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- 07/10/2015 02:00
Alos miembros de la sociedad civil no les preocupa que el magistrado de la Corte Suprema, José Ayú Prado, haya solicitado el expediente del caso Financial Pacific (FP) elaborado por la Superintendencia de Bancos.
Así lo señaló ayer Annette Planels, del Movimiento Independiente (Movin), al ser consultada sobre la acción del magistrado Ayú Prado de enviar una nota, con fecha del lunes 5 de octubre, a la Secretaría General de la Corte, solicitando el expediente sobre las cuatro cuentas que se vinculan al expresidente Ricardo Martinelli al caso FP.
Para Planels, la acción de Ayú Prado es coherente con la posición que mantuvo durante la reunión del pasado viernes 2 de octubre, cuando dijo que estudiría tanto la denuncia del caso como el documento que lo nombra magistrado fiscal y los artículos 13 y 14 del Código de Ética del Funcionario Judicial.
Los artículos 13 y 14 establecen que un juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así'.
Precisamente, a Ayú Prado se le acusó de favorecer al expresidente Ricardo Martinelli cuando el caso estuvo en su despacho siendo procurador.
La sociedad civil está a la espera de que se resuelva este tema y otros cinco presentados el viernes a los seis magistrados.
Los otros cinco puntos presentados a los magistrados fueron: la necesidad de un plan de acción para combatir la mora judicial, que se defina el fallo de inconstitucionalidad sobre toda ley de blindaje, y se dé celeridad a los procesos contra los diputados de la Asamblea y del Parlamento Centroamericano y que la transparencia en el manejo de cada expediente permita saber en qué despacho está y cuánto tiempo demora.
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REUNIÓN CON EN LA CORTE
Sociedad civil espera una respuesta de la Corte el próximo jueves
6 solicitudes fueron hechas por la sociedad civil, el 2 de octubre pasado, a los seis magistrados de la Corte Suprema y una magistrada suplente