Restituido, el secretario del Tribunal de Contrataciones

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió un amparo de garantías constitucionales y, de paso, restituyó en su cargo al abogado Rubén García Paredes, quien había sido destituido de su posición como secretario general del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP).

En un fallo mayoritario redactado por el magistrado Harley Mitchell, el máximo tribunal de la República determinó que la resolución 001-2015 del TACP del 22 de enero de 2015 (que produjo la cesantía de García Paredes), infringió el artículo 32 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la cual está adscrita Panamá desde hace muchos decenios.

La destitución de García Paredes fue aprobada por dos de los tres magistrados del TACP, Manuel Cupas y Anabelle Padilla, cuyos periodos ya vencieron, pero, de manera inexplicable, el Órgano Ejecutivo no ha procedido todavía a decretar sus respectivos reemplazos.

La otra magistrada, Zaira de Latorraca, salvó su voto (se opuso) en aquella ocasión.

En vista de que ayer quedó, a través de un edicto, ejecutoriado el fallo de la Corte Suprema, García Paredes debe ser reinstalado hoy, martes 24 de noviembre, desde las 8:00 de la mañana, en su puesto como secretario general del TACP.

Asimismo, deberá recibir sus salarios caídos, que superan los $35 mil.

Para la mañana de hoy se espera una situación tensa en el TACP, pues los magistrados Cupas y Padilla son proclives a desacatar las sentencias de la CSJ, como ocurrió con la orden decretada por Mitchell el pasado 24 de febrero.

En aquella ocasión, de manera precisa, el magistrado solicitó, en un término de dos horas, un informe de conducta y, a la vez, dictaminó la suspensión provisional de la orden impugnada (destitución de García Paredes) mientras se decidía el fondo del proceso en la CSJ. Sin embargo, Cupas y Padilla hicieron caso omiso de la orden de Mitchell y, además, negaron a García Paredes una advertencia de ilegalidad, acción que los primeros debieron remitir automáticamente a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ.

En verdad, el TACP se encuentra desfasada desde un punto de vista administrativo. A la magistrada Anabelle Padilla, designada por el entonces presidente Ricardo Martinelli, se le venció su periodo el pasado 4 de febrero, pero, luego de casi 10 meses, la administración Varela no ha procedido con el reemplazo.

Padilla fue igualmente nombrada por Martinelli, en el 2012, para ocupar una de las tres magistraturas de la Sala Quinta de Garantías de la CSJ, pero este debutante tribunal fue defenestrado ante la presión de la opinión pública y los disturbios callejeros.

En adición, al magistrado Manuel Cupas también nombrado por Martinelli, quien ocupa la presidencia del TACP, se le venció su periodo el pasado 9 de agosto. Y aunque también se le acabó la presidencia un día antes (8 de agosto), Cupas ha decidido, a motu proprio, permanecer como representante legal.

Además de Mitchell, el fallo en mención recibió el voto favorable de los jueces supremos Abel Zamorano, Oydén Ortega, Gabriel Fernández, Secundino Mendieta y Luis Carrasco. Los magistrados Harry Díaz y Luis Fábrega se opusieron y, por ende, presentaron salvamentos de voto, cuyos contenidos revelan debilidad jurídica.

El TACP es un juzgado especial que se dedica a atender las apelaciones de todos aquellos involucrados en contrataciones públicas. Sus tres magistrados son nombrados, de manera escalonada, por el órgano Ejecutivo.