Leyes urgentes para blindar la desigualdad

Panamá presenta actualmente dos realidades económico-sociales altamente preocupantes que requieren medidas urgentes de carácter estructural. Por un lado, el evidente aumento del desempleo con una gran disparidad entre las franjas geográficas del país. Y por otro, un desarrollo económico desigual entre las diez provincias y la consiguiente disparidad de la distribución del ingreso nacional, alcanzando algunas de ellas niveles de bajos ingresos y extrema pobreza.

Tan sólo Panamá y Chiriquí representan más del 80% de la producción total nacional y superan el ingreso per cápita promedio nacional. Ambos factores conjugados, además de la alta informalidad y baja escolaridad técnica, alcanzan en todas las provincias niveles desesperantes y socialmente explosivos.

Por tanto, es imprescindible resolver la desigualdad económica nacional alentando la inversión mediante el estímulo a la generación de puestos de trabajo. Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hemos insistido por años para que los diputados de la Asamblea Nacional crean leyes de incentivo a la producción y el desarrollo nacional, que de implementarse permitirían contar con instrumentos útiles para solucionar estos graves problemas.

Estas leyes tendrían criterios serios de asignación de recursos como el ingreso per cápita, la tasa de desempleo y el índice de necesidades básicas insatisfechas, aspectos fundamentales para estimular la competitividad y crear empleos en las provincias y ciudades más rezagadas del país.

Estas leyes, a diferencia de los famosos programas de 120 para los 70 y demás subsidios a la vagancia, favorecerían el crecimiento económico a lo largo y ancho del país, alentarían la inversión y la creación de empleo, bajarían el costo social de la ociosidad y eliminarían el derroche con los dineros del presupuesto del Estado.

Si bien estas leyes serían compatibles con los acuerdos y tratados de promoción comercial, la principal ventaja es que tienen un mayor alcance productivo en todo el país, en particular porque llegarían a las zonas más postergadas. Igualmente, comprenderían todos los sectores de la actividad económica como el agro, industria, construcción, logística, energía, medio ambiente, turismo y tecnología.

El resultado estimado de una ley de incentivos para la producción y desarrollo nacional indica, por ejemplo, si se realizara una inversión fiscal anual de $500 millones, esto redundaría en una creación anual estimada de 50 mil nuevos puestos de trabajo, de $1,000 de salario promedio, y en un incremento anual estimado del PIB de 2.5% ($100 millones).

En tanto, el resultado fiscal sería ligeramente positivo, pues se recuperarían $25 millones en concepto de aumento inducido de la recaudación de ITBMS e impuestos sobre la renta. Y por supuesto la recaudación colateral por el correspondiente aumento en el consumo agregado.

Leyes de este tipo son completamente diferentes a los viejos esquemas de protección industrial, que distorsionaron el mercado, afectaron la competitividad y crearon focos de privilegios. Aquí lo que se estimula es el factor trabajo y no se subsidia la rentabilidad de las empresas, ni se crean exenciones ni tasas impositivas especiales.

En síntesis, serían una propuesta necesaria, justa, simple y directamente enfocada a premiar la contratación de mano de obra y el valor agregado.

El impacto fiscal neto se balancearía y adicionalmente el propio mecanismo de otorgamiento de los beneficios previstos proveería la información necesaria para una precisa evaluación económica y una detallada auditoría del régimen de promoción del desarrollo nacional.

Y no habría excusas que no hay dinero porque de acuerdo a las últimas vistas realizadas por distintas instituciones para el presupuesto general del Estado del 2016 observamos un sinnúmero de programas de meras entrega de cheques, medidas totalmente antieconómicas y que distorsionan la competitividad y productividad del país, que perfectamente pudieran reemplazarse por mecanismos de incentivos a la producción y el desarrollo nacional.

Las autoridades en general y los diputados en particular debieran tener mayor creatividad en sus esfuerzos de crear leyes que blinden al país contra la pobreza y unan el interior de la República con su capital y cerrar así la brecha de inequidades que existen desde hace décadas. Es lamentable que los supuestos honorables malgastan su tiempo en mantener sus privilegios en vez de legislar para convertir al sector agropecuario en pieza elemental de una política de Estado a largo plazo que involucre la inversión de tecnología, infraestructura y recursos humanos para la mejora de la productividad rural.

La amenaza de que el PIB siga en caída y el desempleo siga en ascenso no admite más demora y requiere medidas integrales para todo el país. La ociosidad y la pobreza tienen, específicamente, una dimensión económica además de constituir un grave problema social. Insistimos que las soluciones asistenciales, como los programas de entrega de cheques de 120 para los 70, deben replantearse porque no son soluciones permanentes para los problemas básicos que afectan a los panameños.

Sin puestos de trabajo y sin oportunidades para generar riqueza, la ayuda social de un gobierno nunca bastará para producir beneficios duraderos. Por ello un desarrollo económico más equilibrado es vital para el país y, además, la integración social y territorial son condiciones necesarias para la cohesión nacional. Esto lo han entendido en muchos países de ingresos medios y altos que han atacado estos problemas con políticas económicas, alentando la inversión mediante el estímulo a la generación de empleo.

EMPRESARIO

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Es imprescindible resolver la desigualdad económica nacional alentando la inversión mediante el estímulo a la generación de puestos de trabajo a través de la legislación.