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- 24/11/2024 00:00
- 23/11/2024 18:13
Tras la Guerra de Sucesión Española y a partir de 1713, con la llegada al trono de Felipe de Anjou, de la dinastía Borbón, las colonias en tierra firme del imperio español experimentaron significativos cambios económicos. Este nuevo orden monárquico trajo consigo reformas que impactaron profundamente la estructura económica de la región.
El reformismo borbónico borró partes importantes del intercambio comercial entre las colonias y España, pues de los territorios españoles ubicados en América se abastecía a la metrópolis e influenciaba la división del trabajo.
España exportaba productos manufacturados como tejidos, vino y aguardientes a cambio de la importación de materias primas como metales, azúcar, tabaco, cacao, entre otros, como lo establecía el pacto colonial.
Sin embargo, con las reformas de la nueva corona, Panamá y los demás países de América Latina pasaron a ocupar un segundo plano económicamente.
El libro El Panamá Hispano, escrito por Celestino Andrés Araúz y Patricia Pizzurno, destaca que en el caso del istmo, se extinguieron los sistemas de ferias y galeones en Portobelo desde 1748, seguido por la supresión del tribunal de la Real Audiencia de Panamá en 1751, llevando a Panamá a la decadencia económica.
La limitada capacidad de la economía española para producir bienes manufacturados, en cantidades adecuadas y a precios competitivos,generó problemas significativos en las colonias. Esto llevó a un incremento del contrabando de productos provenientes de otras naciones, especialmente de Gran Bretaña.
Para mitigar esta situación, se implementaron estrategias como la creación de “compañías privilegiadas”, entre ellas la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, destinada a fomentar el comercio con regiones menos integradas del continente americano y Filipinas.
El esfuerzo más destacado fue el Decreto de Libre Comercio de 1778, que rompió el monopolio comercial de Cádiz, establecido en 1717 tras reemplazar a Sevilla, permitiendo que otros puertos españoles, como Barcelona, Málaga, La Coruña y Palma de Mallorca, comerciaran directamente con América. Pero Cádiz mantuvo el control sobre aproximadamente dos tercios del comercio colonial.
Pese a estas medidas, los efectos del decreto fueron limitados. Los nuevos puertos autorizados se convirtieron mayoritariamente en centros de reexportación de bienes manufacturados provenientes de Europa, mientras que América continuaba enviando materias primas y plata.
Esto resultó en una balanza comercial deficitaria para España (más importaciones que exportaciones, compensadas con la salida de numerario) y un mercado dominado por casas comerciales extranjeras, especialmente en los puertos del Atlántico y el Mediterráneo, enfocadas en el lucrativo comercio con América.
Según Araúz y Pizzurno, todo esto desembocó en sublevaciones por parte de los militares panameños debido a las finanzas en declive y los bajos salarios, quienes exigían volver a devengar su remuneración original entre otras condiciones. Así, los soldados se apoderaron de la Contaduría, el Almacén de Pólvora y la Sala de Armas, neutralizando a las autoridades españolas con éxito en su cometido.
Pero luego, en 1787, el Ayuntamiento de Panamá extendió al rey de España un pliego de peticiones en la cual se detallaba la situación precaria en la que se encontraba el país.
Algunas de las razones expuestas por los panameños eran la falta de comercio y agricultura, los constantes incendios en la ciudad y no poder intercambiar comercialmente con la metrópoli española.
Tiempo más tarde el cabildo panameño y otros comerciantes pedían a la corona española que otorgara a Portobelo y Chagres la condición de puertos menores y de comercio libre. El Panamá Hispano también señala que debido a conflictos diplomáticos con otras naciones europeas, España no pudo suplir las peticiones del istmo, lo que sembró la primera semilla de necesidad de una independencia, por lo menos en el ángulo económico.
Las diferencias entre los comerciantes panameños y la corona española siguieron, pero el inicio del proceso de independencia de Panamá no fue impulsado directamente por los istmeños, sino que estuvo relacionado con las estrategias de los libertadores sudamericanos, quienes reconocían la importancia estratégica de Panamá como punto clave, tanto político como militar.
Uno de los primeros en identificar este potencial fue Francisco de Miranda. En 1790, Miranda presentó una propuesta al ministro británico William Pitt, sugiriendo otorgar a Inglaterra amplias facilidades de tránsito por el istmo, mediante la construcción de un canal interoceánico en el futuro.
A cambio, Miranda buscaba obtener apoyo militar británico para la independencia de América del Sur. Según su visión, esto no solo contribuiría a la emancipación del continente, sino que también sería beneficioso para Inglaterra, al abrir nuevas rutas comerciales hacia regiones como China y Japón, facilitando la expansión de su comercio global.
Pero no fue hasta luego de los eventos del 10 de noviembre en la Villa de Los Santos que la independencia de Panamá comenzó a consolidarse como una realidad inevitable. Este contexto, junto con el hecho de que un panameño, José de Fábrega, ostentara el cargo más alto del país, fortaleció entre los istmeños la idea de lograr su emancipación de España por cuenta propia. Los patriotas consideraban que Fábrega, lejos de oponerse, respaldaría los esfuerzos para liberar a su patria.
Con este panorama, el coronel Fábrega, alineado con la causa independentista, convocó el 20 de noviembre una reunión en su residencia. A esta cita asistieron representantes de las principales fuerzas políticas, civiles y religiosas, en su mayoría pertenecientes a la élite criolla. En esta junta no se buscó repudiar la proclamación de independencia de la Villa de Los Santos, sino organizar y coordinar la revolución a través de un proceso de consulta popular.
Así, se decidió como fecha el 28 de noviembre de 1821, como el día en el que en un cabildo abierto en la Ciudad de Panamá se proclamaría la Independencia de Panamá.