraña en un país como Panamá, habituado –a veces resignado- a ver pasar atracos contra el erario público, sin que después los responsables rindan cuentas ante la justicia. No fue hasta 2018, 115 años después de que se fundó la República en 1903, con el caso de Ricardo Martinelli, que por primera vez el país asistió a un juicio con condena, contra un expresidente.

Lo más parecido ocurrió en 1968, cuando la Asamblea destituyó a Marcos Robles (1964-1968), visto como corrupto y acusado de violar la Constitución. Si bien su proceso no se ventiló en la esfera penal, era de carácter político y Robles nunca respetó la sentencia por gracia de la Guardia Nacional; es el único referente previo de un alto funcionario electo enfrentando algún tipo de proceso.

Los reclamos por justicia, transparencia y lucha anticorrupción frente a los abusos del poder se han transformado en fuerzas que empujan hacia la rendición de cuentas con implicaciones penales. Un proceso desigual, donde el criminal de cuello blanco —protegido por influencias y dinero— evade una justicia que solo castiga a quienes carecen de poder o recursos.

La Estrella de Panamá repasa a varias figuras políticas, entre imputados, investigados y condenados, cuyos procesos podrían convertirse en pruebas clave que definan el rumbo de la debilitada justicia panameña.

El régimen político impuesto por la invasión de Estados Unidos en 1989 prometía acabar con la corrupción del gobierno militar (1968-1989), sin embargo, estas ilusiones de algunos sectores duraron poco. La nueva administración de Guillermo Endara (1989-1994), que recibió un descalabro institucional. Su mandato cerró con críticas de opacidad y corrupción, entre las que se señala la condonación irregular de deuda de empresas a la Caja de Seguro Social y la venta opaca de terrenos del Estado. Este desprestigio facilitó el regreso del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dirigido por Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), en cuya gestión también hubo denuncias de supuestos malos manejos para contratos; también investigaciones abiertas por el Ministerio Público (MP) sobre irregularidades en las concesiones de juegos de azar. En ambos gobiernos se dieron denuncias y pesquisas que terminaron en nada.

Algo parecido tuvo lugar con la gestión de Mireya Moscoso (1999-2004), que vio más escándalos de malos manejos. Uno de ellos, las millonarias donaciones recibidas de Taiwán, que se gestionaron por una sociedad privadas en un modelo opaco del cual nunca hubo finalización. Fue uno de los casos por los que el presidente de ese país, Chen Shui Bian, terminó en prisión. En Panamá, la Contraloría abrió una investigación, pero nada ocurrió. “Eran fondos privados”, dijo el contralor de entonces. Años después, una filtración masiva de cables diplomáticos de EE. UU. por WikiLeaks en 2010, revelaría que el embajador taiwanés confesó a su homólogo estadounidenses que dicha donación había sido un soborno. Durante este periodo hubo denuncias de malos manejos en programas de reconversión agrícola, la supuesta venta ilegal de terrenos del Banco Hipotecario y los señalamientos del uso de las partidas discrecionales de Presidencia, alrededor de unos $23 millones que se gastaron en ropas de marca y viajes. Escándalos que no pasarán más allá del escarnio mediático

Otra denuncia, que quedó en nada, pero todavía tiene eco por el alcance del escándalo, fue el caso del Cemis (Centro Multimodal, Industrial y de Servicios) en 2002. El hoy diputado Carlos “Tito” Afú, entonces miembros del PRD, reveló en conferencia de prensa, con fajos de billetes en la mano, que se habían pagado sobornos en la Asamblea para votar a favor del contrato ley del Cemis. Afú, aseguró que otros dirigentes perridistas estaban involucrados, salpicando así a la cúpula del partido y a su entonces secretario general, Martín Torrijos. Pese a las denuncias y el revuelo que provocó sus declaraciones, ninguno de los procesos abiertos terminó en condena, prescribiendo la última causa en 2023.

Esa controversia no impidió a Torrijos llegar a la Presidencia (2004-2009), que tampoco estuvo exenta de casos explosivos. Fue durante su mandato que entró al país la constructora brasileña Odebrecht, que más adelante reconocería haber pagado sobornos millonarios a funcionarios panameños. Las investigaciones que vinculaban a Torrijos no prosperaron, aunque hubo críticas a la Fiscalía por el trabajo realizado durante esa fase y supuestas omisiones en torno a la relación entre el expresidente y la empresa. Aunque Torrijos quedó fuera de las pesquisas, durante su gestión hubo investigaciones sobre corrupción y el presunto desfalco millonarios en el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) del Ministerio de Educación (Meduca). Si bien hubo decenas de denuncias ante el MP, pocas prosperaron. Siendo uno de los pocos condenados, el exministro de Educación, Belgis Castro, que hasta 2025 recibió una pena de 36 meses de prisión por irregularidades en contratos de fibra de vidrio en escuelas de la provincia de Herrera.

El más emblemático, tanto por ser el primer expresidente condenado, como por la magnitud de las tramas que se orquestaron en su gobierno y su importancia política, es el caso de Martinelli (2009-2014). Fue condenado en 2023 a 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Bussiness, por la compra irregular de la Editorial Epasa en un esquema que incluía el pago de sobrecostos en obras. Martinelli estuvo en prisión cerca de un año en Panamá, por la causa de escuchas ilegales, del cual salió absuelto en 2021. Ahora se encuentra asilado en Colombia, aduciendo persecución.

Otro caso de alto perfil bajo su administración es el de Guillermo Ferrufino, extitular del Ministerio de Desarrollo Social y condenado en 2022 a seis años de cárcel por corrupción y enriquecimiento injustificado; se entregó en 2024. También destaca el empresario Giacomo Tamburrelli, exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), condenado por peculado en el caso de contratos irregulares en comida deshidrata y facilitar la compra de la máquina “Pegasus” para escuchas ilegales. Otros exministros de Martinelli están en esa pequeña lista de condenados o con procesos abiertos. En el caso Blue Apple, donde, según los tribunales, hubo un esquema de coimas para obtener contratos con el Estado, fueron condenados Ricardo Francolini, exgerente de la Caja de Ahorros, Federico Suárez y Jaime Ford, ambos titular de Obras Públicas.

Suárez y Francolini también forman parte del amplio expediente del caso Odebrecht, entre empresarios, abogados y políticos. Según la fiscalía, la empresa estableció un sistemático esquema de sobornos donde participaron a distintos niveles figuras de alto perfil, entre ellas: José Domingo Arias (exministro de Vivienda), Jimmy Papadimitriu (exministro de la Presidencia), Frank De Lima (exministro de Economía), Carlos Duboy (exministro de Vivienda), sumando un total de 30 acusados, incluyendo al propio Martinelli, sus dos hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli; además de Juan Carlos Varela, su entonces titular de Exteriores y vicepresidente. Varela, quien fue compañero de fórmula y posteriormente adversario político de Martinelli, resultó electo presidente en 2014. Actualmente, enfrenta un llamado a juicio por presunto blanqueo de capitales y corrupción. También ha sido llamado a juicio Jaime Lasso, ex tesorero del Partido Panameñista, considerado por la fiscalía como una figura clave para canalizar los fondos de Odebrecht hacia la campaña presidencial de Varela.

El juicio Odebrecht ha sido pospuesto tres veces, teniendo como fecha definitiva febrero de 2026. Una dilación que abre dudas entre la ciudadanía, siendo Panamá el único país en el mundo que no tiene una sola condena de alto perfil en torno a este caso.

El regreso del PRD al poder, con Laurentino Cortizo (2019-2024), estuvo marcado por la emergencia sanitaria del covid-19 y la poca transparencia de su administración, en la que la pandemia fue la excusa para gastos sin fiscalización y contrataciones que hoy están bajo investigación.

Por el momento se encuentra dos exfuncionarios imputados: el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernado Meneses, acusado de presunto enriqueciendo injustificada y delitos contra la administración pública en relación con los auxilios económicos y su gestión. Se encuentra detenido en la cárcel de Tinajitas. También enfrenta casos Luis Oliva, exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental, imputado por los supuestos cargos de corrupción en relación con las investigaciones sobre la plataforma digital que se usó para bonos en pandemia.

El MP avanza investigaciones al exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, por supuesto blanqueo de capitales; y al exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, por supuesto sobrecostos en contratos del cuarto puente sobre el Canal. En octubre de 2024, el MP confirmó que reposan denuncias contra Cortizo y su vicepresidente, José Gabriel Carrizo; sin que aún esté claro quién los investigará, dado que ambos están a la espera de su juramentación como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). En caso de asumir el cargo, sus casos deben ser vistos por la Corte Suprema de Justicia.