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- 09/10/2019 00:00
- 09/10/2019 00:00
Darién es una de las diez provincias de Panamá y también el “pulmón” boscoso más importante del país.
Ocupa una superficie de 11,896.5 kilómetros cuadrados (similar a la de la isla de Jamaica); es decir, el 22.2% de la superficie total del país, que es de 78,200 kilómetros cuadrados, incluyendo sus aguas territoriales.
De ese total, el 41% es de cobertura boscosa, de la cual más de la mitad corresponde a Darién, una provincia que es el puente terrestre entre Norte y Suramérica, y rica en especies de plantas y animales. Se dice también que allí nace la zona amazónica.
Ubicada en el extremo oriental de Panamá, en la frontera con Colombia, la provincia más grande de nuestro país es una jungla densa y húmeda y es el área protegida por la Unesco más extensa de Centroamérica y el Caribe. También es una de las zonas más amenazadas por la huella humana, advierten los especialistas.
Un estudio realizado durante el primer mes de gobierno del presidente Laurentino Cortizo revela que entre 2012 y agosto de 2019 “Darién ha perdido el 20% de su bosque”, señaló el ministro de Ambiente, Milciades Concepción.
En una gira de trabajo al puesto de control de Chepo, donde se relanzó el Sistema de Trazabilidad y Control de la Madera, Concepción denunció que este brutal impacto a la naturaleza equivale a más de 20,000 hectáreas de bosque natural talado en siete años, una destrucción boscosa acelerada que se da a razón de 8.2 hectáreas por día.
De las 20,000 hectáreas de bosque tumbado entre 2012 y 2019, el 90% fue por tala rasa y el 10%, por tala legal, lo cual equivale a 18,000 hectáreas por tala rasa y 2,000 hectáreas por tala legal, detalló Concepción, quien explicó que la tala rasa se refiere a la que se utiliza para dar paso a la agricultura y a la ganadería.
“La tala ilegal es la responsable del exterminio de nuestros bosques, porque no hay un control y un plan de manejo para proteger esa resiembra”, apuntó.
De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alerta de que “Panamá, al igual que el resto de países centroamericanos, no escapa de la presión por la habilitación de terrenos para la agricultura tradicional de roza y quema, la ganadería extensiva y fenómenos naturales, entre otros factores.
Asimismo, advierte de que el proceso de deforestación se inicia, principalmente, por el “acaparamiento” de tierras por los agricultores, ganaderos y muchas veces los madereros consideran que en la zona de frontera agrícola no es viable proteger el bosque de esta madera y ante el avance de colonización “fomentan” las actividades de extracción en la zona.
Concepción destacó que lo peor de este tipo de deforestación es que “la mayoría de la madera cortada se pierde y la acción no es supervisada porque nadie saca el permiso, aunque la ley lo establece”.
Concepción acusó que la situación se estaba dando debido a la “corrupción” de gobiernos anteriores, por lo que han tenido que tomar medidas drásticas en esta administración del país.
“Antes del primero de julio había una corrupción desmedida. Hablamos con un fiscal del área y nos dijo que se sentían impotentes con los gobiernos anteriores”, expresó Concepción.
Víctor Francisco Cadavid, director forestal, explicó que la madera que sale extraída de lo más profundo de los bosques de Darién debe cruzar entre cuatro y cinco puestos de verificación y control del Ministerio de Ambiente, donde a simple vista sería imposible sacar una tuca de madera ilegal.
Pero si la madera viene de Panamá Este, se debe pasar dos o tres puestos. “No hay manera de que la madera no pase al menos por dos puestos de control”, enfatizó Cadavid.
Sin embargo, el subcomisionado de la Policía Nacional, Dudgley Steel, confesó que lo que sucedía con este proceso es que “antes existían permisos que eran manuales y cualquier funcionario los podía dar y no se sabía si era legal o no”.
Según Cadavid, “algunos funcionarios se prestaban a expedir guías de transporte de la madera talada que no estaba del todo legal y eso era difícil de detectar en los puestos de controles”.
Por otro lado, Steel destacó que “ahora existirá un solo permiso, que es a través de la trazabilidad desde el inicio”.
El comisionado y comandante de la Primera Brigada Oriental en Darién, Oscar Beitía, manifestó que solo son un “brazo auxiliar” de MiAmbiente y que el Ministerio es el que se encarga de los procedimientos legales para verificar si la madera es legal o no. “Nosotros solamente actuamos dentro de las normas para verificar y ayudar a MiAmbiente a un mejor desarrollo en cuanto al control de la madera. Cuando nos dan una alerta, apoyamos al Ministerio y vamos con seguridad y con los funcionarios a verificar”, puntualizó.
Este lunes, MiAmbiente relanzó un proyecto de trazabilidad, con miras a detener la tala ilegal, mientras en lo más profundo de la frontera panameña con Colombia, su pulmón agoniza.