Los salvaguardas del Casco Antiguo

En una calle del Casco Antiguo, un señor mayor pinta con acuarelas paisajes urbanos. Está sentado en la acera, ensimismado, y cuando empieza a darle los retoques finales a la obra, cede ante una sonrisa que se le dibuja en el rostro. Una fila de cuadros inclinados sobre la pared son sus únicos acompañantes.

La gente pasa, ignorando quizás la identidad del hombre cuya edad ha teñido de blanco su cabellera. Su nombre es Adán Cerrud, y recuerda el día que lo desalojaron de la casa 245 del sitio histórico. También guarda en la memoria los simbólicos 200 dólares de indemnización que le dieron luego de haber pasado 24 años viviendo en aquel domicilio.

Cerrud es, además, el secretario general de la Asociación de Moradores del Casco Antiguo, un grupo que reclama soluciones justas para los pobladores de esta área de San Felipe.

EL LADO HUMANO DE UN SITIO HISTÓRICO

Cuando en 1997 el Casco Antiguo entra a la lista de ‘Patrimonio Mundial’, la normativa de la Unesco estableció que se debía tomar en consideración a sus habitantes originarios, en todas las formas.

De hecho, muchas de las personas que viven en este lugar histórico llegaron por reubicación del propio Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), según explica Cerrud. ‘Una vez que se declara Patrimonio Histórico, las inmobiliarias compran propiedades con personas adentro, tildándolos de intrusos y alegando que no pagan agua’, dice.

Si se camina por las distintas vías de esta zona, se pueden identificar fácilmente diversas edificaciones que viven en la sombra del abandono. Algunas tienen las puertas y ventanas selladas con bloques, otras con candados o cadenas y varias con tablas o maderas. Casi todas con una característica en particular, se puede ver el cielo. ‘Cuando uno se resistía al desalojo, le quitaban el techo’, afirma el secretario general. ‘Estas prácticas se vienen dando constantemente. Los edificios se desalojan y quedan desmantelados ahí por 10 o 15 años’.

Pero, ¿a qué se debe el abandono? Para la vicepresidente de esta misma asociación que intenta buscar soluciones para los moradores del Casco, Ester Sánchez, los ahora nuevos dueños están en especulación; o sea, a la espera de que las propiedades adquieran mayor valor con el tiempo.

Sánchez indica que de acuerdo con la legislación correspondiente, la única razón por la que se puede desalojar a una persona del Casco Antiguo es con la intención de ‘restaurar la edificación’, ya que se trata de un patrimonio mundial. No obstante, la figura que se ha utilizado para desahuciar a los residentes ha sido la de ‘morosos’. Incluso, el desalojo no se puede realizar sin el conocimiento de la Dirección General de Arrendamientos del Miviot.

El artículo 24 de la ley 136 del año pasado, decreta que las personas que cumplan con la norma, serán reubicadas por medio del Órgano Ejecutivo, a través del Miviot, sin embargo luego se especifica que ‘el desahucio o lanzamiento no estará condicionado a la obligación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la reubicación del arrendatario u ocupante’. Con esto, lo único que queda claro para Ester Sánchez es que el documento no termina de precisar qué entidad asumiría la responsabilidad de brindar una solución a los moradores. Estos últimos, por su parte, esperan alguna modificación o explicación.

INCENTIVOS PARA LOS MORADORES

En el artículo 26 de este mismo documento existe una cláusula que declara que el monto que se haya pagado como alquiler, y que esté comprobado, no debe ser mayor de 75 balboas mensuales. De lo contrario, el residente no aplicará para los incentivos.

‘Si llevo viviendo 50 años, pero mi alquiler era de $80 entonces no aplico’, subraya la vicepresidenta de la Asociación de Moradores del Casco Antiguo.

Las indemnizaciones se detallan en el mismo artículo: Si ha vivido de 5 a 10 años recibirá $5 mil; de 10 a 20 años, $6 mil; de 20 a 30 años, $8 mil; de 30 a 40 años $10 mil; y más de 40 años, $12 mil.

De acuerdo con Sánchez, el cargo de arrendamiento que protege a un inquilino en el Miviot es de $150, mientras que la ley está contemplando la mitad de esta cifra.

Cuando dicho ministerio realizó un censo, se contabilizaron en San Felipe 591 familias que pagan entre $40 y $350 mensuales de alquiler, fijándose un promedio de $131.22, un monto que prácticamente duplica la cantidad que se dispuso en el documento legal.

NUEVO HOGAR

En el caso de ser reubicados, los moradores se preguntan a dónde irán.

La ley 4 de 2002 planteó la habilitación de terrenos del Banco Hipotecario —en esfuerzo conjunto con el Miviot—, para que se construyan viviendas de interés social, evidentemente, siguiendo los parámetros de restauración establecidos por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico.

El artículo 8 de esta legislación esclarece que el Registro Público no podrá inscribir ninguna transacción sin la constancia y aprobación del Ministerio de Vivienda, como es el debido proceso. Se menciona además el proyecto inmobiliario ‘Las Explanadas’. Empero, Ester Sánchez expresó que se vendían las ‘mejoras’ a $300, un monto que no le parece indicado para el propósito con el que se crearon. Igualmente, indicó que muchas de estas se vendían a personas que no vivían en el Casco Antiguo, y que actualmente de 45 terrenos que fueron destinados para la construcción de viviendas de interés social, hoy quedan alrededor de cinco.

Aquí también se trastoca la normativa de la Unesco, la cual sugiere que se tome en consideración a los habitantes del complejo histórico justamente mediante la creación de viviendas de interés social.

PATRIMONIO CULTURAL

‘El Casco Antiguo va a salir de la lista por la construcción de la Cinta Costera’, enuncia Adán Cerrud, quien entre otros de sus títulos ostenta el de salvaguarda y coordinador frente a la Unesco. ‘Si nos vamos a la práctica de las intervenciones que se hacen en las edificaciones, tampoco se respeta el debido proceso’.

Cerrud pone como ejemplo el Hotel Central, ubicado en la Plaza Catedral, al cual se le ha añadido un piso. De hecho, en este edificio se destruyó una escalera de 1883 traída de Nueva York –la única en Centroamérica–, que se decía era un bien patriomonial muy codiciado, tildándolo de ‘joya arquitectónica’.

En la restauración del Hotel Central trabajó el arquitecto Domingo Varela, quien fue acusado por Cerrud como responsable. De acuerdo con su versión, él no había sido el arquitecto que diseñó los planos, y todo estuvo debidamente aprobado y avalado por las autoridades competentes. ‘La idea original que tuvo el arquitecto fue recuperar la forma que tenía el edificio a final del siglo XIX e inicios del XX, con la mansarda que es un tipo de cubierta que tiene el Museo del Canal’, dijo Varela. Mientras que, sobre la escalera, expuso que él no estuvo en el momento en el que se destruyeron, pero que cuando hizo la inspección previa de las condiciones del edificio, éstas se encontraban en un estado grave.

En 2008, Cerrud interpuso una demanda sobre el caso del Hotel Central, pero la Procuradoría dijo que no había mérito para sanción.

Se solicitó las versiones del Miviot y de la Dirección de Patrimonio Histórico, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

CESE AL DESALOJO

De acuerdo con un medio local, el actual presidente Juan Carlos Varela se comprometió a establecer una comisión que estaría integrada por el Miviot, el Instituto Nacional de Cultura (Inac) y la Dirección de Patrimonio Histórico. Con lo cual, se suspendieron los desalojoshasta llegar a un acuerdo con los moradores.

En síntesis, la ley 136 no contempló la realidad en la que viven estos residentes —muchos de ellos no tienen un contrato de arrendamiento, y pagan $100 de mensualidad—, por el otro, varios dueños han desalojado a los inquilinos sin respetar el debido proceso, manifiesta Cerrud; pero su labor de salvaguardar el patrimonio seguirá. El 1 de febrero de 2015, se pondrá sobre la mesa el estatus del Casco Antiguo de Panamá en la Asamblea del Comité de Patrimonio Mundial.