Más magistrados, pide Mario Galindo

Elevar el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para agilizar la justicia es una propuesta de Mario Galindo, quien disertó en el acto de apertura del año judicial 2015.

La intención es transformar la cara de la justicia.

No especificó la cantidad de jueces con la que debería contar la Corte, pero afirmó que la modificación sería factible mediante una iniciativa de ley, tal como lo establece el artículo 203 de la Constitución Política, que se refiere a la administración de justicia: ‘La CSJ estará compuesta del número de Magistrados que determine la ley nombrados mediante consejo de Gabinete, con sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo’, se lee.

A juicio del abogado, político y empresario, el poder judicial requiere un fortalecimiento urgente. Un primer paso sería modificar la forma de elegir a los magistrados, y reafirma la propuesta elaborada por los notables que desechó el expresidente Ricardo Martinelli.

Galindo hizo una observación a la Comisión de Evaluación y Postulación que proponen los notables. Dijo que la composición de la referida comisión no es la más acertada, pues está constituida por varias entidades, lo que puede llevar a la Corte ‘a personas que responderían a intereses de casta o de clase’.

Edgardo Molino Mola, uno de los notables que redactó la propuesta constitucional, indicó que la misma eleva a 12 el número de magistrados, al crear una nueva sala. Contempla el caso de que al ser reemplazado el presidente de éste órgano, la cifra se elevaría a 13.

Las reformas contemplan un Tribunal Constitucional integrado por siete magistrados. En suma, los nombramientos totalizarían 10 magistrados.

Molino Mola recordó que ‘ahora mismo se pudiera nombrar a los magistrados de la Sala de Casación Laboral que ya está creada’. Solo hay que dotarla de presupuesto y se hace el nombramiento, agregó.

La mora judicial, no solo se debe a la gran cantidad de expedientes que debe atender cada juez. El informe de gestión del Órgano Judicial 2014 da cuenta de expedientes de años anteriores que, sin justificación, permanecen en los despachos superiores.

Molino Mola dijo que para esto existe un ‘antídoto’: seguir el ejemplo de Colombia, que establece la figura de ‘mala conducta’. Que el magistrado que no falla en el término que dicta la ley incurre en mala conducta y se verían presionados a fallar en tiempo. ‘Hay demandas de inconstitucionalidad que demoran 10 y 12 años en ser resueltas’, se quejó.

José Ayú Prado, presidente de la Corte, indicó que sí hay menos rezago, más eficiencia y transparencia en la gestión de los magistrados.