Solicitan que ayuda económica también llegue a las trabajadoras sexuales

“Acceso a esquemas nacionales de protección social para trabajadores sexuales, incluidos esquemas de apoyo a los ingresos. Una barrera inmediata entre los servicios de salud y las autoridades de inmigración para garantizar que las trabajadoras sexuales migrantes puedan acceder a los servicios de salud” son algunas de las medidas “inmediatas y críticas” que la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP por sus siglas en inglés) y Onusida aconsejan a los países para garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales durante la pandemia de COVID-19.

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones aseguran que la pandemia de COVID-19, al igual que otras crisis de salud, expone las desigualdades existentes y afecta desproporcionadamente a las personas ya criminalizadas, marginadas y que viven en situaciones financieras precarias, a menudo fuera de los mecanismos de protección social.

Durante estos tiempos difíciles, la NSWP y ONUSIDA desean llamar la atención sobre las dificultades y preocupaciones particulares que enfrentan las trabajadoras sexuales en el mundo.

Como resultado de la pandemia de COVID-19, las trabajadoras sexuales en todo el mundo están experimentando dificultades, "una pérdida total de ingresos y una mayor discriminación y acoso". "La criminalización de varios aspectos del trabajo sexual en la mayoría de los países sirve para magnificar la ya precaria situación de las trabajadoras sexuales en la economía informal", recoge el documento.

Las organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales de todas las regiones informan que no tienen acceso a los esquemas nacionales de protección social y están excluidas de las medidas de protección social de emergencia que se están implementando para otros trabajadores, particularmente donde el trabajo sexual está criminalizado. "Siempre que sea posible, las trabajadoras sexuales se auto aíslan responsablemente en respuesta a los llamados de los gobiernos. Sin embargo, cuando están excluidas de las respuestas de protección social de COVID-19, se enfrentan a poner su seguridad, su salud y sus vidas en mayor riesgo solo para sobrevivir".

Entrevistado por La Estrella de Panamá Eduardo Batista, oficial de comunicación de Onusida para América Latina y el Caribe asegura que la organización ha tomado medidas ante la situación sanitaria mundial. "Todas las oficinas de Onusida a nivel mundial están actualmente trabajando en formato teletrabajo. En algunos casos, la organización ha proveído material de protección como guantes, gel alcoholado y mascarillas a los colaboradores y sus familias. Onusida continúa trabajando como regularmente lo ha hecho, llevando las lecciones aprendidas de 40 años de la respuesta al VIH y al Sida".

Según Batista la organización hace esfuerzos para empoderar a las comunidades y que estas diseñen sus planes de protección y sean parte de la respuesta al COVID-19 sin dejar de defender los derechos de las personas que viven con VIH de acceso a sus medicamentos antirretrovirales, y atención médica de calidad.

NSWP y ONUSIDA también están preocupadas por los informes de represiones punitivas contra las trabajadoras sexuales, que resultan en allanamientos de casas, pruebas obligatorias de COVID-19, arresto y amenaza de deportación de trabajadoras sexuales migrantes, por lo que propone a los países diversas medidas, según explican, basadas en principios de derechos humanos, para proteger la salud y los derechos de las trabajadoras sexuales:

• Apoyo financiero de emergencia para las trabajadoras sexuales que enfrentan la indigencia, en particular los migrantes que no pueden acceder al apoyo financiero basado en la residencia.

• El fin inmediato de los desalojos y el acceso a viviendas de emergencia apropiadas para trabajadoras sexuales sin hogar.

• Detener las redadas en los hogares de las trabajadoras sexuales y los locales de trabajo sexual y garantizar que todas las medidas para proteger la salud pública sean proporcionadas.

• Un cese inmediato de los arrestos y enjuiciamientos por actividades relacionadas con el trabajo sexual, alejándose de las medidas punitivas y la criminalización para llegar y servir a los más necesitados.

• El fin inmediato del uso del derecho penal para hacer cumplir las restricciones relacionadas con la COVID-19, incluidas las pruebas forzadas de COVID-19 y los enjuiciamientos relacionados.

• Las extensiones automáticas en las visas debido a su expiración a medida que se ajustan las restricciones de viaje. Los sistemas de detención de inmigrantes deben apoyar a los detenidos en alojamientos seguros.

• La participación de las comunidades de trabajadoras sexuales en las respuestas: la participación significativa de organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales en grupos de planificación de salud pública de emergencia.

COVID-19 es una enfermedad grave y todas las personas que viven con el VIH deben tomar todas las medidas preventivas recomendadas para minimizar la exposición y prevenir la infección por el virus que causa COVID-19. “Al igual que en la población general, las personas mayores que viven con el VIH o las personas que viven con el VIH con problemas cardíacos o pulmonares pueden tener un mayor riesgo de infectarse con el virus y sufrir síntomas más graves. Todas las personas que viven con el VIH deben dirigirse a sus proveedores de atención de la salud para asegurarse de que disponen de reservas adecuadas de medicamentos esenciales”, recoge la página web onisidalac.org.